El reciente accidente ferroviario de Urda, en Toledo, después de la tragedia de Adamuz, que el pasado mes de enero se cobró también muchas vidas, ha vuelto a colocar ante mis ojos una realidad que va mucho más allá de las circunstancias concretas de estos siniestros. Unas tragedias que sumadas a la Dana valenciana, el asalto a la frontera en Ceuta y sobre todo la indolencia de unos gobernantes incapaces de dar respuesta a los problemas y asumir responsabilidades sobre sus fracasos, obligan a preguntarse sobre la responsabilidad de quienes tienen encomendada la administración.
La política española atraviesa una crisis que no es únicamente institucional ni puede explicarse por el desgaste de unos partidos o la alternancia entre gobiernos. Es, sobre todo, una crisis de representación, de soberanía y de confianza. España necesita, estoy convencido de ello, un momento populista.
No me refiero al populismo como una estrategia electoral ni como una apelación sentimental a las frustraciones colectivas, aunque sean muchas y justificadas. Hablo de recuperar la dimensión política del pueblo, de devolverle su condición de sujeto soberano y de cuestionar un modelo en el que la democracia parece haberse reducido progresivamente a la elección periódica de unas élites que administran un sistema cuyos fundamentos apenas se someten a discusión.
Es importante volver a algunas de las reflexiones de Alain de Benoist y de la Nueva Derecha francesa, que siempre ofrecen elementos interesantes para repensar la política contemporánea. Su crítica a la hegemonía del pensamiento liberal, a la subordinación de la política a la economía y a la progresiva concentración del poder en estructuras oligárquicas plantea una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto puede considerarse democrática una sociedad en la que la soberanía popular encuentra tantos obstáculos para hacerse efectiva?
La recuperación de la política exige volver a colocar al pueblo en el centro. Y el pueblo no es una abstracción estadística, ni una suma de individuos aislados, ni una clientela electoral movilizada cada cuatro años. Es una comunidad histórica, cultural y social, construida sobre vínculos de pertenencia, intereses compartidos y un horizonte de futuro común. Una comunidad que necesita reconocerse como tal para poder decidir sobre su destino.
Es el momento de impulsar un amplio proyecto nacional-popular que no puede limitarse a la defensa retórica de la nación mientras se desatienden las condiciones materiales de quienes la sostienen. La vivienda, los salarios, el empleo estable, los servicios públicos, la sanidad, la educación, el acceso a las oportunidades y la protección de las familias deben ocupar el centro de cualquier proyecto de regeneración.
La prosperidad nacional no puede medirse exclusivamente por los indicadores macroeconómicos, sino también por la seguridad material y las posibilidades de vida de las mayorías populares. Se mide también por su capacidad para mantener sus infraestructuras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, prestar servicios públicos de calidad y responder con eficacia cuando surgen los problemas. La modernidad no consiste en exhibir grandes frases buenistas perfectas para lucir en una camiseta, sino en garantizar que las cosas funcionen. Y la confianza institucional no se recupera con declaraciones solemnes, sino con transparencia, responsabilidad y resultados.
España necesita, además, una regeneración que vaya más allá de la sustitución de unos dirigentes por otros. Necesita revisar sus estructuras institucionales, recuperar la ejemplaridad pública, fortalecer los mecanismos de participación y devolver a las instituciones su función de servicio a la ciudadanía. La nación no puede ser patrimonio de una clase política ni la democracia un procedimiento para perpetuarla.
El reto consiste en construir una alternativa capaz de superar las viejas fronteras ideológicas sin renunciar a una posición definida: nacional en su horizonte, popular en sus prioridades, social en sus compromisos y democrática en sus fundamentos. La patria y la justicia como espacio y objetivo del bien común.
Conviene, en este punto, distinguir entre justicia social y asistencialismo. La primera no consiste simplemente en paliar las consecuencias de la desigualdad mediante ayudas o prestaciones, sino en actuar sobre las condiciones estructurales que la producen y perpetúan. No se trata de administrar la precariedad, sino de combatirla; no de convertir a los ciudadanos en receptores dependientes de la protección institucional, sino de garantizarles autonomía, estabilidad y oportunidades reales.
Del mismo modo, lo nacional-popular no debe confundirse con un exclusivismo identitario que reduzca la nación a una cuestión de origen, genealogía o uniformidad cultural. La nación es también una comunidad de destino, un espacio de solidaridad, pertenencia y responsabilidad compartida.
Ese es, precisamente, el sentido integrador y transversal del nuevo momento populista que está por llegar. España necesita volver a ser algo más que un territorio administrado y una sociedad fragmentada. Necesita recuperar la voluntad de ser un proyecto colectivo que fusione, de nuevo, patria y pueblo.
