Este mes de julio se conmemoran dos aniversarios que quedaron marcados a fuego en la memoria colectiva de los españoles: la liberación de José Antonio Ortega Lara tras un largo secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Probablemente sean los dos casos más conocidos del largo historial de víctimas de ETA. La banda terrorista cambió para siempre la historia de España, dejando un reguero de dolor y sangre: 7.265 víctimas, entre ellas 864 asesinados.
La primera víctima mortal de la banda terrorista fue el guardia civil José Pardines Arcay, asesinado el 7 de junio de 1968. El último atentado de ETA en España se produjo el 30 de julio de 2009. Entonces, una bomba-lapa colocada en los bajos de un coche de la Guardia Civil acabó con la vida de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, dos jóvenes agentes de la benemérita.
Doce años desde el último atentado. Poco más de una década. Sin embargo, una amnesia social se ha impuesto en buena parte de la población y parece que ha pasado una eternidad. Nadie recuerda ya a ETA. Es un debate oculto. Como si el terrorismo nunca hubiera existido, pretenden hacernos pasar página de unos de los episodios más dolorosos de la historia de España.
El conjunto de la sociedad no parece preocupado por las constantes humillaciones que sufren las víctimas y muchos tal vez ni sepan que todavía quedan más de 300 crímenes de la banda terrorista por resolver. ETA ha desaparecido del imaginario colectivo a una velocidad muy rápida. Excesivamente rápida.
Víctimas del olvido
Este desconocimiento de la historia de ETA resulta todavía más preocupante, a la vez que desolador, entre los más jóvenes. Según una encuesta de GAD3 publicada a finales de 2020, el 60% de los jóvenes encuestados no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Esa encuesta viene a decir que las generaciones más jóvenes ignoran la historia más reciente de España. Dicho sondeo arrojó otro dato escalofriante: siete de cada 10 españoles ya no recuerdan la figura de Ortega Lara. Sin duda, unos datos que invitan a la reflexión, pues causa un tremendo desasosiego ver cómo hemos olvidado a dos referentes morales que deberían ser faro para todos los españoles de bien.
Uno de los supervivientes del Holocausto, Primo Levi, escribió: “lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también”. Y es precisamente por eso por lo que tenemos que mantener viva la memoria de las víctimas. Es el mejor antídoto contra el odio.
¿Pero cómo hemos llegado a esta situación tan desoladora? ¿Por qué hemos permitido con una pasividad pasmosa este indigno final? Probablemente sea el resultado de un conjunto de circunstancias y sucesos, unidos a la falta de voluntad política. Lo cierto es que las víctimas del terrorismo han pasado a ser víctimas del olvido. Para entender algo más la situación actual, tendríamos que trasladarlos en primer lugar al año 2004. Fue entonces cuando comenzó todo.
Ese año, gracias a la política antiterrorista del gobierno de Aznar, ETA se encontraba en una situación muy delicada, al borde de la aniquilación y de la muerte por asfixia. Todo ello sin una sola concesión y con Batasuna ilegalizada.
El mal llamado “proceso de paz”
Aquella situación de debilidad en la que se encontraban los terroristas cambió radicalmente con la llegada de los socialistas al poder. Sin duda, la victoria de Zapatero fue todo un balón de oxígeno para ETA. Con él comenzó el conocido como “proceso de paz”, que no era nada más que la concesión de beneficios a la banda terrorista a cambio de que abandonasen la actividad terrorista. Aquel proceso consistió en evitar detenciones, dar salida a determinados presos o permitir la presencia del brazo político de ETA en las instituciones. En definitiva, el proceso de paz fue una mentira construida en base a la indignidad y la miseria moral más absoluta.
Probablemente uno de los episodios más nauseabundos y escandalosos de aquel proceso fue el famoso chivatazo a ETA en el bar Faisán. En 2006, dos policías nacionales avisaron a los etarras de una redada, impidiendo así el éxito de la operación. Aquel hecho supuso otra bombona de oxigeno más para ETA, pues evitó la caída de la red de extorsión de ETA.
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones anexionar Navarra al País Vasco, legalizar su brazo político, derogar la Doctrina Parot y solucionar su financiación a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión. Así queda acreditado en las actas de la banda terrorista que han sido publicadas recientemente.
Uno de los días más infames de nuestra historia democrática fue el 5 de mayo de 2011, cuando el Tribunal Constitucional legalizó el brazo político de ETA, permitiéndoles así concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de ese mismo año. Dos días antes, el Tribunal Supremo había rechazado de forma tajante la legalización de la formación abertzale, considerando que Bildu era un partido formado por testaferros de ETA. Para muchos juristas de acreditada experiencia, aquel hecho fue un claro ejercicio de extralimitación de funciones por parte del TC, invadiendo, además, las competencias del Supremo, que es quien tiene potestad para ilegalizar o no partidos políticos. Sin duda, aquella sentencia merece un puesto destacado en la historia española de la infamia.
A nadie se le escapa que el Tribunal Constitucional actúa más como un organismo político que como un garante del cumplimiento de la Carta Magna. De hecho, fueron seis de los siete magistrados propuestos por el PSOE los que votaron a favor de la legalización de Bildu.
