Se cumplen ciento treinta y cinco años de la publicación de Rerum Novarum, la encíclica con la que León XIII inauguró formalmente la doctrina social de la Iglesia. La efeméride no ha pasado inadvertida: León XIV ha querido firmar precisamente el 15 de mayo, día del aniversario, su primera encíclica, Magnifica humanitas, dedicada a la custodia de la persona ante la inteligencia artificial, y la elección misma del nombre de pontificado es ya un guiño deliberado al pontífice de 1891. El gesto merece ser reconocido. Pero el homenaje no agota la cuestión, y conviene volver al texto original, porque sus diagnósticos siguen interpelando con una franqueza que el lenguaje eclesiástico contemporáneo, casi siempre cauteloso, eufemístico y a veces declarativamente sentimental, ha dejado de imitar.
El texto se redactó como respuesta a las tensiones del primer capitalismo industrial y al avance de las corrientes socialistas. Su pretensión no fue diluirlas en una vía media, sino enfrentarlas con argumentos. Rerum Novarum designa al socialismo, sin perífrasis, como un «falso remedio» que perjudicaría antes que a nadie a los propios trabajadores y desordenaría a la comunidad entera. La franqueza de aquel diagnóstico contrasta con la prudencia diplomática de buena parte de los documentos sociales posteriores, más interesados en evitar la fricción que en señalar el error.
La propiedad como derecho natural
El núcleo de Rerum Novarum no es económico, sino antropológico. La propiedad no se justifica por la utilidad, ni por el contrato, ni siquiera por la costumbre: pertenece al hombre por naturaleza. León XIII razona que, si Dios entregó la tierra al género humano, lo hizo sin asignar de antemano cada porción a nadie en particular, dejando precisamente a la industria del hombre y a las leyes de los pueblos la tarea de repartirla y trabajarla. El fruto del trabajo es del trabajador, y la tierra trabajada se incorpora a su esfera moral. Privarle de ese fruto, advierte la encíclica, es robar al legítimo poseedor, distorsionar la función del Estado y sembrar la confusión en la sociedad.
Ya en 1848, el sacerdote y filósofo Antonio Rosmini había defendido en su Constitución según la justicia social un modelo de orden político fundado en la propiedad privada y firmemente opuesto a cualquier redistribución coactiva de la riqueza. La continuidad entre Rosmini, León XIII y, antes que ellos, la escolástica de Salamanca, pone de manifiesto una tradición coherente que el lugar común contemporáneo se empeña en sepultar bajo el adjetivo de «liberalismo», como si defender hoy lo que la Iglesia enseñó durante siglos se hubiese convertido en una rareza ideológica.
El igualitarismo como descenso
León XIII no se limita a defender la propiedad. Defiende también la desigualdad, en un sentido muy concreto: la diferencia natural entre los hombres. Los hombres —observa la encíclica— difieren en inteligencia, en diligencia, en salud y en fuerza; y de esas diferencias inevitables brotan, con la misma naturalidad, las distinciones sociales. La frase, dicha sin retórica, escandaliza al oído contemporáneo, educado en la convicción de que toda asimetría es una injusticia que el Estado debe corregir.
Murray Rothbard, leído con devoción por el catolicismo conservador anglosajón, lo formuló sin contemplaciones: el mundo perfectamente igualitario sería una humanidad de criaturas idénticas, despojadas de variedad y de creatividad. Detrás del igualitarismo, en su versión colectivista, no late un afán de elevación, sino una pulsión de nivelación a la baja. La pobreza, recuerda Rerum Novarum, es la condición normal y mayoritaria de la humanidad a lo largo de la historia; la riqueza es la excepción, fruto del trabajo, del ahorro y de la innovación. Pretender abolir esa excepción no produce justicia, sino miseria igualada.
Caridad ordenada y Estado limitado
Lo que separa la doctrina católica clásica del progresismo asistencial no es, conviene insistir, la voluntad de socorrer al débil. Es la idea misma de orden. Santo Tomás enseñó que la caridad tiene una jerarquía y empieza por los más cercanos. Esa enseñanza, recordada hace pocas semanas en estas páginas a propósito de los obispos españoles, no es una concesión al egoísmo: es la condición misma de la coherencia moral. El amor sin jerarquía acaba siendo sentimentalismo, y el sentimentalismo, aplicado a la política, desemboca casi siempre en una caridad que arruina al cercano para parecer hospitalaria con el lejano.
León XIII deriva de ahí una consecuencia política muy precisa: el Estado debe garantizar la propiedad y la prosperidad privadas, no absorberlas. El hombre sin propiedad —se sigue de su argumento— acaba siendo un autómata en manos de un Estado depredador, dilema que la historia del siglo XX confirmó con una pulcritud sangrienta. Cuando la encíclica enumera las causas de la prosperidad de las naciones, menciona las buenas costumbres, el orden familiar, la observancia de la religión y la justicia, la moderación tributaria, el florecimiento de la industria, el comercio y la agricultura. Todo lo contrario, en suma, del programa redistributivo que hoy se presenta como única lectura «cristiana» de la economía.
Una doctrina que merece ser releída
El interés de Rerum Novarum, más allá de los homenajes que con razón ha recibido este año, no es arqueológico. Reside en que ofrece un lenguaje que el catolicismo contemporáneo parece haber atenuado y que el debate público español necesita con cierta urgencia. Mientras León XIV se ocupa, legítimamente, de las nuevas res novae —algoritmos, automatización, dignidad del trabajo en la era digital—, la cuestión que su predecesor abordó con tanta claridad no ha desaparecido: sigue habiendo Estados que avanzan sobre la propiedad de sus ciudadanos con la convicción tranquila de su superioridad ética, sigue habiendo discursos que tratan la acumulación honesta como un escándalo moral, y sigue siendo necesario recordar que la propiedad privada fue durante siglos un principio cristiano antes que «liberal». No es un gesto reaccionario: es una restauración de la memoria.
Releer hoy a León XIII es, en último término, comprobar que la sensatez no envejece y que muchas de las llamadas «novedades» del progresismo católico no son sino viejos errores que la Iglesia ya había nombrado —y combatido— con admirable claridad.
