Era cuestión de tiempo. Después de la auditoria electoral del condado de Maricopa, en Arizona, que sirvió para encontrar 57.764 votos fraudulentos de los más de 2,1 millones revisados, casi un centenar de miembros de las cámaras de representantes estatales de todo el país exigen un análisis forense de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en los 50 estados.
Lo han hecho a través de una carta “de los legisladores estatales al pueblo estadounidense”, firmada exactamente por 92 diputados y senadores.
“Investidos con plenos poderes por nuestra Constitución para supervisar la elección del presidente de los Estados Unidos —exponen—, ha venido a nuestra atención de una auditoría de 2,1 millones de papeletas en Arizona, complementada con un escrutinio en profundidad de los votos, a través de múltiples revisiones de diferentes datos de la votación por parte de expertos independientes, que nuestra república representativa sufrió unas elecciones corruptas en 2020».
Era de espera que la auditoría de Maricopa trajera consecuencias y, aunque aún es improbable que se descertifiquen las elecciones siquiera en el estado de Arizona ni en el propio condado, sus resultados suponen un potente argumento para exigir nuevas revisiones en otros estados, no sólo en aquellos donde el 3 de noviembre se dieron recuentos extraños.
Los propios legisladores cuentan en su carta que la hacen pública “después de que la auditoría forense del condado de Maricopa de Arizona revelara miles de discrepancias y problemas con los formularios de votación EV32 y EV33, junto con una serie de otros problemas serios de integridad electoral”.
A partir de esos hallazgos, señalan de manera literal que “el número de votantes en las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Maricopa, Arizona, sin registro de su existencia supera con creces el margen de victoria que supuestamente logró Joe Biden el año pasado, ejerciendo así una inmensa presión sobre la presidente del Senado de Arizona, Karen Fann, para tomar medidas y actuar para descertificar los resultados de las elecciones de 2020, ya que los verdaderos resultados de la contienda política de 2020 parecen ser desconocidos”.
“Hemos llegado a la conclusión de que los 50 estados deben ser auditados. Las listas de votantes deben limpiarse con un escrutinio de los electores para garantizar la integridad futura de nuestras elecciones”, prosiguen los legisladores. “Si los resultados de estas medidas prueban que se llevó a cabo una elección inexacta, como se ha demostrado en Arizona y se está observando en otros muchos estados, entonces está claro que la certificación de numerosos miembros del Colegio Electoral se entregó incorrectamente”.
Además de pedir una auditoría, los representantes proponen el mecanismo constitucional para revertir el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre: “Si se demuestra que Joe Biden obtuvo menos de 270 votos para el Colegio Electoral o que Donald Trump recibió más de 270, entonces pediremos que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se reúna y vote según la Constitución. Un voto por estado para decidir el ganador legítimo de las elecciones, de acuerdo con el proceso constitucional de elección de electores”.
Tenga éxito o no esta petición —seguramente lo tendrá en algunos lugares, además de los condados de Texas, Wisconsin y Pensilvania donde ya se ha anunciado que habrá auditorías— a estas alturas, las auditorías han de tener dos efectos principales: de un lado extender y reforzar la conciencia de que las del 3 de noviembre no fueron unas elecciones limpias, normales. De otro, propiciar la modificación de las leyes electorales estatales hacia normas que garanticen la transparencia y la fiabilidad de las votaciones. En definitiva, los derechos de los estadounidenses.
