El auto de ochenta y cinco páginas firmado el pasado 18 de mayo por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, no es un episodio más en la larga lista de causas que han salpicado a la izquierda en la última década. Es un punto de inflexión: por primera vez desde 1977, un expresidente del Gobierno español queda formalmente imputado por corrupción. El 2 de junio, día fijado para la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como investigado, marcará un antes y un después no sólo para el imputado, sino para la idea misma de continuidad institucional del régimen del 78.
El núcleo formal de la imputación es el llamado caso Plus Ultra: el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió en marzo de 2021 a una aerolínea de escaso músculo industrial pero con vínculos venezolanos. Calama atribuye al expresidente delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, y le sitúa como «núcleo decisor y estratégico» de una estructura jerarquizada en tres niveles: Zapatero a la cabeza; el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal y dueño de Análisis Relevante, junto a Manuel Aaron Fajardo como intermediarios; y, en el nivel operativo, María Gertrudis Alcázar, su secretaria histórica, y Cristóbal Cano.
Los flujos económicos descritos en el sumario son inequívocos. Entre 2020 y 2025, Análisis Relevante habría ingresado más de 941.000 euros procedentes de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva. Desde esa caja se canalizaron 490.780 euros al propio Zapatero y otros 239.755 a Whathefav, la empresa de sus hijas Laura y Alba. La Operación Tíbet, ejecutada el 19 de mayo por la UDEF, condujo al registro del despacho del expresidente en Ferraz 35 (frente a la sede del PSOE), con incautación de una caja fuerte oculta, agendas y dinero en efectivo.
Lo que diferencia este expediente de otros casos socialistas previos —de los ERE al caso Koldo— no es sólo la magnitud, sino su carácter combinatorio: lo nacional engarza con lo internacional, lo institucional con lo privado, lo penal con lo geopolítico. Como ya señalaba este diario en Corrupción política y ética social, el problema no son las anomalías aisladas, sino las condiciones estructurales que las hacen posibles.
Venezuela, China y el petróleo
Tras la caída de Nicolás Maduro a principios de 2026 y su captura por fuerzas estadounidenses, el flanco internacional se ha disparado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA incluyen a Zapatero en una lista de 64 investigados por sus presuntos vínculos con el chavismo. La Administración Trump le describe, sin ambigüedad, como «máximo referente global» de la operación destinada a homologar al régimen bolivariano en foros internacionales. El Departamento del Tesoro ha rastreado una transferencia de 519.000 dólares a una cuenta suiza ligada al expolio petrolero, y el propio auto de Calama refleja la cooperación de la Seguridad Nacional estadounidense con la Policía española.
La operativa descrita, a través de Letters of Intent para acceder a la compraventa de petróleo venezolano, asignación de buques por Delcy Rodríguez bajo el alias de La Dama, fondos procedentes de la venta de oro del Banco de Venezuela, de PDVSA y del programa alimentario CLAP, resulta difícil de leer como un mero asunto privado de un expresidente «mediador». Y a este frente se añade el chino: Gate Center, el lobby fundado por Zapatero en 2022 con financiación del empresario Fangyong Du —al que el CNI recomendó no conceder la nacionalidad por presuntos vínculos con el espionaje chino— recibió 266.000 euros de Inteligencia Prospectiva. En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicaba a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar las escuchas judiciales del Estado.
El mediador imputado
El segundo plano de la imputación es estrictamente político. Tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, Zapatero había asumido el papel de mediador estructural entre Moncloa y Junts: viajes a Waterloo, Bruselas y Ginebra; contactos con Carles Puigdemont a través del salvadoreño Francisco Galindo; el ofrecimiento de un «CGPJ catalán»; y el compromiso, no escrito pero real, con la Ley Bolaños, esa autoamnistía cuya tramitación analizó este diario a propósito de su votación en la Carrera de San Jerónimo.
La imputación contamina inmediatamente esa función. El PNV, por boca de Aitor Esteban, ha advertido de que «sería irresponsable que Sánchez siguiera más allá de 2026». Y el Senado, controlado por mayoría absoluta del PP, prepara una querella contra el expresidente por falso testimonio: en su comparecencia del 2 de marzo, Zapatero había negado bajo juramento haber intervenido en Plus Ultra y haber sido investigado en Estados Unidos. El auto de Calama desautoriza, al menos sobre el papel, ambas afirmaciones.
Lo que el caso revela del sistema
La defensa oficial del expresidente —«jamás he realizado ninguna gestión» en relación con Plus Ultra— y el cierre de filas del aparato socialista, con el propio Sánchez ofreciéndole «todo mi apoyo», no son sorprendentes. Tampoco la división de la oposición: el PP exigiendo elecciones, Vox reclamando prisión provisional y la retirada del pasaporte diplomático, Hazte Oír pidiendo fianza de 490.000 euros. Lo verdaderamente significativo está en lo que el expediente ilumina.
Zapatero no es un personaje accesorio de la actual legislatura: es su arquitecto remoto. El PSOE que hoy preside Pedro Sánchez —con sus alianzas con etarras, golpistas y herederos del chavismo— es, en gran medida, el partido que Zapatero diseñó tras 2004. Como ha venido sosteniendo este diario, desde el 11M todo es 11M, y el zapaterismo fue su primera traducción política. Que su figura termine ahora bajo investigación en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía de Nueva York y en el Senado simultáneamente no es una casualidad biográfica: es la consecuencia lógica de un modelo que confundió mediación con intermediación, política exterior con negocio privado, y partido con red.
La militancia socialista lo ha bautizado, sin disimulo, como «bomba nuclear». La descripción es exacta, pero corta. El 2 de junio comparecerá ante el juez Calama un expresidente del Gobierno; comparecerá también, aunque ningún auto lo recoja, el retrato de Pedro Sánchez y, con él, el de un régimen que ya no encuentra forma de devorarse a sí mismo sin que se note.
