Al concluir la audiencia en la que fuero presentados los resultados de la auditoría forense, los legisladores republicanos de Arizona, que son mayoría, se apresuraron en compartir una carta abierta «a los ciudadanos de los Estados Unidos» en la que, haciendo uso de sus poderes legales de supervisión de las elecciones presidenciales, expusieron su posición: «nuestra república representativa sufrió unas elecciones corruptas en 2020». Y su conclusión: «los 50 estados deben ser auditados».
Y no cayó en saco roto: después de darse a conocer la carta de los representantes republicanos de Arizona, la oficina del secretario de estado de Texas comunicaba que se llevará a cabo una auditoría forense de las elecciones de 2020 en cuatro condados, entre ellos en Dallas, una de las ciudades más pobladas de todo el país, donde Biden también se impuso por un pequeño margen. Y en los estados de Wisconsin y Pensilvania, donde la madrugada del 3 al 4 de noviembre se registraron repentinas variaciones en el recuento.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, emitió un comunicado en el que aseguró estar preparado para «tomar todas las acciones necesarias» en respuesta a lo mostrado por la auditoría y a la posición de los legisladores. «Los arizonianos merecen que sus votos sean contados y protegidos con precisión».
Donald Trump tampoco tardón en raccionar: «¡Grandes hallazgos en Arizona! Sin embargo, los medios de fake news ya están tratando de dar por vencedor nuevamente por Biden antes de mirar los hechos, ¡tal como hicieron en noviembre! ¡La auditoría ha descubierto evidencia significativa e innegable de FRAUDE!». Así fue, horas antes de comenzar el acto en el Senado de Arizona, ya podían leerse noticias en los medios de siempre (El País entre ellos) aseverando que, a pesar de la auditoría, Biden seguía teniendo más votos, como si todo hubiese consistido en recontar lo ya contado y no en evaluar lo que efectivamente se contó.
Es de esperar que no ocurra ninguna hecatombe, que no se descertifiquen las elecciones, tal vez siquiera en el estado de Arizona ni en el condado de Maricopa. A estas alturas, las auditorías han de tener dos efectos principales: de un lado extender y reforzar la conciencia de que las del 3 de noviembre no fueron unas elecciones limpias, normales. De otro, propiciar la modificación de las leyes electorales estatales hacia normas que garanticen la transparencia y la fiabilidad de las votaciones. En definitiva, los derechos de los estadounidenses.
En apenas un año se celebrarán unas nuevas elecciones casi tan determinantes como las de 2020, las Midterm, en las que serán renovadas las cámaras de Washington y elegidos la mayoría de los gobernadores estatales. Para entonces es más que previsible que la imagen de Biden, si continúa en la Casa Blanca, esté evidentemente dañada —aún más— y que, si todo fuera medio normal, tuviera un claro reflejo en los resultados. Para ello es clave que el proceso, entonces sí, sea democrático.
