¿Imaginan levantarse una mañana con una llamada que les dice que están siendo investigados por un delito de odio que desconocían? ¿Imaginan que días más tarde son interrogados por la policía por haber publicado un tuit que contenía varias frases de la Biblia? ¿Se imaginan que acaban yendo a juicio por ese mismo tuit y que, además, ese juicio es seguido de manera sensacionalista por los medios de comunicación dañando su reputación y poniendo en duda su integridad?
Precisamente esto es lo que le ocurrió a la finlandesa Päivi Räsänen. Como explicaba en esta misma revista Xavier Fábrega, esta médico, parlamentaria, exministro del Interior, madre y abuela, vió cómo su vida se ponía patas arriba en un abrir y cerrar de ojos después de publicar un tuit en el que mostraba su disconformidad con que su iglesia luterana financiara la celebración de las fiestas del orgullo en 2019. En 2021, Päivi fue acusada formalmente por la fiscalía de Finlandia por “agitación contra un grupo minoritario” por haber publicado en 2004 un folleto sobre la sexualidad y el matrimonio titulado Hombre y mujer los creó, haber dado su opinión sobre este mismo tema en un programa de radio en 2019 y haber publicado un tuit —que no se dirigía personalmente a nadie— también en 2019. Desde entonces, esta médico finlandesa ha tenido que hacer frente a más de 13 horas de interrogatorios policiales, a meses de espera dentro del procedimiento judicial, a innumerables calumnias de los medios de comunicación y a los costes (personales, reputacionales y económicos) que un procedimiento de estas características lleva aparejado.
En 2022, Päivi Räsänen fue absuelta por unanimidad por el Tribunal del Distrito de Helsinki que afirmaba que “no correspondía al Tribunal interpretar conceptos bíblicos”. Asimismo, se condenó a la Fiscalía a pagar más de 60.000 euros en concepto de costas legales del procedimiento. Sin embargo, la Fiscalía no se contentó con la sentencia y la recurrió, provocando que el caso deba volver a ser escuchado por la Corte de Apelación de Helsinki los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre de 2023.
Lo que está en juego
El caso Räsänen es un ejemplo más de cómo el pensamiento único que inspira las llamadas “leyes contra el discurso de odio” (en inglés, hate speech laws) está convirtiéndose en una amenaza real a la libertad de expresión que fundamenta las sociedades democráticas.
La libertad de expresión es un derecho protegido en los principales tratados sobre derechos humanos puesto que se erige como uno de los pilares sobre los que se fundamenta una sociedad democrática. Sin libertad de expresión, la línea que separa una democracia de una dictadura se difumina. Las llamadas “leyes contra el discurso de odio” socavan este derecho tipificando como “delito” la expresión de las propias creencias cuando estas son consideradas “odiosas”, “discriminatorias” o “criminales”. La definición de “odioso”, “discriminatorio” o “criminal” está basada en términos vagos que no pueden ser interpretados objetivamente y, como consecuencia, se pueden aplicar arbitrariamente en contra de aquellos que no se encuentran en la línea del pensamiento único que las inspira.
Además, este tipo de leyes promueven la censura tanto directa como indirectamente. En el ejemplo de Räsänen puede verse cómo el comportamiento de la fiscalía finlandesa, empeñada en silenciar y castigar unas creencias legítimas, así como el castigo que supone el mero hecho de verse envuelta en semejante procedimiento judicial durante años, sirven de herramienta disuasoria para evitar que el resto de la sociedad exprese creencias similares y da lugar a una autocensura fundada en el miedo de los ciudadanos a ser señalados y juzgados si hablan libremente de aquello en lo que creen.
¿Qué podemos hacer?
En España, al igual que ocurre en Finlandia y en otros muchos países europeos, se tiende hacia un sistema legislativo que provoca que el Estado cuente con un poder extraordinario capaz de vigilar el discurso de los ciudadanos y de provocar temor e intimidación en aquellos que difieren del pensamiento único en la manera de ver el mundo. Algunos creerán que esto es una exageración y que nadie en un país como España puede verse metido en un procedimiento penal por tuitear un versículo de la Biblia o por expresar su visión acerca del matrimonio o el sexo. Päivi Räsänen tampoco imaginó que la llevarían a juicio por expresar sus creencias en público.
A finales de este mes se celebrará un nuevo juicio para Räsänen y de su desenlace pueden derivarse consecuencias muy favorables para el futuro de la libertad de expresión, también en nuestro país. Si Päivi Räsänen vuelve a ser absuelta, entonces se enviará un mensaje contundente de condena de la censura dentro y fuera de las fronteras finlandesas. Sin embargo, si la lógica del fiscal finlandés consigue imponerse serán muchos los lugares en los que se celebrarán juicios similares, poniendo la libertad de expresión contra las cuerdas.
Desde ADF International —organización que coordina la defensa del caso— se está promoviendo una campaña de apoyo al caso Räsänen. Apoyar y dar difusión al caso puede ser una acción decisiva para proteger el futuro de una sociedad libre en la que la censura no tenga lugar y la libertad de expresión siga siendo un derecho fundamental protegido por las leyes nacionales e internacionales.
