Las pasadas elecciones en los Estados Unidos, que se saldaron con la llegada de Biden a la Casa Blanca, estuvieron envueltas en una enorme polémica, con acusaciones de fraude y manipulación por parte del equipo de Trump. Desde entonces, se ha hablado mucho sobre si existe realmente la posibilidad de producirse un fraude electoral en cualquier democracia occidental. Si bien parece una posibilidad bastante remota, el debate está ahí.

¿Ha ocurrido alguna vez algo similar en España? Aunque no es posible afirmar tal cosa, en nuestra actual democracia ocurrió un episodio que puede invitar a la sospecha y que seguramente desconocen la mayoría de los lectores. Hablo de las elecciones generales de 1989, en plena época dorada del felipismo.

Para poner al lector en contexto, es necesario recordar que Felipe González venía disfrutando desde su llegada a Moncloa de una mayoría muy holgada. En 1982, el sevillano consiguió la mayoría absoluta más impresionante de la historia democrática, con 202 escaños; en 1986, consiguió revalidar la mayoría absoluta con 184 diputados.

Cuando las bases del PSOE criticaban al partido

Durante esos años, fueron muchos los que acusaron al gobierno de actuar de forma despótica y prepotente. Las mayores críticas llegaron desde los sindicatos, concretamente desde la UGT, el sindicato hermano del PSOE. Sonadas fueron las críticas de Nicolás Redondo al gobierno encabezado por Felipe González. El histórico sindicalista acusó al PSOE de haberse «derechizado» y de haber adoptado políticas económicas neoliberales, muy alejadas de las ideas del partido.

Ciertamente, desde la llegada al gobierno, la relación del ejecutivo socialista con su base sociológica se había deteriorado bastante. La reconversión industrial, la actitud prepotente de algunos miembros del gabinete o la traición en el tema de la OTAN, provocaron una enorme indignación entre numerosos sectores de la izquierda. Lejos quedó aquel Felipe con chaqueta de pana que cantaba la internacional con el puño en alto.

Muy críticos con las reformas económicas del gobierno, los sindicatos convocaron una huelga general para finales de 1988. Aquella huelga, celebrada el 14 de diciembre, fue un rotundo éxito, coronándose como la huelga más secundada de la historia de la democracia. Aquel día se pararon en España hasta los relojes.

Tras el éxito abrumador de la huelga, fueron varios los ministros socialistas que advirtieron a Felipe González sobre la necesidad de convocar elecciones generales, para medir así el apoyo popular. Felipe se negó.

En 1989 le tocaba a España ocupar, por primera vez, la presidencia europea. Con motivo de tan excepcional acontecimiento, el jefe del ejecutivo no estaba dispuesto a trasladar una imagen de inestabilidad política a sus socios europeos. Finalmente, una vez concluida la presidencia europea, Felipe apretó el botón rojo; las elecciones serían el domingo 19 de octubre de 1989.

El riesgo real de perder el poder y las irregularidades electorales

Ciertamente, el riesgo de que el PSOE perdiese el poder era nulo. La oposición se encontraba en una situación caótica, con un joven Aznar que se estrenaba en el ruedo político nacional y una Izquierda Unida incapaz de encontrar un liderazgo sólido. La duda radicaba en si el partido del puño y la rosa conseguiría mantener la mayoría absoluta o no. No era poca cosa.

Al terminar la jornada, los socialistas respiraron aliviados: el PSOE obtuvo 176 escaños. Mayoría absoluta. La tercera de Felipe. Sin embargo, poco duró la buena nueva. Al día siguiente de celebrarse los comicios, las acusaciones de irregularidades se extendieron como la pólvora por diversos puntos de España. Así, se presentaron varias denuncias en Murcia, Pontevedra y Melilla.

El 1 de diciembre, con indicios más que suficientes, el TSJ de Murcia anuló los resultados electorales de la circunscripción electoral y ordenó repetir las elecciones en un plazo de tres meses.

Tres días más tarde, el 4 de diciembre, el TSJ de Galicia anuló las elecciones en la Provincia de Pontevedra, ordenando también que se repitieran los comicios. El tribunal afirmó en su fallo que existían «indicios vehementes» de que el escrutinio de la Junta Electoral Provincial había resultado erróneo. Concretamente, la invalidación de una mesa de Vigo condujo a restar 2.697 votos al PSOE (que se quedó con 136.213) y 301 al CDS (que quedó con 33.929). Ese mismo día, el TSJ de Andalucía anuló el resultado de las elecciones en Melilla. En total, 18 diputados electos quedaron inhabilitados para recoger sus actas de diputados.

El 5 de diciembre de 1989, Felipe González fue investido de nuevo presidente del gobierno. Aquel día acudieron al Congreso 332 diputados, en vez de los 350 habituales, debido a la anulación de los resultados electorales en Murcia, Pontevedra y Melilla.

Contrario a la repetición electoral en aquellas circunscripciones cuyos resultados habían sido anulados, el gobierno interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que no se repitiesen las elecciones. Entre las dos provincias y la ciudad autónoma, sumaban 18 escaños. Sin duda, era un número demasiado elevado de diputados como para andar jugando con fuego.

El día 19 de febrero de 1990, el Tribunal Constitucional revocó la decisión de repetir las elecciones en Pontevedra y Murcia. Por el contrario, en Melilla las irregularidades eran de tal magnitud que se hizo inevitable repetir las elecciones, tanto para el Congreso como para el Senado.

La única repetición de elecciones de nuestra democracia

La repetición electoral en la ciudad autónoma tuvo lugar el 25 de marzo de 1990, consiguiendo el PP en esta ocasión el escaño que estaba en juego. Así, el PSOE pasó de 176 diputados a 175; los populares pasaron de 106 escaños a 107. El PP arrebató al PSOE el escaño que éste había conseguido en las elecciones del 29 de octubre de 1989.

El día 5 de abril de 1990, Felipe González se sometió a una cuestión de confianza, estando ya presentes todos los diputados. Aunque tras la repetición electoral en Melilla el PSOE quedó por debajo de los deseados 176 escaños, lo cierto es que en la práctica contó con mayoría absoluta durante toda la legislatura, pues los diputados de Herri Batasuna no recogieron sus actas. Comenzaba así la legislatura en la que saldrían a la luz los primeros escándalos del felipismo, que todavía se mantenían ocultos.