Cuando se intensifican las sospechas de fraude en torno al voto postal en las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, después de que numerosos usuarios de Correos hayan encontrado en su tique el concepto “Votos emitidos”, sin haber votado, en los Estados Unidos están en marcha nuevas medidas para auditar los resultados del pasado mes de noviembre.
En Arizona, estado tradicionalmente republicano en el que se impuso Biden contra todo pronóstico por apenas un 0,3 %, un amplio equipo de forenses examina más de dos millones de votos en un nuevo recuento manual en el condado de Maricopa. Entre otros métodos, en esta ocasión usan luces ultravioleta para buscar marcas de agua en papeletas procedentes del voto presencial y por correo. Desde el 3 de noviembre, el estado del Gran Cañón se ha mantenido como uno de los campos de batalla legal sobre las sospechas de fraude electoral, junto con Nevada, Georgia, Pensilvania, Míchigan y Wisconsin.
Según Karen Fann, presidenta del Senado de Arizona, que dirige la auditoría, “no estamos aquí para revocar unas elecciones o descertificar a los electores. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es aprobar leyes electorales (…) y asegurarnos de que esas leyes se sigan al pie de la letra, que siempre estén por encima de cualquier reproche y, si encontramos algún error, corregirlo o informar de él”.
Desde el Partido Demócrata han intentado obstruir el recuento en los tribunales mediante una orden de restricción temporal. Sin éxito, ya que más tarde se vieron obligados a retirarla después de que un juez les ordenara pagar un millón de dólares en caso de perder su impugnación legal. En paralelo, las televisiones se afanan en un nuevo intento de ridiculizar las sospechas de fraude y desacreditar cualquier iniciativa a favor de la seguridad electoral, que debería interesar a republicanos, demócratas, medios y cualquier ciudadano.
Kelly Ward, presidenta del Partido Republicano de Arizona, ha afirmado que la Corte Suprema estatal se encuentra en disposición de evitar que los demócratas intenten detener la auditoría. Los jueces consideran que se trata de un derecho constitucional que protege la integridad de las elecciones y asegura la separación de poderes. Además, Ward ha pedido a los estadounidenses que sigan la investigación en tiempo real y apoyen toda iniciativa dirigida a mejorar el proceso electoral.
Mientras tanto, Peter Navarro, asesor comercial de la administración Trump, ha vaticinado que un recuento en Georgia revelaría un enorme fraude electoral, de una escala “mucho mayor que en Arizona”. En el estado sureño, especialmente en Atlanta, los empleados electorales dejaron pasar el fraude por la connivencia entre ciertos funcionarios estatales y miembros del Partido Demócrata. Navarro también ha destacado que estas auditorías revelarán patrones de fraude sistémico, seguidos por los demócratas en los estados considerados bisagra antes de los comicios y que, en su mayoría, acabaron pasando de rojo a azul en mitad de la madrugada.
*Adaptación del texto publicado por el autor en Libertad Digital.
