Sostener que el voto por correo es prácticamente inmanipulable tiene la ventaja retórica sonar a dato técnico y cerrar el debate antes de abrirlo. En cambio, también cuenta con el inconveniente de que admite comprobación. Basta con mirar qué ocurrió la última vez que alguien investigó a fondo.
Fue en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, y el balance no consiste en sospechas. Aquellos comicios se saldaron con detenidos, carteros escoltados por la Policía Nacional y una instrucción de urgencia de la Junta Electoral Central.
Melilla, mayo de 2023
Desde el 8 de mayo, encapuchados en coches sin matrícula asaltaron a carteros en cinco puntos de la ciudad autónoma, con preferencia por los barrios más pobres, y se llevaron decenas de envíos electorales. Los repartidores acabaron saliendo a la calle escoltados por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La Junta Electoral Central impuso en Melilla, con carácter excepcional, la identificación con DNI o pasaporte en las tres fases del procedimiento: solicitud, recogida de la documentación y depósito del sobre. Los códigos de los envíos robados se anularon y se emitieron duplicados, de modo que aquella sustracción concreta no llegó a convertirse en votos.
Una cadena de custodia que necesita escolta policial y una instrucción de urgencia en plena campaña no es una cadena de la que nadie pueda decir que resulta casi inviolable. Y el robo callejero fue sólo la parte visible del expediente.
Mojácar, cien euros o un contrato
Aquellas elecciones dejaron en Melilla una decena de detenidos, entre ellos un concejal de Coalición por Melilla y militantes del PP, en una trama de compra de voto por correo que incluyó un intento de sobornar a trabajadores de Correos en Barcelona para desviar sobres.
En Mojácar hubo once investigados, con una tarifa documentada de cien euros o un contrato de trabajo por papeleta y dos candidatos de la lista socialista entre los detenidos. En Albudeite, el candidato del PSOE a la alcaldía cayó por unas escuchas practicadas en una causa de narcotráfico que, de rebote, destaparon la compra de votos. Hubo denuncias sin detención en una treintena larga de municipios de media España.
Y hubo un episodio de signo inverso. En Jaén, el PSOE acusó al PP de comprar votos mediante mensajes de WhatsApp, y la investigación policial concluyó en noviembre que la acusación era falsa y la habían urdido militantes socialistas, con dos detenidos.
El fraude electoral español probado es local. Se concentra donde unas decenas de papeletas mueven un concejal, se ejecuta comprando el voto o captando la documentación en el domicilio, y se detecta porque es artesanal y deja rastro humano. Ninguno de esos casos lo interceptó el sistema. Los destaparon una denuncia, unas escuchas de otra causa y un robo demasiado aparatoso para pasar inadvertido.
Ninguno de los electores afectados se enteró por el procedimiento. Los melillenses a quienes robaron el envío lo supieron porque se anularon los códigos y se emitieron duplicados, es decir, porque el asalto fue callejero y visible. Con una autorización firmada en lugar de una saca arrancada, no habría habido duplicados, ni denuncia, ni noticia.
La reforma que no hubo
Lo más instructivo del expediente de 2023 no es lo que ocurrió, sino lo que se hizo con ello. La respuesta fue la Instrucción 5/2023 de la Junta Electoral Central, aprobada el 8 de junio, once días después de que Sánchez convocara las generales de julio. Tapó el hueco más visible —el sobre echado en un buzón cualquiera llegaba hasta entonces a la mesa— y extendió a toda España la identificación en el momento del depósito.
De ahí no salió nada más. Ni reforma de la ley electoral, ni comisión de investigación, ni un mecanismo que permita al elector comprobar si alguien ha pedido el voto por correo a su nombre, ni una estadística pública que permita detectar a tiempo una anomalía. Y no se tocó la regla que permite a una sola persona entregar en ventanilla los votos cerrados de cuantos electores quiera con una autorización firmada y una fotocopia: la puerta exacta por la que entraron Melilla y Mojácar.
Ni siquiera la identificación en ventanilla está en la ley: sigue siendo una instrucción de la Junta, y la OSCE, en su informe final sobre el 23J, recomendó llevarla a la ley electoral para dar seguridad jurídica. Vox lo intentó dos veces. En 2025 el Gobierno vetó la iniciativa por la vía presupuestaria; en junio de 2026 el Congreso la rechazó por 176 votos contra 33. La orden ministerial para el 29N sigue remitiendo a la instrucción.
Tres años después, la Junta ha vuelto a decirlo. El 16 de octubre, a una petición del PP de más controles para el 29N, respondió que no puede adoptar actuaciones extraordinarias «sin denuncias o indicios concretos» y que cualquier cambio en las garantías corresponde a las Cortes. Las Cortes acababan de rechazarlo. Melilla, Mojácar y Albudeite no le parecieron indicio bastante.
El argumento de la imposibilidad práctica no resiste su propio expediente. El voto por correo se ha manipulado en España, con detenidos y causas abiertas, en la convocatoria más reciente en que alguien se molestó en examinarlo. Lo que no se sabe es si ha ocurrido a mayor escala, y no se sabe por una razón que merece el artículo siguiente: nadie ha diseñado el modo de averiguarlo.
Una Administración que conoce dónde está el agujero, lo tiene identificado por sentencia y elige no taparlo durante tres años y varias convocatorias no se está equivocando. Al fraude de 2023 no lo paró el sistema. Lo paró la torpeza de quien lo cometía.
