La competencia siempre es buena y, en el ámbito fiscal, necesaria. Es deseable no sólo entre estados, sino también entre las distintas administraciones regionales dentro de un mismo país. Consiste en la pugna entre distintos entes políticos para ofrecer un clima fiscal más favorable que el de sus vecinos, con el fin de mantener a los ciudadanos y las empresas de su jurisdicción y atraer a los de otras.
Para entender el funcionamiento de esta dinámica conviene estudiarla como un caso de teoría de juegos. Imaginemos un país con 17 regiones distintas, cada una con un gobierno más o menos independiente. Inicialmente, todas ellas tienen un mismo sistema fiscal, establecen los mismos impuestos y cobran los mismos tipos impositivos. Si una región sube los impuestos, quizás inicialmente recaude más, pero después los ciudadanos y las empresas podrán marcharse a otra. Si una los baja, atraerá actividad económica del resto de regiones. La movilidad y la existencia de varias regiones con diferentes tributos impiden que un gobierno decida subir los impuestos para obtener más recursos que gastar a costa de sus súbditos, pues es consciente de que sus ciudadanos y empresas se irán y, en última instancia, quizá recaude menos. Para conseguir extraer más recursos de la sociedad sin sufrir las consecuencias, puede pedir o tratar de imponer al resto de regiones lo que se conoce como armonización fiscal, esto es, que todas ellas cobren los mismos impuestos. Así, los gobiernos regionales pueden aliarse en forma de cártel, acordando impuestos más altos conjuntamente y para todos, de tal modo que nadie pueda irse a otra región para evitar el expolio fiscal. En este caso, los ciudadanos son los principales perjudicados, pues no tienen forma de evitar la sangría fiscal. A veces, esta armonización fiscal se impone forzosamente por un ente superior, estatal o supraestatal.
A priori, todos los gobiernos tienen incentivos para coordinarse como si un cártel de la mafia se tratase. Sin embargo, también existen incentivos para lo contrario. Si, mientras todos estos entes políticos deciden aumentar los impuestos, uno de ellos decide abandonar esta estrategia y bajarlos, atraerá actividad económica, trabajadores, empresas y, en última instancia, recaudación del resto de regiones. Cuando esto sucede, se desencadena la competencia fiscal y, a la región que lidera el movimiento, le siguen otras —esto es lo que despectivamente se ha denominado como “a race to the bottom”. Aquí, los ciudadanos son los principales beneficiados: en general, pagarán menos impuestos en cualquier región, dado que todas ellas se verán obligadas a bajarlos; los gobiernos se ven obligados a competir ofreciendo los mejores servicios públicos de manera más eficiente. Además, los ciudadanos pueden elegir establecerse en aquella jurisdicción cuyo modelo se alinee más con sus intereses: algunos preferirán vivir en lugares donde haya impuestos más elevados a cambio de un mayor grado de cobertura pública, otros preferirán irse a una región donde la factura fiscal sea menor a pesar de tener que costearse ciertos servicios ellos mismos, haciendo ejercicio de lo que se ha llamado en la literatura económica votar con los pies.
En suma, la competencia económica permite a los ciudadanos vivir en aquellas jurisdicciones cuyo sistema de ingresos y gastos públicos más se adapte a sus preferencias, obliga a los gobiernos a ser eficientes en la gestión de los servicios públicos y, en el conjunto global, impulsa a la baja los impuestos. Por todo lo anterior la competencia fiscal es tan importante.
Índice Autonómico de Competencia Fiscal
En el caso de España, a pesar de los intentos de armonización por parte del gobierno central y de algunas comunidades autónomas, la competencia fiscal es elevada. Así, las comunidades autónomas tienen cedidos —completa o parcialmente— varios tributos (IRPF, sucesiones, patrimonio, etc.), además de poder crear impuestos propios. ¿Cuál de ellas, pues, tiene el sistema fiscal más competitivo?
Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2021, elaborado por Cristina Enache y publicado por la Fundación para el avance de la Libertad y la Tax Foundation, la Comunidad de Madrid presenta el sistema tributario más competitivo de todas las comunidades autónomas. Le siguen las tres provincias vascas y, en quinta posición, Canarias.
Este estudio evalúa la fiscalidad de las comunidades autónomas en base a cinco figuras impositivas: impuesto sobre la renta, impuesto sobre patrimonio, impuesto sobre sucesiones, impuesto sobre donaciones e impuestos propios. A partir de estos tributos, elabora un ranking con una puntuación global para cada autonomía.
Así, Madrid destaca por obtener una buena calificación en todos los tributos. Cataluña y la Comunidad Valenciana, por su parte, se encuentran entre las peores comunidades autónomas en casi todos los impuestos analizados, de ahí que su posición en el ranking global sean la última y la penúltima, respectivamente. Los resultados van en línea con el informe del Día de la Liberación Fiscal 2021 que publicamos en la Fundación Civismo.
De este estudio, importante para entender el desempeño de los gobiernos autonómicos, podemos extraer algunas lecciones sobre la competitividad fiscal en España. En primer lugar, nos ayuda a entender la polémica en la que estamos inmersos desde hace años acerca del sistema tributario de la Comunidad de Madrid. Que los gobiernos de Cataluña y la Comunidad Valenciana sean los más favorables a la armonización fiscal y a subir los impuestos a los madrileños no es baladí. Estas dos regiones, a pesar de tener sistemas fiscales particularmente extractivos —Cataluña, por ejemplo, cuenta con 15 impuestos propios frente a los próximamente cero de Madrid— recaudan menos que la Comunidad de Madrid en algunos impuestos, a la que echan la culpa de robarle empresas y contribuyentes y acusan de “dumping fiscal” —un término, por otra parte, inventado por ellos mismos.
Siguiendo la teoría expuesta al inicio del artículo, estas comunidades tratan de expoliar a sus ciudadanos, pero se encuentran con que otras con impuestos más bajos se lo dificultan de manera indirecta. Por otro lado, es posible encontrar una relación entre el mejor desempeño económico de la Comunidad de Madrid en los últimos años respecto a otras regiones y su clima fiscal más favorable. Además, y de acuerdo con la teoría económica, revela como Madrid ejerce una fuerza positiva sobre la fiscalidad nacional: obliga a competir a otras comunidades autónomas con ella, ejerciendo una presión a la baja sobre los impuestos en todo el país, con los beneficios que eso conlleva para familias y empresas. Por esto, debemos defender la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas y permitir su ejercicio, frente a aquellos que reclaman la intervención central y la armonización fiscal.
