Cuando la dignidad humana depende de una mayoría parlamentaria, de una moda ideológica o de una conveniencia presupuestaria, pasa a ser una mercancía más del cambalache burocrático. Si el Estado no reconoce derechos, sino que los concede, en consecuencia, puede creerse ungido para arrebatar al ser humano su dignidad, en tanto «derecho» pasa a ser sinónimo de ella.
La dignidad precede a la ley porque pertenece a cada hombre como criatura. No nace del consenso ni de las mayorías, por absolutas que puedan ser, ni admite excepciones utilitarias. La vida humana no puede quedar a disposición del poder, ni siquiera cuando este se presenta revestido de compasión, progreso o autonomía individual.
Dignidad, verdad y vida son tres caras de lo mismo. Sin verdad, la dignidad se convierte en una palabra vacía. Sin dignidad, la vida queda expuesta al cálculo de los fuertes. Como ha recordado León XIV ante las Cortes, «una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse».
Cuando la ley deja de proteger al más débil, deja también de ser justa, aunque haya sido aprobada en una votación. Una sociedad se mide por aquello que considera innegociable.
