El pasado mes de septiembre, uno de los ministros del Gobierno de España lanzó una de las típicas barbaridades a la que ya nos tienen acostumbrados. Esta vez fue el turno de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En una entrevista, apostaba por un «cambio cultural» para extender la vida laboral hasta los 75 años y así poder asegurar la viabilidad del sistema de pensiones.
Si bien la idea de Escrivá es una barbaridad, el árbol no nos puede impedir ver el bosque. Y esto, aplicado al caso, quiere decir que las salidas de tono del ministro no pueden impedirnos reconocer que el actual sistema de pensiones está en grave riesgo.
La posible reforma del sistema de pensiones es un tema que ha ocasionado no pocos dolores de cabeza a nuestros políticos. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido la valentía de abordar la reforma de un sistema que hace aguas por todas partes.
Nuestras pensiones se financian mediante el sistema de reparto. En este modelo, por explicarlo de forma sencilla, las cotizaciones de los trabajadores en activo están destinadas a financiar las pensiones existentes en ese momento. Es lo conocido como el principio de solidaridad entre distintas generaciones. Sin embargo, es este elemento, el de la solidaridad, el que genera más incertidumbre, pues se deja a las futuras generaciones una carga muy pesada, la de financiar nuestra propia vejez, al tiempo que se ha de confiar en los futuros contribuyentes para poder obtener la pensión.
El sistema de reparto no tiene por qué ser necesariamente malo. Puede resultar beneficioso si hay muchos cotizantes, se produce un crecimiento de la natalidad, las nuevas generaciones son más ricas que las anteriores y hay un crecimiento económico robusto. Pero la realidad española es bien distinta. Con una natalidad por los suelos, una crisis económica que produce un enorme desempleo y una longevidad media que supera los 85 años, la operación resulta realmente imposible.
¿Qué hace falta para que el sistema de reparto funcione?
Para que el sistema funcione es necesario que la base de la pirámide sea lo suficientemente ancha como para poder sostener la cima, que necesariamente tiene que ser más estrecha. Cuando la pirámide se desfigura, ya que la base se adelgaza por un menor número de cotizantes, y la cima crece como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, el sistema comienza a ser preocupante, por no decir insostenible.
Hace unos meses, con la publicación del informe España 2050, saltaron todas las alarmas. Según el mencionado informe, en el conjunto de España hay una media de 1,95 cotizantes por cada pensionista, cuando son necesarios al menos 2,5.
Ese mismo estudio arrojó otro dato preocupante: ya en 13 provincias españolas hay menos de 1,5 cotizantes por pensionista, una cifra muy por debajo de la ratio necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema. El mencionado informe advierte que dentro de 30 años habrá tres cotizantes por cada dos pensionistas, es decir un cotizante y medio por cada pensionista. Un dato que, de producirse, haría insostenible el sistema.
Por otra parte, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2050 las personas en edad de jubilación (mayores de 65 años) serán 15,7 millones, frente a los 9,4 de este 2021. Así, el gasto en pensiones no parará de aumentar, suponiendo una tremenda losa para la población activa, que cada vez será menor debido a la bajísima tasa de natalidad. La clave está en la generación del baby boom (nacidos en los 60 y 70), la más numerosa de todas y la que va a provocar que se dispare la presión sobre el sistema de pensiones cuando sus miembros se jubilen, algo que sucederá no demasiado tarde.
Al mismo tiempo, la situación económica de la Seguridad Social no puede ser más desastrosa. El año pasado, la entidad batió un récord al alcanzar un déficit del 1,3% del PIB, es decir, más de 15.000 millones de euros.
A nadie se le escapa que la mejor solución para salvar el actual sistema es aumentar la tasa de natalidad, ya que eso supondría poder garantizar en un futuro que haya más cotizantes que pensionistas. Pero, a pesar de lo que sostiene nuestra clase política, es una tarea tan compleja que se antoja casi una utopía.
Son muchos los políticos, en la derecha y la izquierda, que proponen aumentar las ayudas a la maternidad como solución al problema de la natalidad, como si de una pócima mágica se tratara. De hecho, es lo único que proponen en la mayoría de los casos.
Pues bien, lamentablemente, hay que decir que las famosas ayudas a la maternidad poco van a servir a la hora de aumentar la tasa de natalidad. Aunque es un tema que no toca desarrollar en estas líneas, parece que nuestros políticos no caen en la cuenta de que la inmensa mayoría de las familias no se van a embarcar en la aventura de tener hijos por el hecho de recibir una determinada ayuda durante un tiempo. Y evidentemente no se puede otorgar una paga vitalicia a una pareja por el hecho de tener un hijo.
De poco sirve que unos padres reciban una determinada ayuda económica si en el día a día se encuentran con una factura de la luz disparada, unos impuestos asfixiantes, los precios de los productos básicos en continuo ascenso y la vivienda cada vez más inaccesible. Por no hablar de la dificultad, cada vez mayor, de encontrar un puesto de trabajo estable y con un sueldo digno. España, en sus épocas de bonanza, ha tenido una tasa de paro del 10%, que es la misma tasa que han tenido países como Francia o Alemania en los peores momentos de crisis económica. Este dato explicaría, en parte, que, si bien el problema de la baja natalidad afecta a toda Europa, es más agudo en España que en otros países del viejo continente.
Las trabas a la natalidad son trabas a la jubilación
En definitiva, no existe un ecosistema propicio para que los españoles se animen a formar una familia. Y, lamentablemente, las medidas tomadas por los últimos gobiernos van en la dirección contraria a las necesarias para crear ese entorno adecuado.
Teniendo en cuenta la utopía que supone aumentar la tasa de natalidad mediante ayudas a la maternidad y la injusticia que supone aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras, el mantenimiento del actual sistema de pensiones se antoja prácticamente imposible.
Evidentemente, un problema complejo requiere propuestas complejas. Una de las posibles soluciones sería comenzar la transición hacia un sistema mixto de capitalización y reparto. Por otra parte, habría que dar un giro radical a la política laboral del gobierno socialista; es necesario dotar al mercado laboral de mayor flexibilidad para permitir la incorporación de nuevos cotizantes.
Es también imprescindible recuperar el principio de estabilidad presupuestaria y sanear financieramente la Seguridad Social, además de tomar medidas adicionales, como incentivos fiscales a los que decidan trabajar más allá de la edad de jubilación. Medidas que, sin duda, el sistema recibiría con alivio.
Nuestra clase política, y concretamente el actual gobierno, es perfectamente consciente de la inviabilidad del sistema, pero están envueltos en una espiral de cortoplacismo que les impide contar la verdad a la ciudadanía. Hasta ahora, los distintos ejecutivos se han limitado a poner parches y dar bocanadas de aire al sistema, pero ninguno ha decidido afrontar el problema y llevar a cabo las reformas estructurales que se necesitan.
La mayoría de ellos están preocupados en ganar las próximas elecciones, por eso no se atreven a plantear reformas de calado. Pero la ambición de unos cuantos no puede hipotecar a las próximas generaciones de españoles y condenar a la población a un empobrecimiento general.
Ejemplo de lo anteriormente comentado es la inclusión en varios borradores de la propuesta de aumentar el periodo para calcular la prestación por jubilación a 35 años. Es la prueba de la cobardía —o la soberbia— de quien sabe que no está siguiendo el camino correcto y aun así no cambia de rumbo. Sus prejuicios ideológicos les impiden ver la realidad. No están dispuestos a reconocer el fracaso de sus ideas y, mucho menos, a admitir que elementos neoliberales como la flexibilidad laboral o el sistema mixto pueden ser la solución al problema.
El debate no puede centrarse en los parches para alargar todo lo posible este sistema, sino en qué reforma de calado estamos dispuestos a abordar para mejorar la vida de nuestros mayores y que puedan disfrutar en condiciones dignas del merecido descanso tras una larga vida de duro trabajo. Lamentablemente, en las actuales condiciones, los españoles están condenados irremediablemente a trabajar más años y cobrar unas pensiones más bajas. En las manos de nuestros gobernantes está que eso no ocurra.
