Donald Trump impondrá una intervención federal sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad de Washington. Desplegará a la Guardia Nacional e invocará una disposición para asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia con el fin de hacer frente a la la inseguridad endémica de la ciudad. Todo ello, «para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria».
La violencia es un problema serio en la capital de los Estados Unidos desde hace demasiado tiempo, despreciado por la alcaldesa Muriel Bowser y el resto de concejales, todos del Partido Demócrata. Como la mayoría de las grandes ciudades del país, Washington experimentó un repunte del crimen durante los confinamientos. Un análisis del investigador Jeff Asher muestra que los homicidios alcanzaron un pico en diciembre de 2023 y han descendido de forma constante desde entonces; el total acumulado hasta el mes pasado en 2025 equivale al mismo periodo de 2019. Los robos de coches a mano armada también han bajado; Asher señala que julio registró la cifra mensual más baja desde mayo de 2020.
Más allá del pasado reciente, las tendencias son menos alentadoras. Aunque las tasas globales de delitos violentos están cerca de mínimos de 30 años, la tasa de homicidios de Washington ya venía subiendo desde antes de que el centro de la ciudad quedase prácticamente desierto durante demasiado tiempo con la excusa de un virus. Según los datos de Asher, a finales de 2024 la tasa era inferior a la de 2023, pero todavía aproximadamente un 70% más alta que hace una década. Y aunque los robos de vehículos han caído, siguen por encima de los niveles anteriores a 2020. Además, Asher señala ciertas discrepancias entre las estadísticas oficiales de delitos violentos de la ciudad y las que remite al FBI, siendo estas últimas más conservadoras en la caída de la violencia total.
Ambas series de datos parecen no coincidir con la percepción de los residentes. Aproximadamente el 65% dijeron al Washington Post el año pasado que el crimen es un problema «muy» o «extremadamente» grave, incluso mientras descendía la violencia. Quizá se trate de una reacción a un aumento medible del desorden público: infracciones menores como la vagancia, el hurto en tiendas o las condiciones insalubres, que influyen en nuestra percepción del crimen grave. La falta de vivienda no atendida o las solicitudes de intervención sanitaria a la línea municipal 311 se han disparado, y la tendencia continúa este año. Cuando Trump señala del aumento de la «miseria», no está desencaminado.
Una capital demasiado peligrosa
Se podrá discutir si esos problemas justifican necesariamente una intervención federal. Lo que sí podría hacerlo es que, aunque el crimen esté bajando, Washington sigue siendo mucho más peligrosa de lo que debería ser la capital de los Estados Unidos. De cualquier país, de hecho.
La tasa de homicidios en 2024 (unos 26,4 por cada 100.000 habitantes) es inferior a la de 2023 y a la de su pico en la década de 1990. Pero, según datos del Council on Criminal Justice, sigue siendo casi siete veces mayor que la de Nueva York (3,8 por 100.000). También supera a la de Filadelfia, Atlanta e incluso Chicago. De hecho, se acerca más a la de ciudades con fama de violentas como Memphis y Detroit que a la de otras grandes urbes.
El crimen tiene un impacto devastador en las comunidades afectadas. En 2023, el año más reciente con datos completos, 3,4 de cada 1.000 varones negros de entre 15 y 24 años murieron asesinados en Washington. Casi todos, a manos de otros hombres de su misma raza. Es una tasa casi 3,5 veces superior a la nacional. No todo Washington puede compararse con un «país en guerra», pero estas cifras de mortalidad son equiparables a las de los soldados estadounidenses en Afganistán e Irak. Y sus efectos indirectos sobre el resto de la ciudad (cierres de negocios, huida a los suburbios) son similares en naturaleza, si no en magnitud.
Intervención federal
Una intervención federal en el aparato de seguridad de Washington podría, en teoría, abordar este problema, aunque está lejos de estar garantizado. Existe el riesgo de que el Gobierno federal actúe de cara a la galería durante los 30 días (periodo en el que Trump probablemente mantendrá el control de la Policía Metropolitana) y luego proclame la victoria mientras la violencia sigue su tendencia a la baja. Eso haría poco por resolver los problemas de fondo.
Si el presidente quiere realmente marcar la diferencia y no sólo aparentar firmeza, debería centrar sus recursos en las personas y lugares que hacen que el Distrito sea inusualmente inseguro. La ciudad ya ha identificado a «los pocos influyentes» que provocan la gran mayoría de los delitos violentos. La prioridad debe ser detener, procesar e incapacitar a esas personas lo antes posible.
Conviene concentrarse en los lugares donde el crimen es más intenso. La relación entre el nivel de criminalidad de una zona policial y su dotación de agentes es mínima. El Police Executive Research Forum, en su evaluación del cuerpo, detectó que los agentes menos experimentados son los más propensos a ser destinados a las áreas más conflictivas. La investigación demuestra que desplegar agentes veteranos reduce tanto el crimen como el uso de la fuerza: justo lo contrario de lo que hace el Ayuntamiento de Washington. La Administración podría cambiar esto de un modo que quizá la ciudad no pueda.
Una acción razonable por necesaria contra el desorden es reasignar agentes para ayudar en el desalojo de campamentos y vigilar el Metro. Una presencia policial visible redundará en que la gente se sienta —y esté— más segura. La gravedad de la situación durante tanto tiempo respalda la posición de Trump. Washington es una ciudad peligrosa. El problema es real.
