El pasado 28 de octubre se cumplieron 40 años de la histórica victoria del PSOE en 1982. Aquel día Felipe González consiguió la mayoría absoluta más amplia de la historia democrática: 202 escaños y un 48,11% de los votos. Con motivo de este aniversario, son muchos los periodistas y analistas de diverso signo los que han aprovechado para ensalzar la figura del ex líder socialista. No es algo nuevo. Durante años, las élites periodísticas y políticas han ido edulcorando la figura del sevillano, hasta el punto de elevarlo casi a la categoría de héroe nacional. Algo así como un Winston Churchill español.
Desde estadista hasta modernizador, pasando por moderado, son algunos de los epítetos que le han regalado en los últimos años los medios de comunicación y partidos de distinta ideología. Lo cierto es que estas columnas panegíricas demuestran que en España tenemos una memoria frágil. Muy frágil. A favor de Felipe González juega que Zapatero y Sánchez han sido dos desastres para España. Pero si uno echa la vista atrás puede comprobar que la figura de González dista mucho de lo que en la actualidad nos quieren vender sus defensores.
Para empezar, es falsa la imagen de centrista y de hombre de Estado que se intenta dar del sevillano. Es cierto que participó en la elaboración de la Constitución y en los Pactos de la Moncloa. Pero es que no se podía esperar otra cosa de quien fue coronado por los españoles como líder de la oposición en las primeras elecciones de 1977.
Una vez acabada la época de los pactos llevó a cabo una oposición feroz e implacable contra el gobierno de Adolfo Suarez. Tanto, que llegó a presentar una moción de censura a sabiendas de que no prosperaría. Era la época en la que UCD estaba en plena descomposición y Felipe había olido la sangre. Le importó poco la situación de debilidad que vivía el país, con ETA asesinando cada día, una crisis económica enorme y con rumores de conspiraciones militares por todas las esquinas. Él únicamente quería tocar poder.
Tampoco dudó en utilizar la entrada de España en la OTAN como ariete contra el gobierno de UCD, apoyando manifestaciones masivas contra la entrada de España en la Alianza Atlántica. Tras tocar el poder se convirtió en el mayor defensor de la alianza. Hace unos días ya nos dejó claro que para él la verdad es irrelevante. Pero no deja de ser sorprendente que sea considerado hombre de Estado quien únicamente buscaba por todos los medios la caída de Suárez, aunque para ello tuviese que oponerse a una decisión tan trascendental para España como era la entrada en la OTAN.
Tras la consolidación de la nueva era, González tenía la misión de profundizar las reformas democráticas para colocar a España al mismo nivel que las democracias más consolidadas del mundo. Muy al contrario, fue durante su primer gobierno cuando se aprobó el actual modelo de elección del CGPJ, dinamitando así la separación de poderes y comenzando la erosión de las instituciones del Estado. «Montesquieu ha muerto», llegó a decir el por entonces sabueso del presidente, Alfonso Guerra. Todavía hoy padecemos los efectos de aquella nefasta decisión.
El caso del CGPJ no fue un hecho aislado. Durante todo el mandato de González las instituciones democráticas sufrieron una grave erosión debido a la politización y a esa insana costumbre del PSOE de parasitar hasta el último resquicio de los aparatos del Estado.
Corrupción
Pero si por algo se caracterizaron los años de gobierno de Felipe González fue por los continuos casos de corrupción. Juan Guerra, Filesa, Cruz Roja, Mariano Rubio o Roldán fueron algunos de los nombres que provocaron durante años bochorno y vergüenza en la sociedad española. La lista es mucho más larga. En esa época hasta la directora del BOE terminó en prisión. Por eso es imposible abarcar con detalle todos los casos en estas líneas.
En 1991, el diario El Mundo publicó que el partido socialista había montado un entramado de empresas para financiarse (Malesa, Filesa, Time Export). A estas sociedades, numerosos bancos y grandes empresas pagaban enormes cantidades de dinero por informes y servicios inexistentes. Ese dinero, como más tarde acreditaría la justicia, servía para financiar actos de distintas campañas electorales. Todo ello sin pasar por la contabilidad del PSOE, claro.
Dejando a un lado la gravedad del hecho en sí, en aquel episodio el PSOE volvió a demostrar su escaso talante democrático. Buena cuenta de ello pudo dar Marino Barbero, juez instructor del caso Filesa. El magistrado sufrió una campaña de acoso y derribo que no tenía precedentes en la historia reciente. Se encontró con toda clase de obstáculos durante la investigación. Especialmente lamentable fue el papel del Tribunal de Cuentas, que se negó en todo momento a facilitar la contabilidad completa del PSOE, por lo que el juez tuvo que ordenar el registro de la sede de la calle Ferraz. Una prueba más del concepto patrimonial del Estado que está presente en las filas socialistas.
La campaña de desprestigio llegó a tal punto que el hoy también venerado Rodríguez Ibarra llegó a comparar al juez Barbero con ETA. Ante tanto ataque indiscriminado, el magistrado pidió el amparo del CGPJ, que en ese momento estaba controlado por una mayoría afín a los socialistas. El CGPJ negó el amparo a Barbero, lo que provocó que el magistrado decidiera abandonar la instrucción del caso Filesa y la carrera judicial de forma permanente.
También fue bochornoso el papel del fiscal general del Estado, Eligio Hernández. Durante toda la instrucción, el fiscal presentó recursos de manera sistemática contra todas las diligencias ordenadas por el juez Barbero, obstaculizando así la investigación judicial. Hernández había sido nombrado en el 82 gobernador civil de Tenerife y después delegado del gobierno en Canarias. Ergo tenía carnet del PSOE, por lo que carecía de toda imparcialidad. En junio de 1994, Tribunal Supremo declaró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. Cuando Sánchez nombró para el mismo puesto a Dolores Delgado debió pensar que él no estaba inventado nada nuevo.
Uno de los mayores escándalos lo protagonizó el por entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán. En 1993 el periódico Diario 16 destapó que el que fuese el primer civil al mando de la benemérita había aumentado su patrimonio en más de 1.700 millones de pesetas. En los meses posteriores, se publicó que Roldán había cobrado comisiones de las reparaciones en las casas cuartel, así como sobresueldos con dinero proveniente de los Fondos Reservados.
Roldán huyó de España en abril de 1994, lo que provocó la dimisión del entonces Ministro del Interior, Antonio Asunción. Durante el año que estuvo fuera de España, se produjo un goteo incesante de noticias sobre su enriquecimiento personal, saliendo a la luz incluso fotografías de Roldán protagonizando escenas propias de una película de Pajares y Esteso. Finalmente, fue condenado 31 años de prisión. El caso Roldán demostró que el PSOE utilizó durante años el dinero de los Fondos Reservados a su antojo y para fines muy distintos a los que estaban previsto.
Terrorismo de Estado
Pese a todo lo anterior, uno de los asuntos más tenebrosos que sobrevoló toda la etapa de Felipe González fue el caso GAL, que terminaría estallando con toda su virulencia en 1995. Tras varios años en prisión, los policías Amedo y Domínguez decidieron que era hora de tirar de la manta, e involucraron a varios altos cargos del gobierno y al ministro del Interior, José Barrionuevo, en la financiación de los GAL y organización del secuestro del Segundo Marey. Como años más tarde acreditaría el Tribunal Supremo, desde el gobierno de la nación se organizaron y financiaron actividades de terrorismo de Estado, con 27 asesinatos y varios secuestros. Finalmente, el ministro del interior José Barrionuevo terminaría en prisión por el caso GAL. El primer ministro de la historia democrática en entrar en prisión.
Hay quien dice que el caso GAL es una sombra más. Desde luego es una práctica incompatible con el Estado de Derecho y con una democracia. Y no tengo la menor duda de que si llega a producirse durante un gobierno de derechas, esa «sombra» estaría por encima de cualquier otra consideración.
Otro escándalo que zarandeó a la España de primera mitad de los 90 fueron las famosas escuchas del CESID. En 1995 el diario El Mundo publicó que el CESID, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, llevaba 10 años espiando ilegalmente a empresarios, políticos, periodistas y jueces. Incluso el propio Rey Juan Carlos se encontraba en la larga lista de espiados. Como se puede comprobar, durante el mandato de Felipe González se realizaron actividades más propias de un estado policial que de una democracia moderna. A esas alturas el panorama político desprendía un olor a podredumbre que empezaba la sociedad española.
El primero en dimitir fue el responsable directo del espionaje, el teniente general Emilio Alonso Manglano, director general del CESID. Después lo siguieron el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el entonces vicepresidente, Narcís Serra.
Crisis económica
Tampoco en el terreno económico brilló Felipe González. A finales de su mandato España registraba niveles de desempleo desconocidos hasta entonces, con una tasa de paro por encima del 20%. A eso hay que sumarle una deuda pública de casi del 70% del PIB, un déficit público del 6% y una Seguridad Social en quiebra.
Con todo lo anterior, resulta incomprensible la narrativa edulcorada de la figura de Felipe González que vemos estos días. Probablemente haría cosas bien, claro, pero la lista de escándalos es tan grande que ensombrece cualquier aspecto positivo. En cualquier país del mundo, alguien con ese historial político estaría condenado al ostracismo. En España lo elevamos a los cielos.
