El 1 de enero de 2021 el precio del megavatio/hora en el mercado mayorista español se situaba en los 42,51 euros. Según los datos de EP Data, el 16 de septiembre alcanzó su máximo histórico, 188,18 euros, y el último dato disponible, del 24 de septiembre, lo sitúa en los 172,27 euros. Esto supone, desde el inicio del año hasta ahora, un aumento de más del 340%. Es decir, el precio se ha multiplicado por más de cuatro. Si comparamos el precio actual con el que tenía hace exactamente un año, la diferencia es todavía más clara: a finales de septiembre de 2020, éste era de 39,72 euros, casi una quinta parte de lo que cuesta hoy.
Esta subida espectacular va de la mano de la escalada del precio del gas, que ha experimentado una evolución similar. Esto se debe a que, en buena medida, el gas natural se utiliza para producir electricidad. Por tanto, al aumentar su precio empuja al alza el de la electricidad.
En ambas gráficas podemos apreciar dos momentos clave. El primero, la espectacular y muy rápida subida de precios en enero a raíz del temporal de nieve Filomena. El segundo, el aumento paulatino y cada vez más intenso de los precios desde marzo hasta la actualidad, el cual el se espera que continue hasta la primavera de 2022. Así, estos aumentos se han visto reflejados en las facturas de las familias y empresas. Según los datos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la evolución de la factura media queda reflejada en el tercer gráfico.
Como vemos, los aumentos de los precios del gas y de la electricidad se han trasladado a la tarifa de la luz de aquellos que se acogen al sistema de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), unos 10 millones de usuarios. Las repercusiones para las familias y para las empresas son muy costosas. Conviene identificar a qué se debe el rally de precios para encontrar medidas factibles que puedan ayudar a los hogares a superar este sobrecoste.
¿A qué se debe este aumento de los precios?
Como en cualquier otro mercado, las variaciones en la oferta y la demanda de electricidad tienen un efecto sobre su precio. Cuando la demanda aumenta con especial intensidad es necesario poner en funcionamiento centrales eléctricas que estaban en desuso. Estas centrales generan electricidad a un coste mayor, lo que impulsa al alza el precio del mercado. En enero, Filomena provocó un incremento de la demanda de los hogares para combatir el frío, así como una reducción de la oferta al paralizar la generación solar y eólica de energía, lo que obligó al sector eléctrico a utilizar las reservas de gas y carbón, con el coste que conlleva.
En los últimos meses, las causas de oferta y demanda son también son varias. La demanda está aumentando debido a la recuperación económica, y ha registrado un incremento especial en los meses de verano, con la llegada de las altas temperaturas. A esto se le suman varias razones de oferta. La baja producción de la energía eólica en el noroeste de Europa ha incrementado la demanda de gas natural, haciendo subir su precio. Además, un incendio en una planta de gas siberiana (buena parte del gas natural que consume Europa se importa de Rusia) hizo que se redujeran los flujos con destino Europa, tensando su precio aún más. Ante la escasez y el elevado precio del gas, se ha incrementado la quema de carbón para sustituirlo, lo que ha disparado el precio de los premisos de emisión de CO2, el cual se traslada al de la electricidad y, en última instancia, a las facturas eléctricas.
Entre otras cosas, esta crisis ha destapado algunas carencias del mix energético español y ha recordado la conveniencia de la energía nuclear como fuente de energía limpia y barata. Aun así, debemos mencionar que el mercado de la electricidad es sumamente complejo y difícil de entender, y que las reformas por el lado de la oferta para mejorar el mix productivo y abaratar su coste requieren un tiempo de ejecución. Reducir el precio de la electricidad en el corto plazo es una misión prácticamente imposible.
¿Cómo reducir el coste para las familias?
La vía más rápida consiste en reducir el coste que pagan los usuarios finales vía reducciones de impuestos y costes regulados. Ya en junio, el Gobierno aprobó una rebaja temporal del IVA de la electricidad del 21% al 10%, nivel en el que se mantendrá hasta diciembre. Sin embargo, esta semana, los partidos del Gobierno votaron en el Senado en contra de mantener esta reducción durante más tiempo. ¿Por qué? Los impuestos sobre la electricidad generan ingresos fiscales a costa de las familias de los que el Gobierno no quiere prescindir. Además, Podemos siempre ha culpado del elevado precio de la electricidad a las empresas eléctricas y a los gobiernos del PP (cuando el precio era una tercera o cuarta parte al de ahora). El discurso del ejecutivo es precisamente, que este precio depende del oligopolio eléctrico y del mercado, y no del Estado… ¿Es esto cierto? Para comprobarlo debemos desglosar el precio pagan los usuarios en sus facturas.
La factura
A grandes rasgos y para facilitar este análisis, es posible dividir la factura que pagan los consumidores en tres componentes: el precio libre, el precio regulado o los costes regulados y los impuestos, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sólo el precio libre (compuesto por el coste de la energía en el mercado diario, el coste de los servicios de ajuste y el margen de comercialización de las compañías) se fija en el mercado. Pero este mercado no es uno precisamente libre, sino un oligopolio hiperregulado con elevadas barreras de entrada que impiden la participación de otros competidores. La competencia entre las distintas eléctricas es muy limitada. No se puede, por tanto, echarle la culpa al libre mercado, pues el mercado eléctrico español ni es libre ni determina la mayor parte del precio final.
Los cargos, los peajes, el alquiler de los equipos de medida y una parte de lo que se considera coste de la energía (pagos por capacidad, operador del sistema y operador del mercado) se encuentran dentro de lo que llamamos costes regulados. Estos costes son establecidos por el Estado.
Los costes de energía regulados (amarillo) comprenden los siguientes conceptos:
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- Pagos por capacidad: coste regulado para garantizar una producción de energía mayor de la necesaria.
- Operador del sistema: pago al agente responsable de la gestión técnica, que trata de casar la producción con el consumo de electricidad en tiempo real.
- Operador del mercado: pago al agente que casa las ofertas de venta y compra de energía y determina su precio en cada hora.
Los peajes de transporte y distribución (azul), si bien fijados por el Estado, son estrictamente necesarios para proveer el servicio.
Los cargos (verde), sin embargo, tienen un carácter mayoritariamente político. El concepto retribución renovable consiste en un cargo que se destina a subsidiar la producción de energía renovable. En parte, financia los errores de inversión en energías limpias cometidos en el pasado: inversiones en tecnologías renovables que se hicieron cuando eran muy caras y poco productivas que necesitan ser subvencionadas. El concepto extracoste producción no peninsular hace referencia al mayor coste de la producción eléctrica en los territorios extrapeninsulares. El concepto anualidades déficit se destina a la amortización de los déficits tarifarios del sistema energético acumulados en el pasado. Antes, la energía se vendía a un precio inferior a su coste, generando un déficit en el sistema y una deuda con las compañías eléctricas que seguimos pagando.
El alquiler equipo de medida (rojo) hace referencia al coste de los contadores que deben pagar aquellos consumidores que no tienen uno en propiedad.
Por último, los impuestos: el Impuesto sobre la Electricidad (IE), que es del 5,1127%, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que temporalmente se encuentra en el tipo reducido del 10% para la electricidad, pero que volverá al tipo general del 21% en 2022.
Ahora que conocemos los distintos conceptos que se incluyen en la factura de la electricidad, tratemos de calcular partir qué porcentaje del precio corresponde al mercado y cuál al Estado. Utilizaremos una factura de ejemplo, de la empresa Iberdrola, que incluye varios desgloses.
En este primer desglose se ve claramente qué porcentaje del importe suponen los cargos, los peajes, los impuestos y el alquiler del contador. Lamentablemente, no muestra qué parte del coste de la energía corresponde a los costes regulados. Lo mismo ocurre con el otro desglose, el de los componentes de la factura.
Este segundo desglose es más detallado. Podemos observar un término fijo y otro variable y entender de dónde provienen. El término fijo depende de la potencia contratada y el variable de la energía consumida. En la parte fija se multiplica la potencia contratada por el número de días y por los costes (en €/kW por día) de los peajes y los cargos, en los tramos de horas punta, llano y valle. Aparece aquí el margen de comercialización, que también es fijo. En la parte variable se hace lo mismo para los peajes y los cargos, pero en función de la energía consumida en vez de la potencia contratada. Todos estos precios están fijados por normativa estatal.
Tras estos conceptos encontramos el coste de la energía (59,97 euros, marcado en rojo en el ejemplo). Al no estar desglosado, los consumidores no pueden conocer de dónde viene. Como se muestra anteriormente, se compone de cinco partes, dos fijadas en el mercado (el coste de la energía en el mercado diario y el coste de los servicios de ajuste) y tres fijadas por el Estado (los pagos por capacidad, los pagos al operador del Sistema y los pagos al operador del mercado). Es imposible conocer en la factura cuánto corresponde a cada una de estas partes. ¿Por qué no se detalla este coste? De acuerdo con el BOE, este desglose no debe incluirse.
Sobre la suma de todo estos costes se añade el alquiler de los equipos de medida y control (también un coste fijado por el estado) y se aplica el Impuesto sobre la Electricidad. Estos dos cargos se suman y, sobre el total, se aplica el IVA. Literalmente, un impuesto encima de otro.
Como ha quedado analizado, no es posible calcular completamente qué porcentaje del importe de la factura corresponde a la parte regulada, pues no muestra qué proporción del coste de la energía corresponde a esta. Además, las otras partidas de costes regulados suponen porcentajes diferentes en cada factura. Sin embargo, la consultora Deloitte detalló qué parte corresponde al componente regulado y qué parte a tasas e impuestos.
En este cálculo sí se incluye el coste regulado de la energía en el componente regulado y no en el componente de energía. En concreto, nos referimos a los términos de pagos por capacidad y pagos al OMEL y el ES. De acuerdo con estos cálculos, menos de una cuarta parte del precio de la electricidad que pagan los hogares sería producto del mercado. El componente regulado de la factura supondría más de la mitad del precio final y las tasas e impuestos casi otra cuarta parte.
Así, el Estado nos repercute sus costes a través de la factura de la luz sin que nos enteremos. Los costes de una gestión ineficiente y politizada que bien podría mejorarse y abaratarse. Debería obligarse a presentar en las facturas eléctricas un desglose similar a éste, para que cualquier ciudadano pueda entender qué parte del gasto corresponde al oligopolio eléctrico y qué parte al Estado. La electricidad es cara, sí, pero su gestión por parte del Estado nos cuesta aún más.
