Hay relatos que sobreviven a quienes los inventaron. El que presentó al Imperio español como una empresa de crueldad, fanatismo y saqueo nació en los panfletos de sus rivales del siglo XVI y, sin embargo, sigue operando cinco siglos después en las aulas, en los discursos presidenciales y en los proyectos de refundación constitucional del continente americano. Esa es la tesis del primer informe del Instituto de Estudios Americanos del CEU-CEFAS, La leyenda negra: sus orígenes y sus consecuencias antropológicas, sociales y culturales, firmado por Rafael Aita y Víctor Andrés Ponce. El trabajo no se limita a recordar de dónde viene la leyenda negra: se propone medir hasta qué punto sigue gobernando el presente.
El informe sitúa el origen del relato en un terreno conocido por la historiografía reciente: la rivalidad de Inglaterra, las Provincias Unidas y Francia con la Monarquía Hispánica, cruzada por las guerras de religión. La defensa de la Reforma frente al catolicismo y la ambición de las potencias emergentes encontraron un arma barata y eficaz en la propaganda. Guillermo de Orange, que encabezaba la rebelión de los Países Bajos, impulsó hasta sesenta y dos ediciones europeas de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, todas salidas de imprentas protestantes. Las ilustró el grabador Teodoro de Bry, que nunca pisó América y dibujó una Inquisición y una conquista de pesadilla cuyas imágenes, recuerda el informe, siguen circulando hoy pese a estar largamente desacreditadas.
Los autores recogen un matiz que la divulgación suele omitir: el propio Voltaire, poco sospechoso de simpatía hacia la Iglesia, escribió en su Ensayo sobre las costumbres (1756) que Las Casas había exagerado las cifras para llamar la atención sobre lo que consideraba una injusticia. El relato, en suma, partía de abusos reales, pero los amplificaba y los desgajaba del marco legal e institucional en el que se produjeron.
Las capas ideológicas del relato
La aportación más original del informe consiste en mostrar que la leyenda negra contemporánea ya no es la de los siglos XVI y XVII. Sobre el sustrato confesional se han ido depositando capas filosóficas posteriores. La primera, el «mito del buen salvaje» de Rousseau, que imaginó un hombre natural bondadoso corrompido por la civilización y que, trasladado al indígena americano, encontró expresión literaria en pasajes muy citados de Eduardo Galeano. La segunda, la dialéctica de matriz hegeliana y marxista, que redujo la conquista a un esquema de opresores contra oprimidos. La tercera, la «filosofía de la liberación» del argentino Enrique Dussel, para quien 1492 no fue un descubrimiento sino un «encubrimiento» del otro.
En el caso peruano, sobre el que pivota buena parte del trabajo, esas corrientes se fundieron con el indigenismo y con el mariateguismo —la idea del incanato como «comunismo agrario» destruido por la colonia— y se incorporaron a la enseñanza escolar a través de la reforma curricular de 1972, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado. De ahí la pregunta que vertebra el informe: ¿cuánto de esa narrativa responde a la evidencia histórica y cuánto a un programa político?
La contraprueba documental
Frente a esa narrativa, los autores alinean una batería de datos. Recuerdan que la Junta de Valladolid (1550-1551) fue un caso casi único en la historia: un imperio deteniéndose a debatir públicamente la licitud de su propia conquista. Subrayan que las Leyes de Indias prohibían la esclavitud indígena y sometían al encomendero al control de visitadores. Apoyándose en juristas como Altuve-Febres, defienden que los virreinatos no fueron colonias en el sentido moderno, sino reinos incorporados a la Corona de Castilla con instituciones propias.
El argumento antropológico es el más llamativo. El informe documenta cómo la nobleza incaica fue integrada en el orden virreinal —el Alferazgo Real del Inca, el Toisón de Oro concedido a perpetuidad a sus descendientes, los matrimonios entre casas incas y la alta aristocracia europea— como prueba de un mestizaje que desmiente la imagen del exterminio. Y aporta una cifra que choca con el imaginario popular: en doscientos cincuenta años, el Tribunal de la Inquisición de Lima ejecutó a treinta y dos personas, ninguna de ellas indígena, pues los naturales estaban protegidos por la ley. A ello suma la primacía económica del Virreinato del Perú, en línea con lo que en estas páginas ha defendido Alberto G. Ibáñez al describir la América virreinal como «un modelo de éxito», y la preservación de las lenguas indígenas por los misioneros, que fijaron por escrito el quechua, el aimara y el náhuatl mucho antes de que existieran sus actuales reivindicadores, en una labor de codificación que evoca la que en Castilla había iniciado Antonio de Nebrija con la primera gramática moderna.
De la historia a la política
La segunda mitad del informe da el salto que distingue a este trabajo de una simple revisión histórica. Ponce sostiene que la leyenda negra empujó a los libertadores hacia lo que llama «jacobinismo revolucionario»: la pretensión ilustrada de rehacer la sociedad desde cero, haciendo tabla rasa de tres siglos de instituciones. El resultado, argumenta, fueron repúblicas frágiles, atrapadas en un péndulo entre anarquía y caudillismo y en una compulsión constituyente sin fin —veintiséis constituciones en Venezuela, diecinueve en Bolivia, doce en el Perú—.
Ese diagnóstico enlaza con el presente. El informe rastrea la huella del relato antihispánico en la Constitución plurinacional de Bolivia, en el proyecto constitucional chileno rechazado en las urnas, en el intento de refundación del Perú durante el episodio de Pedro Castillo y en los discursos del expresidente mexicano López Obrador, así como en las redes del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Para los autores, lo que empezó como propaganda confesional ha terminado convertido en una guerra cultural contra todo el legado occidental.
Conviene leerlo con la lente que el propio texto reclama. El informe no oculta su posición —se reclama deudor de la Imperiofobia de María Elvira Roca Barea— y participa de un debate académico que dista de estar cerrado. Pero su núcleo es difícil de despachar: la manera en que una sociedad relata su pasado condiciona su presente. Si la fundación se cuenta como crimen, la política se vuelve expiación permanente; si se cuenta como herencia, queda algo que conservar. Esa es, en el fondo, la apuesta que el trabajo del CEU CEFAS pone sobre la mesa, y la conversación —como ya advirtió Feijoo cuando nacían las dos Españas— no es solo sobre el siglo XVI.
