Por primera vez en la historia, un Pontífice se ha dirigido a las Cortes Generales. Y en la sede misma de la soberanía nacional —con el Gobierno, las presidencias del Congreso y del Senado y la cúpula judicial escuchando desde el hemiciclo— León XIV ha elegido el argumento que menos esperaba el anfitrión: el del Pontífice que entrega al legislador una vara con la que medirse. «Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse». La aprobación acredita la forma de una ley, no su justicia: esta se prueba ante un tribunal anterior al propio Estado, porque hay una dignidad que el poder no concede sino reconoce, y que «no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento». La dignidad no se vota; esa afirmación sostiene todo el discurso, y delata de dónde viene.
La idea remite al discurso que Benedicto XVI pronunció ante el Parlamento Federal alemán el 22 de septiembre de 2011, donde Ratzinger fijó la línea con idéntica nitidez —para buena parte de la materia jurídica el criterio de la mayoría basta, pero «en las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre», el principio de la mayoría no basta—. León XIV lo hace suyo con fórmula propia: que la mayoría «respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar». Es la misma batalla en otro hemiciclo. No cita a Kelsen ni despliega el aparato contra el positivismo, pero hereda su conclusión: la dignidad pertenece a todo ser humano «por el hecho mismo de existir», la proclama la fe desde la Revelación y la reconoce también la sola razón. Ese matiz le permite invocarla ante un Parlamento aconfesional sin imponer un dogma.
La pregunta de Salamanca
Donde Benedicto apelaba a Jerusalén, Atenas y Roma, León XIV juega en casa: lleva la genealogía de esa dignidad a Salamanca, a la Escuela que hace quinientos años, «cuando se abrían mundos nuevos», preguntó por «el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder». Francisco de Vitoria y el totus orbis son, para el Papa, la aportación española a la conciencia jurídica universal, una herencia «nacida a orillas del Tormes». De ella extrae su formulación más rotunda —y la del propio titular—: el ser humano es alguien «cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa». El gesto es deliberadamente hispánico —esa dignidad ya late en la libertad que Cervantes proclamó «uno de los más preciosos dones» del cielo, el mismo Cervantes con cuya mirada esta revista leyó la llegada del Pontífice—, pero no idealiza: admite que «la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura», concesión honesta, distinta del relato que durante siglos sepultó la lucidez salmantina bajo la sombra alargada de la leyenda negra.
La vida, primer examen de la civilización
Si la dignidad es la vara, su primer expediente —y el más severo— es la vida misma, y es aquí donde el discurso muerde. León XIV lo ha planteado como una pregunta que el hemiciclo no podía esquivar: ¿puede llamarse plenamente justa «una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás»? Frente a la «cultura del descarte», su respuesta es una afirmación que ha querido desconfesionalizar de antemano: «La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización».
La frase desactiva el reflejo con que buena parte de la Cámara la habría archivado —dogma de creyentes, asunto privado— y la devuelve al terreno de la razón. Al pedir que la vida sea custodiada «desde su concepción hasta su ocaso natural», toca sin nombrarlas las dos leyes que enmarcan el debate español, el aborto y la eutanasia, y mide a la nación por su extremo más frágil: «la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad». Es, exactamente, una ley puesta a comparecer ante la dignidad; y cuando esa certeza se oscurece, advierte, «los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo». Por eso no reclama a las Cortes un retoque técnico, sino algo que no se aprueba en el Boletín Oficial: «hace falta también una renovación moral».
La misma vara, del hogar a la frontera
El criterio se extiende sin cambiar. Lo aplica a la familia como «primera escuela de humanidad» y al «derecho primario e inalienable» de los padres sobre la educación de sus hijos —pica clavada en el debate español sobre el currículo y la objeción—; a la inmigración, «cuestión eminentemente moral y jurídica» en la que equilibra la acogida con el «derecho a permanecer en la propia tierra»; a la libertad religiosa, que no puede «ser relegada al silencio»; y al rearme, advirtiendo que las armas «nunca podrán edificar una paz auténtica». Es la actualización de una doctrina social que lleva más de un siglo hablando del trabajo y el bien común, prolongada hasta la inteligencia artificial. La conclusión vuelve a la vara del comienzo: el examen que toda norma debe superar no es el del trámite, sino el de la dignidad.
La luz del lucernario
El cierre devuelve el discurso a Berlín por un camino inesperado. Benedicto había reprochado a la razón positivista encerrarse en un edificio sin ventanas; León XIV no repite la metáfora, la encuentra ya construida en el Salón de Sesiones. Señala el lucernario que corona la sala y observa que «esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera». La arquitectura del Congreso predica lo que el discurso argumenta: sobre la voluntad de la Cámara hay algo que la Cámara no fabricó.
Queda saber si España sabe descodificar ese mensaje. Como advertía esta casa al analizar la cobertura del viaje, buena parte del país ha extraviado la clave para leer un hecho religioso como religioso. La ovación de siete minutos, la más larga que recuerda la Cámara, ha medido la emoción del instante, no necesariamente la comprensión del argumento. Si la voz se disuelve en el ruido de las mesas de análisis, la culpa no será del mensajero, sino de una España que, al no reconocer a su Papa, tampoco se reconoce.
