El voto por correo dejó hace tiempo de ser un remedio para ausentes y enfermos. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 se cursaron 2,6 millones de solicitudes y se emitieron más de 2,4 millones de votos por esa vía, un 95 por ciento más que cuatro años antes: uno de cada diez votantes.
Cada vez que alguien pregunta por la limpieza del método, el Gobierno y sus terminales mediáticas enumeran los controles que prevé la ley y dan la conversación por cerrada. Pero la cadena no termina donde la deja esa enumeración. Esta serie recorre el proceso hasta el final: el mostrador de Correos, los casos demostrados de manipulación, el tramo postal que nadie audita, el censo que decide quién vota y el recuento que llega de fuera.
Del notario a la fotocopia
La solicitud se presenta personalmente en Correos con el DNI o el pasaporte originales. Para pedirla en nombre de otro, el artículo 72 de la ley electoral exige certificado médico oficial, representación notarial o consular, un documento por cada elector y la prohibición expresa de que una persona represente a más de uno. Para recoger la documentación ajena, el artículo 73 remite a esa misma representación.
Para entregar el voto ya cerrado en la ventanilla basta una autorización firmada por el elector y una fotocopia de su documento. Lo fija la Instrucción 5/2023 de la Junta Electoral Central. Sin certificado médico, sin notario, sin cónsul y sin límite al número de electores que una misma persona puede llevar.
El agujero No está en el buzón ni en el cartero, sino en el último paso, el que introduce la papeleta en el sistema. No hace falta suplantar a nadie. Basta con recoger el sobre ya relleno y llevarlo al mostrador con un papel firmado. Que ese agujero se usa no es una hipótesis: en las municipales de 2023 dejó detenidos en Melilla, Mojácar y Albudeite.
La Junta Electoral Central reaccionó entonces tapando el hueco de los buzones de la calle y exigió identificación en el depósito. Y dejó la puerta de la autorización exactamente donde estaba. Pudo cerrarla. Decidió no hacerlo. Tres años y varias convocatorias después, lo único que ha cambiado es el tamaño del problema.
Después del mostrador, nada
A partir de la ventanilla, el elector no controla nada. El sobre que entrega pasa a custodia de Correos, viaja hasta la mesa electoral y se introduce en la urna al cierre de la votación, mezclado con los presenciales. En ningún punto de ese trayecto recibe el elector un comprobante que pueda verificar ni puede seguir el envío. Para el 29N, Correos ofrece por primera vez un aviso por correo electrónico de que el sobre ha llegado a la mesa, voluntario y sólo para quien lo pida al depositarlo; nadie le dirá, en cambio, si lo anularon en el escrutinio. Y si la documentación nunca le llega, tampoco tiene remedio: desde que la solicitud se anota en el censo, la ley le prohíbe votar en la urna. La OSCE lo señaló en su informe sobre el 23J. Nadie lo ha tocado.
En León, en las autonómicas de marzo, se rechazaron 1.211 de los 2.472 votos llegados del exterior por incumplir los requisitos del artículo 75. Casi la mitad. Mil doscientas personas creyeron haber votado y no habían votado, y se enteraron por la prensa o no se enteraron nunca.
La cadena más larga, y más débil, es la del exterior. Al censo de españoles residentes ausentes, el CERA, la documentación le llega de oficio, sin pedirla, a direcciones repartidas por medio mundo, y el voto vuelve por correo —en dieciséis países, sin certificar— o por la urna de un consulado, sin un solo interventor de un partido español delante. Es el censo que la ley de nietos ha engordado en casi 456.000 electores desde finales de 2022, el gran coladero.
Los nuevos españoles que manufactura no han pisado España; ninguno votará en una urna vigilada; su papeleta recorre el tramo de menor custodia de todo el sistema; y se cuenta en la provincia que ellos mismos escriben en un formulario del consulado, sin acreditar vínculo alguno con ella. El Tribunal Supremo ha dejado fuera a 162.454 por no poder probar el exilio del que dicen descender. Los demás, y sus hijos, votan.
Un viaje sin vigilancia
Una mesa electoral la vigilan un presidente, dos vocales y cuantos interventores y apoderados quieran sentar allí los partidos: decenas de miles de personas con intereses contrapuestos mirando el mismo recuento. Los sobres que viajan por el sistema postal no los mira ningún interventor de nadie. Cuanto mayor es la parte del voto que va por ese carril, menor es la parte de la elección sometida a vigilancia. Y esa parte no deja de crecer.
Cada voto que sale del colegio electoral abandona la vista de los apoderados de todos los partidos. Cuantos más salen, menos elección queda bajo vigilancia.
Sobra sentido en afirmar que quien pueda votar en persona vote en persona. Un sistema que se apuntala de manera estética después de cada escándalo, sin cerrar las vías por las que cabe la corrupción, se encuentra lejos de ser fiable.
