La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), fundada por Monseñor Marcel Lefebvre, ha lanzado un duro órdago a la Santa Sede al anunciar que nombrará nuevos obispos el próximo 1 de julio, sin contar con la aprobación del Papa León XIV. La decisión se enmarca en el dilatado conflicto que la Fraternidad mantiene con Roma al no aceptar la deriva doctrinal propiciada por el Concilio Vaticano II. En esta ocasión, si finalmente se cumpliese el anuncio, estaríamos ante un nuevo cisma en el seno de la Iglesia.
Hace pocos días, se celebró una reunión en Roma para tratar de evitar la ruptura de facto que supondrían los nuevos nombramientos de obispos. El cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, y el Superior General de la Fraternidad, el padre Pagliarani, mantuvieron un encuentro de una hora y media que fue calificado por ambas partes de «cordial», si bien no produjo ninguno de los frutos esperados. Fernández propuso a Pagliarani mantener un diálogo basado en la aceptación, por parte de la Fraternidad, de unos «mínimos para la plena comunión con la Iglesia Católica». A cambio, la Fraternidad debería suspender el anuncio de nombrar a nuevos obispos el primer día del mes de julio.
En una carta enviada con posterioridad a esa reunión, el Superior General expresa con claridad a Fernández el motivo principal por el que no le es posible aceptar su propuesta; Pagliarani afirma con rotundidad que «no pueden ponerse de acuerdo en materia doctrinal, especialmente en lo que se refiere a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el CVII», y aclara: «Este desacuerdo, por parte de la Fraternidad, no constituye una simple divergencia de opiniones, sino un verdadero caso de conciencia nacido de lo que resulta ser una ruptura con la tradición de la Iglesia». Además, añade que ese complejo nudo «se ha vuelto aún más inextricable con los desarrollos doctrinales y pastorales surgidos durante los últimos pontificados».
Aunque la carta tiene un indiscutible tono de respeto y voluntad sincera de encuentro, también es lo bastante sincera como para expresar que no ve cómo se podría avanzar en ese diálogo cuando el propio Fernández le recordó durante la reunión del 12 de febrero que «los textos del Concilio no pueden ser corregidos, ni puede cuestionarse la legitimidad de la reforma litúrgica», a pesar de que el CVII fue convocado con una finalidad pastoral y no doctrinal.
Fue el pasado 2 de febrero, apenas diez días antes del citado encuentro en Roma, cuando el Superior General de la Fraternidad hizo público el anuncio del nuevo nombramiento de obispos el 1 de julio próximo «coincidiendo con la fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor». Y añadía: «Sí, consagraciones. Una vez más. No para desafiar a la Iglesia, no es un desafío. Consagraciones por fidelidad a la Iglesia y a las almas». Para Pagliarani, «la ley que prima sobre todas las demás en la Iglesia es la salvación de las almas; no es el comadreo, ni el sínodo, ni el ecumenismo, ni los experimentos litúrgicos, sino la salvación de las almas. Esa es la ley suprema».
Aunque el Superior de la FSSPX ha expresado su deseo de poder entrevistarse con el Papa León XIV antes del 1 de julio para transmitirle personalmente la verdadera intención de su anuncio, todo parece indicar que seguirá siendo el cardenal Fernández quien se haga cargo de la gestión del conflicto.
La Fraternidad se ha apresurado esta semana a aclarar a través de sus redes sociales que, según la enseñanza constante de la Iglesia, una consagración episcopal no autorizada por la Santa Sede, cuando no va acompañada ni de una intención cismática, ni de la colación de la jurisdicción, «no constituye una ruptura de la comunión de la Iglesia».
El precedente de Econe en 1988
Lo que sobrevuela el ambiente de este tira y afloja es el precedente de Econe, ciudad suiza donde Monseñor Lefebvre consagró obispos a cuatro sacerdotes de la Fraternidad: Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta. Era el 30 de junio de 1988. Estas consagraciones se hicieron pese a la prohibición explícita del entonces Papa, Juan Pablo II, y sin el mandato apostólico requerido por el Derecho Canónico.
La consecuencia fue inmediata: la Santa Sede declaró que tanto Lefebvre como su ayudante (el obispo brasileño Antonio de Castro Mayer) y los cuatro nuevos obispos incurrieron en excomunión latae sententiae (automática) por consagrar y recibir la consagración episcopal sin mandato del Pontífice.
Sólo unos días después, en un motu proprio titulado Ecclesia Dei adflicta (2 de julio de 1988), Juan Pablo II calificó el nombramiento de obispos como «acto cismático» y creó estructuras para acoger a quienes querían la liturgia tradicional en comunión con Roma. A nadie se le escapa el valor simbólico de que el nuevo anuncio realizado por la Fraternidad para el nombramiento de obispos sea para el 1 de julio, justo 38 años después de aquel precedente.
No cambió el criterio papal, aunque sí los gestos hacia esta comunidad, con la llegada de Benedicto XVI a la silla de Pedro. El pontífice alemán consideró que los nombramientos de obispos de 1988 fueron cismáticos, pero en 2009, como señal de misericordia que posibilitase el diálogo entre ambas partes, levantó la excomunión a los cuatro obispos de la Fraternidad.
Sin embargo, ese gesto disciplinar y no doctrinal (hacia las personas pero sin cambiar el criterio) no solucionaba el conflicto de fondo; de hecho, lo que propuso Benedicto XVI fue una «hermenéutica de continuidad» en la interpretación del Concilio Vaticano II, rechazando tanto la ruptura de tinte progresista como la tradicionalista, lo que chocaba frontalmente con las aspiraciones de los lefebvristas.
Quedan aún varios meses hasta el primero de julio, y sin duda una hipotética entrevista entre León XIV y monseñor Pagliarani podría allanar el terreno para la solución del desacuerdo. De momento, el cisma está a la vista y tiene fecha.
