Se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la ley de Eutanasia y los datos muestran un aumento constante de las solicitudes y de las muertes, mientras los cuidados paliativos continúan infrafinanciados, desigualmente repartidos y, en muchos casos, inaccesibles para quienes los necesitan.
El Congreso de los Diputados aprobó 2021 la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y España pasó a ser el sexto país del mundo cuyo Estado acaba de manera legal con la vida de sus ciudadanos (fuera del vientre de su madre). Desde su entrada en vigor hasta finales de 2023 (cuando existen datos oficiales), se han registrado 1.515 solicitudes, de las cuales 697 culminaron en una muerte provocada. El número de peticiones ha ido en aumento: 173 en 2021, 576 en 2022 y 766 en 2023. En ese último año, se realizaron 334 eutanasias.
El ritmo ascendente ha sido interpretado por parte de los partidarios de la «muerte asistida» como un signo de aceptación social. En cambio, el crecimiento es más inducido que espontáneo: las administraciones públicas impulsan la eutanasia con protocolos ágiles y dotación técnica, mientras los recursos para cuidados paliativos se estancan o menguan.
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Falsa única salida
La ley reconoce el derecho del paciente a solicitar la eutanasia si padece una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, con el coladero que ello comporta. En la práctica, se presenta como la única salida ofrecida para muchos pacientes que carecen de acceso a un equipo de cuidados paliativos que les permita sobrellevar su enfermedad o su vejez, una vía más costosa para las instituciones públicas, beneficiarias en último término de la muerte de ciudadanos enfermos y mayores.
España cuenta con 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, cuando la media recomendada por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos es de al menos 2 por cada 100.000. Además, existen grandes desigualdades territoriales: mientras comunidades como Navarra o La Rioja presentan modelos avanzados de acompañamiento, otras como Andalucía, Canarias o Castilla-La Mancha apenas cubren las necesidades básicas en esta materia. Precisamente las dos regiones donde los cuidados paliativos están más implantados son las que presentan un número más reducido de eutanasias. En el otro extremo, como epicentro de la muerte patrocinada por el Estado y financiada con dinero público en España, destaca Cataluña.
En ocasiones, por motivos económicos o burocráticos, la única puerta abierta para quien sufre es la eutanasia. La falta de acompañamiento psicológico, analgesia avanzada y atención domiciliaria real, supone en términos prácticos que la ley no garantiza la libertad del paciente: le empuja a morir, como «única opción digna».
Facilidades para morir y dificultades para cuidar
El modelo de eutanasia español no exige haber agotado las vías paliativas antes de la solicitud ni obliga a que la persona sea valorada por un equipo multidisciplinar en cuidados del final de la vida. Este hecho ha llevado a expertos a señalar que la eutanasia, más que un último recurso, puede estar siendo tratada como una solución rápida y económica para sistemas sanitarios tensionados.
Llama la atención la rapidez con la que se tramitan muchas solicitudes de eutanasia, con plazos en ocasiones de 30 días, frente a las listas de espera o la inexistencia de atención paliativa especializada. Muchos enfermos fallecen sin haber tenido acceso a cuidados paliativos.
En 2023, un 47 % de las eutanasias se realizaron en hospitales públicos, mientras que un 44 % tuvieron lugar en el domicilio del paciente o en residencias. El proceso está mayoritariamente gestionado por médicos de atención primaria. Los profesionales sanitarios que se oponen a esta tendencia denuncian una infrautilización estructural de los cuidados paliativos, pese a que España dispone de legislación y protocolos desde hace más de una década para promoverlos.
Aunque la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia, en algunas comunidades autónomas los profesionales que se acogen a él son señalados o excluidos de ciertos circuitos asistenciales. Hay centros donde el médico que objeta no vuelve a ser convocado a participar en procesos de final de acompañamiento.
El cuidado es más caro que la muerte
Mientras Bélgica y los Países Bajos, dos de los epicentros del asesinato financiado, han desarrollado un modelo que combina el acceso libre a la eutanasia con un sistema paliativo robusto, en España aún no se ha producido esa simetría. Según la Organización Médica Colegial: «Es esencial garantizar que ninguna persona opte por morir porque no le hemos ofrecido una alternativa digna para vivir sus últimos días».
Los datos muestran que el llamado «derecho a morir» se ha consolidado en términos jurídicos, mientras la disponibiliadd, financiación y promoción del derecho a ser cuidado sigue en una fase muy poco desarrollada. No sólo eso, en tiempos recientes la Sanidad Vasca, por ejemplo, ha sancionado a un médico —pediatra, para más señas— por aplicar este tipo de tratamientos fuera de su horario.
Cuando el Estado promueve la muerte de sus contribuyentes (opción económica) sobre el cuidado del vulnerable (opción humana), el servicio no es de la administración a quien solicita el «suicidio» (ser asesinado), sino de la persona al sistema, en forma de ahorro.
