Un censo electoral es una base de datos que alguien edita todos los meses. Quien figura en ella vota; quien no, no. La mayor edición de esa lista en décadas no la ha hecho la demografía ni siquiera el Poder Legislativo, sino una instrucción unilateral del Gobierno.
Los tres primeros artículos de esta serie han recorrido el camino de la papeleta: la entrega, los casos demostrados de corrupción y el tramo postal que nadie audita. Éste trata de algo anterior: quién tiene derecho a introducir la papeleta en la urna. El único tribunal que ha certificado un riesgo real para el 29 de noviembre no ha examinado al cartero. Ha mirado a esa lista.
Ley «para el exilio», instrucción para todos
La ley de nietos es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre de 2022. Prometía la nacionalidad a los descendientes de quienes la perdieron por exiliarse por razones políticas. No exige haber pisado España una sola vez en la vida.
Su aplicación quedó en manos de una instrucción del 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que dirigía Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. La instrucción presumió exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sin prueba documental. Sólo a quien salió después se le exigía acreditar el exilio.
Por esa puerta entró la emigración económica de la posguerra. El plazo cerró el 22 de octubre de 2025, y el efecto lo ha medido el Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS: entre diciembre de 2022 y agosto de 2026 el censo de residentes ausentes, el CERA, creció en 455.986 electores, más del doble que en los 44 meses anteriores, hasta los 2.747.688 que votan el 29N. Crece donde no hay exilio posible: en los 184 municipios creados después de 1970 pasó de 19.796 a 23.742 electores, y donde más ha subido es Madrid, un 36 por ciento, la provincia de la que menos fácil era huir en 1939.
La ruta argentina
A 1 de septiembre, el censo exterior sumó 15.141 electores en un mes, y 6.104 —el 40 por ciento— de un solo país. Argentina reúne 526.307 inscritos, el 19 por ciento del total y casi el doble que Francia. Hasta el 31 de mayo se habían presentado 1.225.188 solicitudes; con las citas pendientes, el informe calcula hasta 2.453.325. Cerca de un millón, en Argentina.
Los números del exilio van al revés. De los entre 150.000 y 220.000 españoles que quedaron fuera tras 1939, la inmensa mayoría cruzó a Francia; a toda América llegaron entre 30.000 y 35.000, y a Argentina, entre dos y tres mil. El informe lo plantea sin rodeos: tres mil exiliados habrían generado un millón de nietos. «¿Milagro reproductivo, o más bien, fraude?».
Votan donde escriben
Todos votan a distancia, con la documentación enviada de oficio. Y eligen dónde cuenta su voto: el formulario consular pide escribir el municipio y la provincia de inscripción, sin acreditar arraigo alguno. El nuevo español de la ley de nietos no vota en la provincia de su abuelo. Vota en la que escribe.
Ese censo vota distinto y decide escaños, como se verá en el último artículo de esta serie. Lo sabe el Gobierno: su revista Carta de España advirtió tras el 23J de que el voto exterior podía ser determinante en el reparto de escaños. Con esa advertencia publicada, mantuvo abierta dos años más la presunción. Ningún control del Estado frenó la expansión, porque la había diseñado el Estado. Para que se discutiera hizo falta que Vox e Iustitia Europa fueran al Supremo.
Cinco a uno
En septiembre, el Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas nacionalizaciones, salvo para quienes acrediten el exilio de su padre o su abuelo. Deshizo la presunción. El Gobierno recurrió y perdió: el 12 de octubre, la Sección Cuarta desestimó por cinco votos contra uno el recurso de la Abogacía del Estado, mantuvo la suspensión para el 29N y le reprochó no haber cumplido lo que la cautelar le ordenaba. El riesgo de un censo irregular, escribe la Sala, sigue persistiendo.
Novecientos uno
El Supremo exigió entonces la lista nominal de los afectados. Hubo que amenazar a los ministros Bolaños y Albares con multas coercitivas y con la vía penal para conseguirla: Justicia y Exteriores la entregaron el 28 de octubre, cuando expiraba el plazo. Son 163.355 personas inscritas en el censo exterior por la ley de nietos. De ellas, 901 cuentan con la certificación consular de que descienden de un exiliado. El 0,55 por ciento. El Gobierno alega que al resto nadie le pidió acreditarlo, y ése es exactamente el problema: durante tres años la presunción hizo innecesario pedirlo.
Las otras 162.454 no votarán el 29N. Detrás esperan 96.895 expedientes aprobados y 304.272 solicitudes. El 9 de noviembre, el tribunal rechazó extender la suspensión a los hijos de los nacionalizados —189.678 inscripciones— no porque su situación sea distinta, sino porque ya no hay tiempo: identificarlos y oírlos antes del 29N comprometería «la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral». Un magistrado, Fonseca-Herrero, discrepó: si la primera suspensión era necesaria, también lo era ésta. En la misma fecha la Sala ratificó la de los 162.454 y añadió que los nuevos datos refuerzan sus dudas sobre cómo se configuró el censo. La Oficina del Censo reconocía a 28 de octubre que aún le quedaban 30.482 registros por identificar.
Un Gobierno seguro de su procedimiento acata una cautelar y espera la sentencia. Éste dictó la presunción, recurrió, perdió, fue reprendido por incumplir y entregó la lista con el plazo agotado y la multa encima. Cuando el Defensor del Pueblo, al servicio del Gobierno, Ángel Gabilondo, pidió al Constitucional un amparo urgente para que todos votaran el 29N, el pleno lo rechazó el 21 de octubre por diez votos a dos.
El Ejecutivo amplió por instrucción un electorado que sabía decisivo, ha agotado las instancias para mantenerlo en las listas y celebró que los hijos voten por falta de tiempo para revisarlos. Así se defiende lo que se necesita. Si esos votos bastarían para torcer unas generales es una incógnita. Que de cada doscientos nacionalizados como nietos de exiliados sólo uno ha podido demostrar que lo es, ya no. Un sistema sólo merece la confianza que es capaz de acreditar, y éste, de la ventanilla a la urna, no acredita ninguna.


