El sistema de pensiones, históricamente presentado como un pilar de cohesión social en España y en toda Europa occidental, muestra signos de agotamiento que a veces reflejan hasta en las portadas de los medios más sistémicos. El desequilibrio entre lo que reciben los jubilados y lo que perciben y aportan a la hucha de las pensiones quienes están en activo se ha convertido en una de las grietas más visibles del modelo. El elefante en la habitación.
La preocupación no es nueva. El deterioro financiero de la Seguridad Social es más que inevitable, una certeza dado el modelo demográfico español. Más allá del déficit creciente o del envejecimiento, hay un dato que resume mejor que ningún otro la magnitud del problema: España es el único país avanzado de la Unión Europea donde la renta disponible mediana de los pensionistas supera a la de la población activa. En ningún otro país avanzado de Europa se ha producido un cruce tan acusado entre los ingresos de quienes trabajan y quienes están jubilados. El fenómeno, lejos de ser un accidente estadístico, es el resultado de una fiscalidad confiscatoria, criminal, de un mercado laboral depauperado por la invasión migratoria y de un sistema de pensiones que ha priorizado las prestaciones presentes sobre la estabilidad futura.
La estadística clave que revela la anomalía es inequívoca: según Eurostat, los ingresos netos medianos de los pensionistas españoles fueron en 2023 un 1% superiores a los de la población activa. En la UE, la situación es la inversa: los jubilados perciben una renta mediana un 13% inferior a la de los trabajadores. Alemania, Francia o Italia todavía presentan datos positivos, aunque en decadencia, como evidencian sus gobiernos al reconocer que, pese a la invasión migratoria que ha borrado en no pocos lugares el modo de vida local, las pensiones no están garantizadas en el futuro. Esta divergencia, a pesar de que el futuro es similar para todos, sitúa a España en una posición particular y plantea un desafío sin precedentes en Occidente. Nuestro país es un experimento.
La población activa (todos los ocupados y desempleados en edad de trabajar) sirve como referencia para comparar niveles de ingresos. Y cuando Eurostat analiza los ingresos netos medianos (los que reflejan mejor la situación real al evitar distorsiones por rentas extremas) la imagen resulta inequívoca.
Una evolución que apunta en una sola dirección
El deterioro relativo de los trabajadores españoles no es un fenómeno repentino. Desde 2003, la ratio entre ingresos de pensionistas y población activa no ha dejado de crecer, año tras año, en perjuicio de esta última. En países como Alemania o los Países Bajos la tendencia ha sido estable o incluso descendente; en España, la brecha se ha cerrado hasta invertirse por completo.
Cuando se analiza por tramos de edad, el contraste se acentúa. Los pensionistas superan en un 9% los ingresos de los jóvenes de entre 18 y 24 años y en un 2% los de los adultos de entre 25 y 49. Sólo pierden terreno frente al grupo de 50 a 64 años, cuyos ingresos medianos son un 3% superiores, lo que evidencia que la proximidad a la jubilación coincide hoy con las mejores retribuciones de la vida laboral. Otro dato que promete un futuro imposible: los trabajadores más cerca de jubilarse lo harán con pensiones, de media, más elevadas que sus predecesores.
Una explicación recurrente atribuye la posición ventajosa de los pensionistas a su mayor patrimonio inmobiliario o a ingresos obtenidos por inversiones. Pero los datos de la OCDE contradicen esta hipótesis: el 72% de los ingresos de los mayores en España procede de transferencias públicas, frente al 57% medio. Las rentas del capital representan apenas un 8–9% del total, por debajo del 10% de la OCDE. El diferencial no proviene, por tanto, de plusvalías o alquileres, sino del propio diseño del sistema.
Un modelo con fecha de caducidad
Quienes sostienen el sistema con sus cotizaciones reciben hoy menos ingresos medianos que quienes se benefician de él. La anomalía estadística revela un desequilibrio que se ha vuelto estructural. Durante años, la política ha preferido mirar a otro lado mientras las pensiones se revalorizaban por encima de la renta de los activos y muy por encima de la productividad. Los principales partidos políticos siguen, de hecho, prometiendo subidas.
Ese diferencial, alimentado por un sistema de reparto tensionado por demografía y por decisiones electorales, se ha vuelto insostenible. España es el único país donde el contrato intergeneracional, derivado de la estafa estatal, se ha roto de manera tan evidente. Salvo una reforma de fondo, lo que ahora parece una anomalía estadística puede convertirse en una crisis social de primer orden.
La solución no pasa de ninguna manera por el fomento de la invasión migratoria. La importación artificial de mano de obra barata degrada el mercado laboral y las condiciones de vida de los locales, mientras siquiera consigue retrasar levemente el resultado inevitable: el sistema de pensiones es una estafa piramidal insostenible en el tiempo.
