Mal que les pese a los expertos que marean la perdiz con argucias jurídicas, enviar a la policía al Tribunal Constitucional un viernes por la tarde, víspera de Todos los Santos, cuando el presidente acaba de volar a Senegal, se parece de cerca y de lejos a un intento de golpe de Estado. Es deplorable que un país europeo, y uno de los más seguros y de mayor éxito económico, haya llegado a este punto. Un conflicto judicial iniciado, no lo olvidemos, por el propio Donald Tusk en 2015 y que desde entonces se ha ido enconando hasta desembocar en esta decisión brutal y estupefaciente.
¿Un conflicto interno? No sólo, porque su dimensión europea es incontestable: la UE en general, y la Comisión y el Tribunal de Justicia en particular, llevan una década tomando partido por Tusk. El apoyo expresado en los últimos días no tiene, por tanto, nada de sorprendente, y por una buena razón: la Unión es juez y parte en este enfrentamiento, porque su propio modelo de funcionamiento depende directamente de ella. En efecto, desde hace una treintena de años Bruselas ha adquirido la mala costumbre de usurpar competencias nacionales sin mandato explícito y de hacer prevalecer sus intereses y sus «valores» sobre las reglas del juego. Y, precisamente, su activismo en materia de Estado de derecho es el ejemplo perfecto de esta deriva.
Antes de entrar en el fondo del conflicto, preguntémonos primero si la UE tiene siquiera la competencia. ¿Existe una base jurídica en los Tratados por la que los Estados miembros deleguen en la Unión el control del Estado de derecho en sus países? La respuesta está en el artículo 19.1, segunda frase, del Tratado de la Unión Europea, según el cual «los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión». Nada más. Una veintena de palabras que obligan a los Estados a aplicar el Derecho europeo, sobre las que Bruselas ha levantado un imperio y se ha arrogado el derecho a tener la última palabra sobre la organización de los sistemas judiciales nacionales, incluso a nivel constitucional. Entre la interpretación literal de esta disposición y lo que la Unión hace de ella media un abismo que obliga a constatar que el texto de los Tratados ya no significa nada.
Una usurpación tanto más desvergonzada cuanto que se aplica de manera totalmente arbitraria. Durante quince años, los rayos de Bruselas se han dirigido exclusivamente contra dos gobiernos conservadores y soberanistas: la Polonia del PiS y la Hungría de Viktor Orbán, y ello en proporciones orwellianas. Tusk ha sido el principal beneficiario de este doble rasero: en 2023 recuperó 137.000 millones de fondos europeos sin contrapartida alguna, encarceló a opositores y tomó al asalto (en sentido literal) la televisión nacional entre los aplausos de Bruselas, que veía en ello una «restauración» del Estado de derecho. Péter Magyar no lo hace peor: destituyó de un plumazo al presidente legítimo, también él desenchufó literalmente los medios públicos durante semanas e impidió el nombramiento de la nueva dirección, y el exministro de Cultura y su secretario de Estado permanecen abusivamente en prisión provisional. Como guinda, adoptó medidas con efectos retroactivos que impiden a Orbán y a la mayoría de la oposición presentarse a las próximas elecciones. Cuesta imaginar una violación más flagrante del Estado de derecho y, sin embargo, Bruselas se mostró una vez más generosa y, toda sonrisas, restituyó los fondos confiscados al Gobierno anterior. Una benevolencia que deja atónito cuando se conoce el celo con el que la Comisión y el Tribunal acosaron a Orbán, llegando a excluir del Erasmus a 205.000 estudiantes —la sanción se levantó milagrosamente tras las elecciones— y a inmiscuirse hasta en el reparto interno de asuntos en el Tribunal Supremo. Colmo de la arbitrariedad, Magyar también cambió la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Constitucional con efectos retroactivos.
Por hechos estrictamente idénticos, Morawiecki había sido perseguido por la Comisión y condenado por el Tribunal de la UE en 2019 en un tiempo récord; en cambio, nadie en Bruselas ha movido un dedo contra Magyar. Mientras tanto, Pedro Sánchez, el jefe de Gobierno más corrupto de Europa, que colecciona violaciones del Estado de derecho y cuyo partido es acusado por la policía de querer liquidar (de nuevo en sentido literal) a la juez que imputó a su hermano, nunca ha sido molestado por Bruselas.
Ya es sorprendente que la Unión dé lecciones a los Estados miembros, porque si hay una organización política cuyas carencias en materia de Estado de derecho son estructurales, esa es la UE. Y si, encima, este mal alumno ejerce su control al dictado de sus afinidades políticas con semejante cinismo, entonces hay motivos para inquietarse, porque la Unión ya no sería un vector de concordia, sino un factor de confrontación en el interior mismo de los Estados miembros. Como en Polonia, un país polarizado en el que la Comisión y el Tribunal han tomado partido por un bando sobre la base de poderes usurpados que aplican de manera arbitraria, al dictado de sus propios intereses.
La sombra de la UE sobre Polonia es, por tanto, muy alargada y, sobre todo, tóxica. Secuestrada por el mesianismo y la militancia de su actual dirigencia, es urgente reformarla para que recupere sus orígenes y sirva a los países de Europa en lugar de tomar partido para imponer su propia agenda política.
