El informe 1908/26 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BBCA), fechado el 22 de abril y dirigido a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2, no es un texto técnico cualquiera. En sus 158 páginas, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción reconstruye, mensaje a mensaje, las gestiones que condujeron a la concesión por la SEPI de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas en marzo de 2021.
La materia prima es doble: la extracción del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de la compañía, entregada por la oficina del Homeland Security Investigations estadounidense; y los terminales intervenidos en el operativo del 11 de diciembre de 2025. Lo que emerge de esos archivos no es un escándalo aislado, sino un punto de inflexión: por primera vez desde 1977, un expresidente del Gobierno queda formalmente imputado por corrupción. El 2 de junio, día fijado para la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como investigado, marcará un antes y un después no sólo para el imputado, sino para la idea misma de continuidad institucional del régimen del 78.
La «boutique financiera» y dos vías convergentes
El primer hallazgo del informe es de naturaleza casi sociológica. Los propios implicados llaman a su estructura, sin metáfora externa, «finance boutique»: una arquitectura societaria diseñada para canalizar pagos por influencia política. La expresión la introduce Roberto Roselli Miele, director financiero de Plus Ultra, en mayo de 2020: «pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida».
A partir del 23 de marzo de 2020 —seis días después del primer estado de alarma—, Reyes activa dos vías paralelas. La vía Ábalos, gestionada por el abogado Miguel Palomero a través de Koldo García Izaguirre, «la mano derecha del ministro». Y la vía Zapatero, abierta el 30 de marzo por el venezolano Ramón Gordils. El 28 de abril, Reyes anuncia el éxito: «acaba de hacerse el puente con ZP». A partir de ahí, «el amigo» —así llamado en los chats— actúa a través de dos intermediarios: Manuel Aarón Fajardo, presentado por él mismo como pieza del «equipo del amigo» en Venezuela, y Julio Martínez Martínez, «el tocayo». Ambas vías confluyen el 8 de julio de 2020, con una reunión organizada por el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
El núcleo decisor y la información privilegiada
La conclusión policial es explícita: en «la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda». Las pruebas son las conversaciones mismas: «Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo», escribe Reyes el 30 de abril; tras la reunión con Saura, sentencia: «si bro. Nuestro pana zapatero detrás».
El hilo más comprometedor es el del 26 de febrero de 2021. Ese día, Martínez Martínez felicita a Reyes y a Camilo Ibrahim Issa por una operación aún no aprobada: «solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el consejo de ministros del día 9 de Marzo». El Consejo Gestor del FASEE no se reuniría hasta el 2 de marzo; el Consejo de Ministros, hasta el 9. La red conocía el resultado con seis días de antelación. Para la UDEF, eso acredita «la capacidad de actuación de la red de influencia para acceder a información privilegiada». A ello se suma un patrón sistemático de ocultación: certificados de la Tesorería General obtenidos pese a la existencia de deuda con la Seguridad Social, instrucciones para «maquillar» los préstamos previos de Panacorp, indicaciones expresas de no informar a la SEPI de los consejos internos. Como advertía este diario en Corrupción política y ética social, el problema no son las anomalías aisladas, sino las condiciones que las hacen posibles.
El frente exterior: por qué interviene Washington
El segundo frente no nace en España. Que la prueba decisiva proceda del HSI no es un detalle: la agencia estadounidense investigaba a Reyes como parte de una organización criminal transnacional dedicada al blanqueo y a la elusión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, en cuyo entramado figuraba Plus Ultra. La cooperación judicial entre Madrid y Washington —que el auto del juez Calama refleja expresamente— es la que ha aportado el material que hoy compromete al expresidente. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo incluye en una lista de 64 investigados; el Departamento del Tesoro ha rastreado, en paralelo, una transferencia de 519.000 dólares a una cuenta suiza vinculada al expolio petrolero venezolano. El expediente español y el estadounidense, en otras palabras, se alimentan mutuamente.
Senado y mediación: la legislatura tocada
Los dos frentes restantes son de naturaleza política. El primero, el Senado: en su comparecencia del 2 de marzo de 2026, Zapatero negó haber intervenido en Plus Ultra y haber tenido relación alguna con la compañía. La prueba documental que obra en el juzgado le contradice de plano, y el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, prepara una querella por falso testimonio. El segundo es el de la mediación con Junts: tras la prisión preventiva de Santos Cerdán, Zapatero había asumido los viajes a Waterloo, Bruselas y Ginebra y los compromisos —«CGPJ catalán», continuidad de la Ley Bolaños— de los que depende la legislatura. Como se analizaba a propósito de su votación en la Carrera de San Jerónimo, esa función ha quedado descabezada. El PNV ha advertido, por boca de Aitor Esteban, de que «sería irresponsable que Sánchez siguiera más allá de 2026».
El 78 absoluto
Lo que el informe de la UDEF documenta, capítulo por capítulo, no es una excepción del régimen del 78: es su consumación. La cobertura desde la SEPI; las puertas del ministerio abiertas por «altas recomendaciones»; los certificados administrativos que ocultan deudas; las filtraciones desde el propio Consejo Gestor; el contrato del 1% entre la consultora del «tocayo» y la aerolínea rescatada con dinero público —641.300 euros como retribución por la influencia—.
Con todo, la cristalización más radical y evidente de un sistema sociopolítico imposible, la otra cara de aquello de que desde el 11M todo es 11M. Que el primer expresidente imputado por corrupción sea precisamente Zapatero no es una casualidad biográfica: es, en términos rigurosamente policiales, la firma del sistema que él más contribuyó a moldear. El 78 absoluto. El retrato de Pedro Sánchez que componen estos chats no es el de un partido extraviado, sino el de un régimen dispuesto a morir matando.
