En su viaje apostólico a España, sobre todo en Canarias, se temía que León XIV se sumara al relato de la Conferencia Episcopal —es decir, de los obispos— resumido en fronteras abiertas, culpa para la gente corriente y silencio sobre el sufrimiento de los que, inermes, acogen con lo que no tienen. Y no ha sido así.
El Papa ha denunciado a las mafias que «organizan rutas de muerte, trafican con personas […] y convierten el sufrimiento ajeno en negocio», y les ha lanzado un mandato: «¡Deténganse. Conviértanse!». Y una advertencia que ya ningún tribunal humano se atreve a formular: «habrán de comparecer ante la justicia divina».
También ha recordado a quienes llegan que la acogida no los exime de deberes. Les ha exhortado a «aprender su lengua, respetar sus leyes, conocer sus costumbres». Porque «la dignidad reconocida como derecho florece cuando se convierte en responsabilidad».
A pesar de los obispos españoles, el Papa ha reivindicado que una caridad que olvida a las víctimas locales, que no exige al verdugo arrepentirse ni al huésped integrarse, no es caridad, sino complicidad disfrazada de humanitarismo.
