En los últimos días, el noticiario ha abierto con la actualización de los datos sobre la evolución de la economía nacional. En España, tras desplomarse el PIB más de un 11% durante 2020 debido al confinamiento y las medidas sanitarias que le siguieron, asistimos a una economía que lejos de recuperar sus niveles previos a la pandemia cada vez enfría más su crecimiento y nos hace dudar de cuándo volveremos a los niveles de vida previos. Por el camino hemos sufrido males como que nuestro poder adquisitivo siga a la baja, lo cual es una nota constante desde la crisis financiera de 2008, mostrando realmente un estancamiento estructural en el desarrollo económico del país. Nominalmente, podría parecer que el salario medio aumenta. Sin embargo, la subida de precios que acompaña a la economía global y nacional nos hace ver que realmente tenemos una menor capacidad tanto para el gasto como para el ahorro y la inversión.
El 2 de diciembre de este 2021 tuvimos la ocasión de contemplar la mayor caída histórica del paro que jamás se hubiese dado en un mes de noviembre, dejándonos entorno a los 3.200.0000 desempleados sobre el total de la población activa, suponiendo esto una tasa de paro del 14,5%. Estos datos suenan cuanto menos esperanzadores y nos animan a pensar en que estamos dejando atrás un momento histórico tan tormentoso y desalentador como la pandemia coronavírica que tanto ha cambiado nuestras vidas durante este tiempo. Sin embargo, a la hora de inspeccionar y revisar el dato ofrecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podemos observar que esta creación de empleo no es natural. Esto se debe a que dos de cada tres puestos de trabajo creados son empleos públicos. Es decir, son empleos que se mantienen por las cotizaciones hechas por los hogares y los agentes económicos privados. Analicémoslo así: de cada tres empleos, uno paga impuestos para ayudar a mantener los otros dos. A la hora de inspeccionar las cifras laborales, para tener una idea más precisa del estado de avance de una economía moderna debemos irnos a aquellos agentes capaces de crear, aquellos que tengan una capacidad productiva real y no sean sostenidos por los gastos de la administración pública. Por ello, por mucho que tanto Nadia Calviño como Yolanda Díaz traten de sacar pecho, el dato del empleo es sesgado y peor de lo que un titular periodístico podría ofrecer. Quitado el maquillaje, vemos que, de la población empleada, 230.000 son trabajadores en situación de ERTE, lo cual empobrece más aún la realidad que las ministras de Trabajo y Economía nos quieren ofrecer.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 se marca como fin «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos». Sin embargo, vemos que esta meta resulta ser más cercana a la alegoría que a la realidad, ya que en España se da el caso de que llevamos décadas sumidos en el retroceso económico y desmantelamiento del sector industrial, que es el único que ofrece empleo sólido y estable. Consecuentemente, contemplamos cómo los datos laborales no son nada halagüeños y el paro friccional ha crecido por las dificultades en la contratación y la terciarización de la economía. Unas dificultades que se pretenden acentuar con una mayor presión fiscal a las empresas, haciendo que el pequeño y mediano empresario sea el que soporte sobre sus hombros el peso de unos impuestos al alza. Y, a mayores impuestos, menos capacidad del empresario para contratar y crear empleo productivo. No nos olvidemos además de la situación de creciente inflación que ajusta los márgenes de las empresas al estar disparando los costes fijos de las mismas.
Como consecuencia más directa del abandono de la industria para fomentar el turismo es que sectores vinculados a él como el de la hostelería, entre otros, e incluso ciertas ramas del sector inmobiliario se van a ver dependientes de una actividad realmente estacional. Al ser de estas características, el resultado es que el empleo en España sea altamente temporal, haciendo que la precariedad del mercado laboral sea elevada. En esta situación vemos cómo las clases medias están sometidas a unos tiempos que juegan en su contra y que evitan su estabilidad económica, lo cual es un freno para estimular el ahorro mismo de los empleados. Pero este es solo uno de los problemas estructurales que España tiene si analizamos su mercado laboral, el cual se debe en gran parte al abandono de la industria nacional que la clase política de antaño aceptó como contraprestación para ser parte del club de la Unión Europea. El ejemplo más agresivo y doloroso de este abandono institucional lo vemos en cómo un emblema como SEAT fue absorbido por Volkswagen.
Un creciente empleo público
Otro de los problemas que van a colapsar (nuevamente) la economía nacional es una contratación pública cada vez más elevada. Yolanda Díaz presumía de los datos que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, estas cifras hay que entenderlas observando el hecho de que dos de cada tres empleos generados han emanado del Estado. Es decir, que será sufragado por parte del erario. De tal manera, vemos que las ramificaciones de la administración pública se extienden y acaban dando un salario más o menos generoso a los ciudadanos con cargo al contribuyente. Como si de un nuevo feudalismo se tratase, cada corporación pública se erige como un nuevo señor que ofrece soluciones a los campesinos de sus lares. Y si éstos antaño pagaban el diezmo, hoy se quita una cuantía que oscila entre el cuarto y la mitad del jornal. Finalmente nos queda un Estado leaviatánico que hace de sus ciudadanos dependientes del pan que éste quiera o les pueda ofrecer.
Por mucho que pretenda la ministra de Trabajo o la de Economía edulcorar la realidad, que España sea líder comunitario en desempleo juvenil es un hecho irrefutable y fácilmente contrastable. Vemos que nuestro mercado laboral, cuando se trata de los jóvenes, marca niveles de récords y no quiere bajar del deshonroso polio de estar por encima del 30%. Somos líderes en desempleo juvenil. Algo está fallando en el modelo económico que se le propone a España cuando vemos que la edad media de acceso a un trabajo estable está más cerca de los treinta que de los veinte años.
Crisis simultáneas
A estos problemas hay que sumar una crisis demográfica abocada a la quiebra del sistema de pensiones que nos hace plantearnos si la jubilación jugará en el mundo de las ideas, siendo más una utopía que una realidad. A estas malas perspectivas de futuro que atañen al sistema de Seguridad Social hay que sumar el hecho de que España esté sobreendeudada, rozando la quiebra técnica, solamente abalada por el mensaje de tranquilidad que el Banco Central Europeo lanza a los mercados. En vez de hacer eficiente el gasto público, la dirección que ha tomado el gobierno opta más por una barra libre financiada por elevados impuestos acompañados de una deuda pública que supera el billón de euros y sigue in crescendo por segundos. Cuando usted termine de leer este artículo, la deuda pública española habrá aumentado en varios cientos de miles de euros, cuando no millones. Y sepa usted que la deuda de hoy son los impuestos o los recortes del mañana.
Como respuesta a la crisis coronavírica, desde el gobierno se activó la opción del ERTE y a nivel europeo se optó por decretar la mora bancaria, de manera que las empresas y particulares que se acogiesen a la mora de sus préstamos dispondrían de un periodo de tiempo en el que solamente pagarían intereses de esta, no capitalizando el préstamo. A esto se sumaría también la disposición de crédito que desde el ICO se elaboró siguiendo los dictados y sugerencias del Banco Central Europeo. Sin embargo, vemos cómo las líneas de crédito del ICO no evitaron que una de cada seis empresas quebrase y que también echasen el cierre más de 300.000 autónomos, dejando calles desiertas de negocios por no poder responder ante sus compromisos durante el confinamiento (el Gobierno de España no dejó de cobrarle impuestos a pequeños empresarios y particulares). Además, la mora bancaria tocó su fin meses atrás, teniendo que hacer frente a sus compromisos empresas que si bien fueron rescatadas por los avales del ICO, no tienen medios suficientes para responder y volver a la normal actividad previa a 2020, empujándolas a la quiebra.
Ésta es desgraciadamente la situación actual que vivimos, en la que tenemos unos países que tras tomar medidas para aplacar los efectos del coronavirus decidieron echar el cerrojo a la actividad productiva, matando los negocios de los pequeños y medianos empresarios. Unos países que para no quebrar en los mercados financieros recurrieron a la emisión de títulos de deuda poniendo a sus bancos centrales como garantes de esta. El resultado es una clase media que ha perdido medios productivos que le atribuyan riqueza a la par que los estados eran rescatados por los grandes tenedores de deuda. Cabría preguntarnos quiénes son los que, en situaciones de parálisis económica, tienen la liquidez y la capacidad crediticia suficiente para comprar las obligaciones y demás títulos de renta fija, financiando la deuda pública. Quién sabe si nos llevásemos sorpresas viendo quién financia la deuda porque así, a través de estos compromisos financieros, podemos atisbar si la soberanía reside en el pueblo, en la nación, o bien hay que buscar a otros sujetos con capacidad de chantajear económicamente a los países a la hora de tomar decisiones.
Un gasto público desenfrenado
El problema socioeconómico no ha terminado aquí. Centrándome en el caso de España, el gasto público va a seguir disparado mientras el gobierno de turno otea a lo lejos las elecciones. Éstas serán en 2023, año en el que el déficit público del 3% sobre el PIB vuelve a ser exigible por parte de la Comisión Europea a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el último dato disponible podíamos ver que el déficit era de casi un 11%, al pasar de 35.000 millones en 2019 a 123.000 millones en 2020. Los niveles de 2019 eran ese 3% que Bruselas exige, lo cual quiere decir que deberemos volver a partir de 2023 a estas cuotas. Es decir, en un año y medio aproximadamente a España se le pedirá que reduzca su relación de gastos frente a ingresos de manera que deje de estar en números rojos. Esto va a traer consigo un ajuste de cerca de 90.000 millones en los meses siguientes a esta fecha señalada. Es decir, a partir de este año electoral veremos cómo el gobierno que esté tomará tres caminos posibles: subir (más) los impuestos, empezar una nueva política de austeridad y recortes o bien una combinación de estas dos opciones anteriores.
Resumiendo, ¿qué crecimiento económico sostenido, inclusivo y demás edulcorantes es al que se refieren con las pautas del ODS 8 de la Agenda 2030? Por lo pronto todo parece indicar que hace referencia al de otros y no al nuestro, ya que la quiebra es doble: económica y demográfica. Es más, añadiría que lo que sufrimos también es una quiebra moral al estar aceptando una suerte y un destino tan funesto como el propuesto por las políticas globalistas. Por eso mismo, la única salida posible de este atolladero en el que nos han metido es tomar la vía contraria a la que la Agenda 2030 propone. Fomentemos la natalidad, recortemos en los chiringuitos y duplicidades administrativas que hay en España, y rebajado estos gastos públicos acompañemos la estrategia de una bajada general de impuestos que no tienen razón de ser y solamente empobrecen y perjudican a la clase media por el mero hecho de vivir. Y, para terminar de revertir el camino al precipicio que nos señalan, no nos dejemos vencer en el mundo moral ni en el espiritual. Llenemos los vacíos que han dejado, coloreemos los grises que nos quieren imponer. Solamente así podremos hablar sencillamente de un mañana.
