Los «valores universales» no tienen nada de universal

Las castas occidentales han transformado los principios ilustrados en una vara moral aplicada sólo hacia afuera

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El desorden mundial que asoma tiene un origen menos coyuntural de lo que se admite en las cancillerías occidentales: la insistencia hipócrita en unos «valores universales» de raíz ilustrada. Igualdad jurídica, libertad política, derechos naturales, tolerancia religiosa. La nómina es respetable y nadie con dos dedos de frente la rechazaría. El problema empieza cuando esos principios se interpretan como un patrón civilizatorio único, propiedad cultural de Occidente, y se emplean como herramienta o pretexto para legitimar políticas que poco tienen que ver con su contenido original.

La narrativa convencional describe una marcha lineal hacia la libertad: la Revolución Gloriosa de 1688 inaugurando el parlamentarismo; las revoluciones americana y francesa fundando el republicanismo; los movimientos de 1848 abriendo paso a la democracia. Conviene recordar, sin embargo, que esos episodios no fueron una panacea para la libertad individual. Más bien al contrario: contribuyeron a cristalizar el Estado moderno, esa estructura que hoy condiciona en grado sumo la vida del individuo en cualquier país occidental.

A esa expansión institucional se sumó la convicción, alojada en lo más hondo de la mentalidad política occidental, de que los valores ilustrados son quintaesencialmente suyos y le otorgan una superioridad moral congénita sobre los demás pueblos. Una superioridad que, en la práctica, ha justificado lo mismo intervenciones militares que aperturas de fronteras impuestas sin consulta a las poblaciones afectadas, como ha venido subrayando LA IBERIA al describir una Europa sin europeos.

Colonialismo, descolonización y la doble vara

La protección de los derechos individuales mejoró, en efecto, dentro del territorio occidental durante el siglo XIX. Pero las oligarquías semidemocráticas pisotearon esos mismos derechos en sus aventuras coloniales: lo que en casa se sorteaba con discreción, en tierras lejanas se atropellaba sin escrúpulo. Y lo más revelador es que los propios «valores universales» sirvieron de cobertura moral. Convenía civilizar a unas «razas» tenidas por inferiores, ya por naturaleza, ya por crianza.

La descolonización no diluyó la convicción de fondo. Cuando Estados Unidos hereda el cetro tras 1945, el sentimiento renace con un brillo nuevo. Y conviene recordar, como demostró John T. Flynn en As We Go Marching, que durante el siglo XX la mayor parte de las naciones occidentales —y no sólo Alemania o Italia— adoptaron versiones diversas de fascismo económico que poco tenían que ver con la libertad ilustrada que decían encarnar.

La vieja sentencia quod licet Iovi, non licet bovi —lo que está permitido a Júpiter no lo está al buey— resume con precisión la distancia entre el pensamiento político occidental y la acción política occidental. Las constituciones inscriben los principios ilustrados; los gobiernos los honran sobre todo en su violación.

Tres voces a contracorriente

Isaiah Berlin recuperó en Tres críticos de la Ilustración a tres pensadores que ya en el siglo XVIII se opusieron a la pretensión universalista: Giambattista Vico, Johann Georg Hamann y Johann Gottfried Herder. Vico admitía patrones humanos comunes, pero subrayaba que cada sociedad los expresa de modo distinto. Hamann negó que existiera una «razón universal» separable de las lenguas y las culturas concretas. Herder vio la humanidad como un florecer cíclico de civilizaciones particulares, cada una con su propio centro de gravedad.

Los tres rechazaron la vara única que los pensadores parisinos y londinenses presentaban como medida del ser humano. Aquel debate, hoy casi olvidado en las facultades occidentales, ilumina el concepto actual de «multipolaridad» que el establishment euroatlántico se resiste a procesar, no tanto porque ignore sus contradicciones internas, sino porque no acepta que existan otras formas legítimas de organizar la vida pública.

Westfalia, lo viejo que vuelve

Multipolaridad no es una invención reciente. Sus principios —soberanía, no intervención, integridad territorial, igualdad jurídica de las naciones— se asentaron en la Paz de Westfalia de 1648 y se prolongan, al menos sobre el papel, en la Carta de las Naciones Unidas de 1948. La ironía es notable: quienes hoy reclaman con más estrépito un «orden internacional basado en reglas» son a menudo quienes lo erosionan, mientras los acusados de revisionismo invocan Westfalia.

Para quien entiende la libertad como un asunto previo al Estado y no como una concesión suya, la multipolaridad supone, con todas sus sombras, un paso preferible al esquema unipolar centrado en una Washington a la que numerosos analistas describen ya como oligárquica y disfuncional, corruptora del sistema político occidental. La cuestión no es si Pekín o Moscú son modelos a imitar, sino si la pretensión hegemónica de una sola capital puede seguir presentándose como sinónimo de libertad.

El precio cultural de no mirarse al espejo

Las castas dirigentes de Occidente rechazan, en efecto, lo que perciben como un desafío a su posición de dominio. Conducidas por Washington y por las tres grandes capitales europeas, están dispuestas a llegar muy lejos para sostener ese liderazgo. Cuando los Estados consideran legítima cualquier medida sobre otros Estados, los individuos siempre pagan el precio, en cualquier latitud. De ahí que en Budapest se sostenga que en Bruselas sólo escuchan si sienten una fuerza enfrente.

Hacia dentro, el cuadro tampoco invita al optimismo: militarismo estatista, corrupción oligárquica y la promesa indefinida de «derechos positivos» —prestaciones, garantías, expansiones— que ningún presupuesto puede sostener. El relato del progreso ilustrado se ha transformado en un sistema de promesas insolventes que erosiona la confianza pública en las democracias mismas.

Aleksandr Solzhenitsyn lo advirtió en Harvard, en 1978: aferrarse a las fórmulas osificadas de la Ilustración resultaría retrógrado, y ese dogmatismo nos dejaría inermes ante los problemas reales. Aplicar aquel diagnóstico no significa renegar de la herencia occidental, que tanto ha aportado al patrimonio común de la humanidad. Significa devolverla a su escala: la de una tradición valiosa, pero no la única, y desde luego no inmune a la corrupción interna.

La ruptura del espejismo universalista, lejos de empobrecer a Occidente, le permitiría hablar con menos soberbia y, paradójicamente, con más autoridad. Quizá entonces sus principios fundacionales —los reales, los del individuo frente al poder— recuperen algo de la vigencia que sus propios herederos llevan demasiado tiempo dilapidando.