Una parte mayoritaria del pensamiento económico europeo se dedica a esquivar la única pregunta que importa: ¿qué se hace con una deuda pública que ningún plan realista contempla devolver? Los grandes Estados de la eurozona —España, Italia, Francia, Bélgica— deben hoy bastante más de lo que producen en un año, y la tendencia, lejos de revertirse, se acelera. Y, sin embargo, el debate político sigue girando en torno a nuevas promesas de gasto, transferencias y subsidios, mientras la cuestión de fondo se aplaza una vez más.
La respuesta no se encuentra en la coyuntura. Se encuentra en una doctrina económica que cumple un siglo y que ha colonizado por completo el pensamiento de las instituciones europeas. Esa doctrina es el keynesianismo, y su gran virtud política —la única que explica su supervivencia frente a sus repetidos fracasos técnicos— es que dispensa al Estado de pensar en el largo plazo.
«A largo plazo, todos estaremos muertos»
La frase la lanzó John Maynard Keynes en 1923, irritado por las objeciones de los economistas ortodoxos acerca de las consecuencias futuras de la inflación. Era un chiste, pero también una doctrina: el horizonte temporal del decisor político se reduce al ciclo electoral, y todo lo que ocurra después se considera, técnicamente, problema de otros.
Un siglo después, conviene preguntarse si ese «largo plazo» no ha empezado ya. Las generaciones que pagan los intereses de una deuda que no contrajeron, que ven marcharse a sus mejores cualificados y a sus vecinos del norte empobrecerse a ojos vistas, tienen motivos sobrados para sospechar que sí.
El precedente que nadie quiere nombrar
La lógica de financiar al Estado con emisiones que nunca se devolverán no es una invención reciente. La Alemania de los años treinta perfeccionó un sistema en el que una sociedad ficticia emitía deuda; la banca estaba obligada a comprarla; los intereses se depositaban en cuentas de ahorro con prohibición expresa de retirar los fondos. El esquema permitió financiar simultáneamente el pleno empleo, la reactivación industrial y el rearme. Sólo era sostenible mediante un flujo constante de activos confiscados —dentro y fuera de las fronteras— y se vino abajo en cuanto el aparato militar dejó de avanzar.
El paralelismo con el modelo de financiación de la Europa actual resulta incómodo, pero las semejanzas técnicas son evidentes: emisión sin contraparte real, banca cautiva como compradora de último recurso, balance opaco y promesa implícita de que nadie pedirá nunca el principal de vuelta. Cambian los nombres y desaparecen los aspectos más brutales del original, pero la arquitectura monetaria es de la misma familia.
El oro como freno, no como amuleto
Los economistas de la Escuela Austriaca, empezando por Ludwig von Mises y Murray Rothbard, defendieron el patrón oro no por veneración hacia el metal, sino por desconfianza hacia el poder político. El oro, en efecto, es sólo un mineral. El argumento austriaco nunca fue otro: el oro no vale por sí mismo, sino porque ata las manos de quien imprime moneda. Obligar a un Estado a respaldar su divisa con algo equivale a imponerle un límite a lo que puede comprar —y, por tanto, al favor político que puede repartir entre electores y grupos de interés—. Nadie en un Ministerio de Hacienda ha echado de menos jamás esos grilletes.
Por eso los gobiernos prefieren a los keynesianos. Y por eso celebran su última encarnación, la Modern Monetary Theory (MMT), que postula sin rubor que un Estado con soberanía monetaria puede gastar cuanto necesite mientras los mercados sigan creyendo en su moneda. La fe sustituye al respaldo, y el banco central se convierte en el guardián de esa fe.
El espejo americano y la trampa europea
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció hace pocos meses que la deuda federal estadounidense, que ya supera los 39 billones de dólares, «no es insostenible, pero no terminará bien si no se hace algo pronto». La declaración tiene su ironía: la institución que durante medio siglo ha alimentado la expansión del crédito advierte ahora de las consecuencias de esa misma expansión.
El espejo europeo es, si cabe, más nítido. El Banco Central Europeo llegó a poseer cerca del 40% de la deuda española en circulación durante los años de las compras masivas, y la situación se repite con matices en Italia, Francia o Bélgica. Esa absorción permitió a los Tesoros del sur refinanciarse a tipos artificialmente bajos mientras el endeudamiento se duplicaba. La salida que se prepara en Fráncfort no se llamará bancarrota ni quita: se llamará «ingeniería financiera», y consistirá en mantener indefinidamente esos bonos en el balance del BCE, renovándolos sin vencimiento real. Una condonación silenciosa que erosionará la credibilidad del euro pero evitará, por ahora, la crisis política inmediata.
El final del largo plazo
Ya en 1963, cuando la deuda pública norteamericana era cien veces menor que la actual, Rothbard escribió que el camino conducía «a una inflación galopante y, con el tiempo, al colapso monetario y a la guerra económica en el exterior». La cita parece redactada esta semana.
La factura del siglo keynesiano no desaparece porque se reparta en el tiempo o se traslade al balance de un banco central. Cambia de manos, de divisa y de generación. Pero existe, y empieza a vencer. El largo plazo que Keynes despachó con un chiste ha llegado, sencillamente, a la Europa de hoy. Y ya no queda otra generación a la que delegarle el problema.
