El Valle de los Caídos, erigido como símbolo de reconciliación nacional tras la Guerra Civil, enfrenta hoy una resignificación ideológica con la intención de convertirlo en parque temático guerracivilista. El Gobierno del PSOE, curtido en la tarea en falsear la Historia —con una Ley de Memoria Democrática a su servicio— impulsa un proyecto que propone una grieta —según la RAE, dificultad que amenaza la unión— central para «facilitar el encuentro y el dialogo». Ironía orwelliana: una brecha artificial rompiendo el conjunto monumental que la comunidad benedictina que custodia el Valle define como lugar de reparación, oración y paz.
El proyecto ganador del concurso arquitectónico para la resignificación del Valle se llama La base y la Cruz y parece que no olvida el imperativo toque masónico tan presente últimamente en todo lo institucional: una gran estructura circular sustituirá a la escalinata de la Basílica y actuará como distribuidor de personas.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda urbana se aclara que La Piedad y las Virtudes Teologales no aparecen en el proyecto ganador por tratarse de una maqueta conceptual, en ningún caso porque vayan a ser elimandos. ¿Nos deja eso tranquilos? Absolutamente, no. Falta aclarar si el concurso es vinculante; nuestro interlocutor es el partido de la mentira y el engaño. Por otro lado, el asunto del Valle de los Caídos es una vieja obsesión de los socialistas. Recordemos que en 2010, María Teresa Fernández de la Vega, como vicepresidenta y responsable de Patrimonio Nacional, ordenó el cierre al público de la Basílica del Valle de los Caídos por supuestos daños estructurales, restringiendo severamente el acceso a la misa y asumiendo plena responsabilidad en la limitación del culto.
La oportunidad perdida radica en la incoación como Bien de Interés Cultural (BIC) del Valle. Nuestra época enfrenta una lucha espiritual e Isabel Díaz Ayuso ha tenido en su mano esta batalla. La Comunidad de Madrid, la misma que está a punto de enviar un mensaje navideño recordándonos las raíces cristianas de Europa, ha preferido ser cómplice de la profanación. La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (arts. 1, 12 y 35) protege integralmente el valor histórico, artístico y cultural, incluyendo el contexto inmaterial franquista: arquitectura basilical, cruz de 150 metros, abadía y paisaje. Desde la incoación, cualquier alteración —retirada de escudos, cambio de nombre a Cuelgamuros (o mejor, Pinar de Cuelga Moros, para no asumir el lenguaje enemigo), reinterpretación del relato o intervenciones en la basílica— requerirían autorización expresa de la Comisión de Patrimonio madrileña y el Ministerio de Cultura.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 17/1996) enfatiza que la protección abarca el «sentido histórico original», no un espacio neutro. Así, la grieta profanadora, las exhumaciones o la demolición de los símbolos religiosos chocarían con este escudo: informe técnico vinculante, procedimiento contradictorio y probable paralización judicial. Cada acción diabólica tendría su correspondiente conflicto con el BIC. Así, la brecha y el circulo masónico de la escalinata constituirían una alteración del patrimonio material e inmaterial; la retirada de símbolos ¿franquistas? desvirtuaría el valor histórico protegido; el nuevo relato victimista modificaría el contexto original y el relevo del prior, el padre Cantera, podría afectar al uso litúrgico benedictino.
En la Sierra de Guadarrama, entre jaras y pinos, el Valle custodia la dignidad de todos los caídos. Sin filiación. Los monjes benedictinos todavía hoy suturan las heridas que dejó la Guerra Civil española con oración y silencio. Cuelgamuros no sustituye al Valle de los Caídos y una grieta enorme no es un símbolo de unión y perdón. Preservar su esencia cristiana y reconciliadora exige resistencia espiritual y jurídica.
