La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha advertido esta semana de que el encarecimiento de la vivienda ha empezado a erosionar un derecho elemental: el de tener un techo. Su informe anual, presentado el 11 de junio en Viena bajo el título Fundamental Rights Report – Challenges and achievements in 2025, ha situado ese problema en el centro de un diagnóstico más amplio sobre el estado de los derechos en el continente. Las cifras son contundentes y, sobre todo, no son discutibles: proceden de Eurostat. El reproche que merecen, en cambio, no apunta hacia donde el documento da a entender. Porque la institución que constata el daño es, en buena medida, la que sostiene las políticas que lo producen.
El armazón estadístico del informe es sólido. Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda subió en el conjunto de la Unión un 53%, y los alquileres, casi un 17%. La Federación Europea de Organizaciones que Trabajan con las Personas sin Hogar (Feantsa) calcula que cerca de 1,3 millones de personas carecían de techo en la UE en 2025, frente a las 895.000 que recogía el informe precedente, referido a 2023 —si bien la propia agencia matiza que ambos recuentos descansan en metodologías nacionales que no permiten una comparación limpia—. El dato distributivo es el más elocuente: más de dos tercios de los europeos son propietarios de su vivienda, pero entre quienes viven por debajo del umbral de pobreza lo son menos de la mitad. Y son los jóvenes quienes encabezan la lista de los expulsados del mercado. Hasta aquí, el retrato es exacto. El silencio empieza en las causas.
La demanda que el informe no nombra
Un precio sube cuando hay más demanda que oferta. Sobre el primer término, el informe es notablemente discreto: no hay vivienda que no se encarezca cuando la población crece de manera acelerada y concentrada en las mismas ciudades. La presión demográfica que ha transformado el parque inmobiliario de las grandes capitales no es un fenómeno meteorológico, sino el resultado de una política migratoria sostenida durante dos décadas, cuyo efecto sobre la vivienda en una ciudad como Madrid hemos documentado con los datos del padrón. La FRA, lejos de incorporar esa variable, la refuerza: recuerda que el derecho a una vivienda adecuada ampara a todos, «incluidos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo». Es coherente con un marco de derechos universales; es incoherente con la aritmética. La misma Comisión que prometió erradicar la pobreza en la Unión para 2050 mantiene abiertos los flujos que, año tras año, suman demanda a un mercado tensionado. Una Europa que altera su composición sin consultar a sus pueblos difícilmente puede después extrañarse de que el techo escasee.
La oferta que Bruselas encarece
El segundo término de la ecuación —la oferta— tampoco sale indemne. En diciembre de 2025, la Comisión presentó su primer plan paneuropeo de vivienda asequible: cifró en dos millones las viviendas nuevas necesarias cada año, fijó un objetivo de 650.000 unidades adicionales anuales con un coste cercano a los 150.000 millones de euros y ligó el esfuerzo a la Nueva Bauhaus Europea, el programa con el que la Unión financia una construcción que califica de sostenible y accesible. El problema es que esa misma «sostenibilidad» normativa —exigencias de eficiencia, materiales, tramitación— encarece cada metro cuadrado que se levanta. No es casual que más de medio centenar de académicos advirtieran de que el plan de la Comisión amenaza con agravar la crisis antes que aliviarla. Una Bauhaus dotada con 1.400 millones que apenas deja huella visible y un objetivo de obra nueva que choca con el coste regulatorio que la propia Unión impone componen una contradicción difícil de sostener: se subvenciona con una mano lo que se encarece con la otra.
La competencia que se quiere conquistar
Queda la pregunta de fondo: ¿por qué Bruselas se ocupa de la vivienda? La política de suelo, alquiler y construcción ha sido históricamente una competencia nacional, con las palancas en manos de los Estados y no de la Comisión. El informe de la FRA aporta la pieza jurídica que faltaba para revertir ese reparto: insiste en anclar las políticas de vivienda en el Derecho de los derechos fundamentales de la Unión y en el Derecho internacional. La maniobra es conocida. En marzo de 2026, el Parlamento Europeo reconoció por primera vez el acceso a una vivienda digna y asequible como derecho fundamental, con 367 votos a favor y 166 en contra; antes, la Comisión había nombrado a su primer comisario de Vivienda y prometido una cumbre europea sobre la materia. Recalificar un asunto como «derecho fundamental» es el procedimiento ordinario para trasladar su gestión del Estado a la instancia supranacional. El diagnóstico de la escasez se convierte así en el título habilitante para administrarla desde arriba.
El círculo que se cierra
El informe de la FRA es sincero en el síntoma y mudo en su propia responsabilidad. Describe con precisión a quién deja sin techo el encarecimiento —jóvenes, hogares vulnerables, inquilinos del mercado privado— y omite que la demanda disparada y la oferta encarecida obedecen, en parte sustancial, a decisiones tomadas o amparadas en Bruselas. El resultado es un razonamiento circular: la Unión constata un problema que sus políticas alimentan, lo reviste de lenguaje de derechos y reclama, como remedio, más competencia comunitaria sobre la materia. Quien quiera entender la crisis de la vivienda europea hará bien en leer las cifras de la FRA. Y en desconfiar de la cura que el mismo documento propone, porque coincide punto por punto con la enfermedad.
