En mi primera semana en la Cámara de Representantes en 1976, emití uno de los dos votos en contra de la legislación que asignaba fondos para un programa de vacunación contra la gripe porcina. Un brote de gripe porcina dominaba entonces los titulares, así que la mayoría en Washington estaban desesperados por «hacer algo» con el virus.

Desafortunadamente, la vacuna contra la gripe porcina, desarrollada apresuradamente y de producción acelerada, no sólo era ineficaz, sino peligrosa. Aproximadamente cincuenta personas que recibieron la vacuna contrajeron posteriormente el síndrome de Guillain-Barré, una forma de parálisis potencialmente mortal. Según un experto de los Centros de Control de Enfermedades, la incidencia del síndrome de Guillain-Barré era cuatro veces mayor entre los que recibieron la vacuna contra la gripe porcina que en la población general.

Esa triste historia puede repetirse pronto. En este momento, los gobiernos y las industrias privadas están trabajando para desarrollar y desplegar rápidamente una vacuna contra el coronavirus. El fundador de Microsoft, Bill Gates, que es uno de los principales financiadores de estos esfuerzos, ha sugerido que a todo el que reciba una vacuna se le emita un certificado digital que demuestre que ha sido vacunado. El Dr. Anthony Fauci, cuyo historial de predicciones erróneas lo convierte en el Bill Kristol de la epidemiología, también quiere que los individuos lleven alguna prueba de que han sido vacunados.

Otra propuesta autoritaria que se está planteando para tratar el coronavirus es obligar a todo el mundo a descargar una aplicación de teléfono que rastree sus movimientos. Esto permitiría a los funcionarios del gobierno identificar a aquellos que puedan haber estado cerca de alguien que pueda haber tenido el coronavirus. Tal «rastreo de contactos» obligatorio es un asalto a nuestra privacidad y libertad.

Las vacunas pueden mejorar la salud. Por ejemplo, las vacunas ayudaron a reducir la incidencia de enfermedades como la poliomielitis. Pero no todas las vacunas son seguras y efectivas para todas las personas. Además, ciertas prácticas modernas, como administrar a los bebés varias vacunas a la vez, pueden causar problemas de salud. El hecho de que las vacunas puedan beneficiar a algunas personas, o incluso a la mayoría de ellas, no justifica que el gobierno obligue a las personas a vacunarse. Tampoco justifica que se vacune a los niños en contra de los deseos de sus padres. Y ciertamente no justifica mantener a individuos y familias en cuarentena involuntaria porque no tienen certificados digitales que prueben que se han vacunado.

Si el Estado puede obligar a las personas a recibir tratamiento médico contra su voluntad, entonces no hay razón para que el Estado no pueda obligar a las personas a comprar un seguro médico, prohibirles poseer armas de fuego, dictar sus condiciones de empleo, e impedirles que tomen acciones discutiblemente dañinas como fumar marihuana o beber leche cruda. Del mismo modo, si el Estado puede anular los principios de los padres con respecto al tratamiento médico de sus hijos, entonces no hay razón para que el gobierno no pueda usurpar la patria potestad en otras áreas, como la educación.

Los partidarios de las vacunas obligatorias y de la vigilancia reforzada intentan chantajear a la población argumentando que el encierro no puede terminar a menos que creemos un estado de vigilancia sanitaria y hagamos forzosa la vacunación. El creciente número de ciudadanos que están cansados de no poder ir al trabajo, a la escuela o a la iglesia, o incluso de llevar a sus hijos a un parque debido a los mandatos del gobierno deberían rechazar este trato. En cambio, deberían exigir el fin inmediato de los cierres y el restablecimiento de la responsabilidad individual de decidir la mejor manera de proteger su salud.