En medio de una crisis que ha destruido cientos de miles de empleos, con un déficit público desbocado, una deuda pública que alcanza récords históricos y un peso del Estado en la economía española nunca visto; el Ejecutivo está decidido a lanzar la mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la historia. Más de 30 mil puestos de trabajo cuyo coste desconocemos, pero que, indiscutiblemente, se financiarán a cargo de los contribuyentes.

La mayoría de los lectores estará de acuerdo en que cierto nivel de empleo público es necesario para proveer de algunos bienes y servicios a los ciudadanos. Dejo a elección de cada uno el determinar cuáles son esos servicios de interés general o qué es necesario que provea el Estado, pues no es objeto de este artículo. Sin embargo, este incremento de las plazas de empleo público no responde a ninguna necesidad concreta del Estado. Empero, la verdadera justificación es que el Estado debe garantizar todo tipo de bienes y servicios a cualquier coste. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía esta medida instando a “recuperar y restaurar lo público frente a los recortes del PP”.

Maquillaje

Este hecho, más bien, responde a dos necesidades del Gobierno. Por un lado, la necesidad de maquillar los datos de empleo. Ante la destrucción masiva de puestos de trabajo desde que comenzó la pandemia, el Ejecutivo pretende aliviar la situación creando empleos directamente, aunque no sean estrictamente necesarios. Este caso recuerda al planteado por Henry Hazlitt en su libro La economía en una lección: “Crear puestos de trabajo no por la necesidad de proveer un servicio o producir un bien concreto, sino por el mero hecho de dar empleo”. No se dan cuenta de que, cada euro que financie un empleo público no podrá financiar uno privado. Con la diferencia de que un empleo privado sí respondería a una necesidad real de los consumidores, mientras que el público corresponde a los designios de los legisladores.

Además, refuerza así el Gobierno la narrativa de que el único ente capaz de proveer empleo estable y de calidad es el Estado. Y ciertamente es capaz, a costa de los demás y hasta que la capacidad de mantener funcionarios improductivos a costa del sector privado se agota. Como dijo Fréderic Bastiat, “el Estado es la gran ficción donde todo el mundo trata de vivir a costa del resto”, “todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo”. Cada recurso que gasta el Estado ha sido previamente extraído del sector privado. Actualmente, existen en España más nóminas en el sector público (trabajadores públicos, pensionistas, etc.) que en el privado, y la diferencia no para de aumentar. Conforme más gente vive del Estado y menos para él, la situación es cada vez más insostenible. Las familias y las empresas soportan una presión fiscal cada vez mayor, que ahoga la productividad del sector privado.

Estado clientelar

En segundo lugar, la OPE se enmarca en la creación de un estado clientelar al más puro estilo argentino, obra en la que el Gobierno lleva años inmerso. Esto es, la compra de votos mediante el uso de los fondos públicos, generando colectivos dependientes y necesitados. El funcionariado es uno de esos grupos que el Ejecutivo pretende comprar y capitalizar electoralmente.

Para financiar el aumento del gasto que esta medida conlleva, el Gobierno anunció que los fondos europeos jugarán un papel clave, pues la oferta se enmarca en el plan para “modernizar la administración”. ¡Modernizar haciendo lo de siempre! Mientras países como la Italia de Mario Draghi propone aprovechar los fondos para reducir el número de empleados públicos, mejorar la eficiencia y transparencia dentro del sector público y agilizar y digitalizar la burocracia, España va en la dirección contraria. Comenzamos así a malgastar la oportunidad de reforma que los fondos europeos nos brindan.

Una de las grandes reformas que España necesita es la de la administración pública. Reducir el número de empleados públicos y el gasto del Estado es clave para liberar recursos y reducir la presión fiscal sobre las familias y las empresas. Esta última propuesta del ejecutivo profundiza en la dirección contraria, acercándonos al día en que el sector privado no pueda mantener al público.