La Unión Europea avanza hacia una doble ampliación que sus habitantes no han votado ni tampoco han reclamado. Por un lado, Bruselas habla de incorporar hasta ocho nuevos Estados antes de 2030, como si bastara invocar la geopolítica para sustituir el debate democrático. Por otro, la población nacida fuera de la UE se ha acercado ya a los 64 millones de personas, casi el doble que en 2010, alterando de forma profunda la composición social del continente.
Ambos procesos tienen costes, consecuencias institucionales y efectos políticos de enorme alcance. Sin embargo, se presentan como «inevitables»: la ampliación, por necesidad estratégica; la inmigración masiva, por exigencia humanitaria o económica. El resultado es siempre el mismo: la discusión se estrecha y quien pregunta por la viabilidad, el mandato popular o la capacidad de absorción queda fuera del consenso aceptable.
Europa no puede construirse mediante hechos consumados. Una UE que cambia sus fronteras y su población sin preguntar a sus pueblos, lejos de fortalecer su proyecto, lo confirma como traición.
