Una vez entregado el sobre, el voto por correo entra en un tramo del que no se sabe nada. Parte de ese silencio lo impone la ley. El resto lo decide quien tiene los datos y no los enseña. Un canal que no se audita es un descuido; uno que no puede auditarse es un diseño. El español es las dos cosas.
Las cuatro últimas autonómicas (Extremadura en diciembre, Aragón en febrero, Castilla y León en marzo y Andalucía en mayo) permiten medir hasta dónde llega la vista, que no es demasiado.
El embudo
El voto por correo representó entre el 2,94 por ciento de los votos escrutados en Aragón y el 4,02 en Castilla y León. Entre las solicitudes admitidas por Correos y los votos depositados se perdió siempre entre el 6 y el 8 por ciento: 1.315 electores en Extremadura, 1.603 en Aragón, 3.172 en Castilla y León y 15.030 en Andalucía.
Más de veintiún mil personas pidieron votar por correo y su voto no llegó a la urna. Nadie explica qué les pasó: cuántos desistieron, a cuántos no les llegó la documentación, a cuántos les llegó tarde, a cuántos se la rechazaron. Y ésa es sólo la merma que puede contarse. Entre el sobre depositado y el voto escrutado hay un segundo tramo de pérdidas que ningún organismo cuantifica y que, en el único segmento que se escruta aparte, rozó la mitad de los votos recibidos en una provincia.
La urna común
Luego viene la opacidad que impone la ley. El artículo 73 manda introducir los sobres llegados por correo en la misma urna que los presenciales al cierre de la mesa, y el escrutinio los cuenta mezclados. No existe, ni puede existir, el desglose del voto de cada partido entre urna y correo.
La razón formal es el secreto del voto. La consecuencia práctica es que, salvo en el censo exterior, nadie puede saber cómo se comportó el voto por correo en ninguna elección española. Y el único tramo que sí se ve, inquieta: en las cuatro últimas autonómicas el PSOE fue arrasado en las urnas y ganó el voto del CERA, con vuelcos de entre 13 y 25 puntos. Es el único voto a distancia que consta en acta. Del resto, un canal que en unas generales mueve millones de papeletas, el rendimiento es inverificable. Quien diga que es limpio está diciendo algo que no puede saber.
El registro que nadie enseña
Y aquí está lo que sí podría saberse. El artículo 73.4 de la ley electoral obliga a Correos a llevar «un registro de toda la documentación recibida, que estará a disposición de las Juntas Electorales». Ese registro existe por mandato legal desde 1985 y no se ha publicado jamás. Cruzado mesa a mesa con las solicitudes, delataría en horas cualquier anomalía. No falta la información. Falta la voluntad de enseñarla.
Correos cambió el 19 de julio de 2023 —cuatro días antes de las generales— la trazabilidad de los envíos certificados del censo exterior: en lugar de leer cada envío, se leían el primero y el último de cada lote. Se rebajó el control justo sobre los sobres del censo que la ley de nietos engordaba a razón de miles de altas al mes. Firmaba Juan Manuel Serrano, presidente de Correos entre 2018 y 2023 y antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
El 7 de octubre, el actual presidente, Pedro Saura, mantuvo ese criterio en las instrucciones para el 29N. Dos semanas después, tras las publicaciones, Correos dio marcha atrás: una directiva interna ordena no usar la lectura por rangos y volver al control sobre a sobre. La rectificación confirma lo que se negaba. Durante tres años y tres convocatorias, los sobres del censo exterior viajaron con menos control que un paquete de Amazon, y hubo que leerlo en la prensa para arreglarlo.
Un informe interno de 17 páginas, fechado el 29 de julio de 2022, reclamaba automatizar el tratamiento del voto exterior y dotar a los sobres de información electrónica para rastrearlos. Lo tuvieron en sus manos la dirección de Serrano y Leire Díez, entonces responsable de Relaciones Institucionales. No se hizo nada. Y el registro que la ley obliga a llevar sigue sin publicarse.
Del certificado al buzón
El 16 de octubre, el mismo medio publicó que dieciséis embajadas han sustituido la carta certificada por el franqueo en destino para devolver el voto exterior: el sobre viaja como correo ordinario, sin fecha de admisión ni acuse firmado. Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Irlanda, México, Países Bajos, República Dominicana, Suecia, Suiza, Perú, Uruguay y Venezuela: 1.895.085 electores, siete de cada diez del censo exterior, con Argentina, la gran cantera de la ley de nietos, a la cabeza. La Junta Electoral Central pide el certificado «cuando sea posible». En esos dieciséis países, por lo visto, no lo es. Un trabajador de Correos con veinticinco años en el voto por correo lo ha resumido en La Gaceta: «aparecerán votos sin trazabilidad ninguna».
Exteriores tardó un mes en contestar. El 13 de noviembre sostuvo que el matasellos permite identificar el día de emisión y que el certificado de inscripción que va dentro del sobre garantiza la identidad del votante, por lo que «se mantienen absolutamente todas las garantías previstas por la ley». No negó lo esencial: que el envío no es certificado, que quien deposita no recibe recibo y que quien recibe no firma. En Argentina, en el 23J, siete de cada diez votos llegaron por ese correo.
Lo que costaría enseñarlo
Este canal empeora conforme crece, porque cada sobre que se suma es un sobre más que ningún interventor mira. Para que sea peligroso basta con que alguien tenga mala fe.
Un Gobierno que quisiera un cauce auditable lo tendría fácil: publicar el registro que ya existe, desagregar por mesa solicitudes y votos, y dejar que cada elector compruebe si alguien ha pedido el voto en su nombre. No exige reforma legal ni un euro apreciable. No se ha hecho ni se ha anunciado. Un canal que crece en cada convocatoria, que escapa a los interventores y que no deja rastro revisable es exactamente el que elegiría quien quisiera alterar un resultado sin que pudiera demostrarse. Que quien podría cerrarlo lo mantenga abierto y opaco es lo que obliga a preguntar por qué.
La opacidad del voto por correo no es una herencia. Es una decisión que se renueva en cada convocatoria. Y quien se beneficia de que no haya datos no tiene prisa por publicarlos.
