Cuatro décadas después de la primera ley del aborto en España, la evolución de las cifras habla del estado moral de un país. En 1985, año de la despenalización en tres supuestos, se practicaron 411 abortos. Lo que comenzó como una regulación limitada —el caso aislado— ha derivado en método anticonceptivo.
En 1995 los abortos superaban ya los 49.000. Una década más tarde, en 2005, se alcanzaron los 91.664, preludio de la gran reforma de 2010 que instauró la ley de plazos, permitiendo el asesinato del bebé no nacido hasta la semana 14. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante: en 2015 hubo 94.188 abortos, en 2023 más de 103.000 y en 2024, según datos provisionales, se superaron los 106.000. Cada año, una cifra récord.
En España, el país con la tasa de natalidad más baja de Europa, se asesinan cada año cien mil niños en el vientre de su madre. La sociedad parece haber asumido el aborto como un simple dato estadístico. Lo que fue presentado como un recurso excepcional es ahora un método anticonceptivo más, la principal herramienta para vaciar España de españoles, mientras la opinión publicada azuza la invasión migratoria.
