España enfrenta un dilema demográfico y económico sin precedentes. Según un reciente informe de la Fundación Disenso, la llegada masiva de inmigrantes no está compensando la crisis del sistema de pensiones ni sosteniendo el Estado del Bienestar, como sostienen los discursos oficiales. Muy al contrario, los datos apuntan a que la inmigración no cualificada se ha convertido en una carga fiscal estructural para las arcas públicas.
España tiene hoy la segunda tasa de natalidad más baja de Europa (1,12 hijos por mujer contando con la inmigración masiva) y una de las esperanzas de vida más altas, con 84 años. Esto significa que cada generación perderá cerca de un 40% de su población, lo que deja en evidencia la fragilidad del modelo de pensiones basado en la «solidaridad intergeneracional»: los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados.
Si hay menos trabajadores y más pensionistas, el sistema se vuelve insostenible. Y esto no es algo nuevo ni tampoco algo que no se supiera. La estafa actual es piramidal y contraria a los intereses de los españoles como sociedad.
Desde 2010, la población mayor de 65 años ha crecido casi un 30%, mientras que la población en edad laboral apenas un 2%. El informe advierte de que el envejecimiento supone ya un 4,5% del aumento del gasto público, una cifra que irá in crescendo y que limitará gravemente el margen fiscal del Estado en las próximas décadas.
España no es país para españoles: el 90% de los nuevos trabajadores son extranjeros
«Vienen a pagarnos las pensiones»
Frente a esta realidad, las élites políticas y mediáticas han difundido la idea de que la inmigración es la solución al colapso demográfico. Sin embargo, el informe, basado en datos de la Seguridad Social, la OCDE y Fedea, demuestra que esta narrativa es económicamente falsa.
Las simulaciones no engañan: un hombre africano que llega a España con 18 años, trabaja toda su vida cobrando el salario medio de su grupo (20.060 euros) y se jubila a los 66 años, genera un saldo fiscal negativo de 158.000 euros. Si nace en España y estudia en la escuela pública, la cifra se dispara a -422.000 euros. Una familia tipo con dos hijos alcanza un déficit total superior a 1,4 millones de euros. Y esta deuda es únicamente la generada por las personas. A ésta súmese toda la del Estado: políticos, separatismos, subvenciones, ONGs… la vaca sagrada llamada España.
El problema no es la inmigración en sí, sino su perfil socioeconómico. España ha recibido en su mayoría inmigrantes con baja cualificación, bajos salarios y escasa participación laboral femenina (especialmente musulmana por la prohibición de trabajar). En consecuencia, sus aportaciones vía impuestos y cotizaciones no compensan el coste en educación, sanidad, subsidios y pensiones. Es más, lo dispara.
El único perfil con impacto fiscal positivo es el del inmigrante con estudios superiores y un salario medio superior a 45.000 euros anuales, una minoría ínfima dentro de los flujos migratorios actuales. En otras palabras, solo una inmigración selectiva y productiva podría contribuir realmente al sostenimiento del sistema.
Este enfoque no es exclusivo de Disenso. Países como Dinamarca o los Países Bajos han llegado a conclusiones similares: la inmigración procedente de países no occidentales genera déficits anuales por persona de entre 4.000 y 5.000 euros. Estas conclusiones llevaron a ambos gobiernos a reformular sus políticas migratorias, priorizando la entrada de trabajadores cualificados y limitando el acceso a ayudas sociales.
Cuando los grandes empresarios españoles, italianos o de cualquier otro país están pidiendo masivamente inmigración no europea no es por solidaridad, sino porque supone mano de obra barata, cuasi esclavizante y fácilmente reemplazable.
Un modelo insostenible
España, sin embargo, sigue apostando por un modelo abierto y asistencial que atrae población dependiente del sistema público. El resultado es una presión creciente sobre la sanidad, la educación y la vivienda social. Según el informe, más de un 50% de los extranjeros extracomunitarios vive en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 16% de los nacionales.
Además, el 90% del nuevo empleo creado entre 2024 y 2025 fue ocupado por inmigrantes, según datos de la Encuesta de Población Activa citados por los autores del texto. Pero estos empleos se concentran en sectores de baja productividad, como la hostelería o los servicios domésticos, sin capacidad de sostener la carga fiscal del Estado.
El informe concluye que no toda inmigración es igual: la clave no está en la cantidad, sino en la calidad. Mantener un modelo de puertas abiertas sin criterios de cualificación o integración equivale a hipotecar la sostenibilidad del Estado del Bienestar y profundizar las desigualdades sociales.
Y, como es habitual, atendiendo a las consecuencias más que conocidas por todos, es más fácil entender las verdaderas causas que se nos ocultan con mensajes sentimentalistas y eslóganes políticos. Para entender mejor esto, les remito a mi anterior artículo sobre el Plan Kalergi.
