Durante la última década, la llamada «transición ecológica» se ha alzado impuesto como uno de los principales ejes de la acción política y la no menos eufemística «movilización de recursos» en Occidente. Gobiernos nacionales, instituciones supranacionales y organismos reguladores han impulsado una amplia batería de impuestos, subsidios, normas y planes de gasto bajo el pretexto de mitigar el cambio climático y acelerar el paso hacia una economía descarbonizada. Sin embargo, el consenso político y mediático en torno a estas políticas ha ignorado, cuando no ocultado, el coste real y los resultados concretos.
Ésas son la cuestiones que plantea el informe La factura de las políticas verdes, elaborado por el autor de LA IBERIA e investigador de CEU-CEFAS Ricardo Martín de Almagro, que analiza con detalle el alcance fiscal, regulatorio y climático de la transición ecológica, especialmente en la Unión Europea y los Estados Unidos.
Un entramado fiscal sin precedentes
Uno de los datos más llamativos del informe es el volumen de instrumentos fiscales creados con fines medioambientales. Según la clasificación de la OCDE, los Estados Unidos lideran el mundo con 260 impuestos y tasas «verdes», mientras que España ocupa el primer puesto en Europa y el cuarto a nivel global, con 80 figuras tributarias de este tipo. No se trata solo de impuestos sobre la energía o las emisiones, sino de un abanico cada vez más amplio de gravámenes que afectan a hogares, empresas y consumidores finales.
A este entramado impositivo se suma una extensa red de subvenciones y transferencias públicas. De nuevo, los Estados Unidos encabezan la clasificación mundial con 291 ayudas medioambientales, seguido muy de cerca por España, que acumula 90 instrumentos de este tipo, situándose como la segunda economía de la OCDE con mayor número de subsidios verdes. El resultado es un modelo de intervención múltiple, basado tanto en la penalización fiscal como en el incentivo económico, orientado a reconfigurar el sistema productivo.
Miles de millones recaudados en nombre del clima
El esfuerzo fiscal asociado a estas políticas alcanza cifras difícilmente imaginables. Entre 2013 y 2022, solo en la Unión Europea se recaudaron más de 25,7 billones de euros bajo la justificación de la «transición ecológica». Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y España concentran más del 60% de esa recaudación total, reflejo tanto de su tamaño económico como de la intensidad de sus políticas ambientales.
Cuando esos datos se trasladan al plano individual, el impacto resulta aún más elocuente. En promedio, cada europeo ha soportado una carga acumulada superior a los 130.000 euros en impuestos y tasas medioambientales durante ese periodo. En países como Dinamarca, Luxemburgo o Países Bajos, la cifra per cápita supera con creces los 200.000 euros, llegando en algunos casos a rozar los 320.000 euros acumulados.
El informe subraya que estas cifras no implican que cada ciudadano haya pagado directamente esas cantidades, sino que reflejan el volumen de recursos movilizados por el Estado dentro de cada jurisdicción. Aun así, constituyen una medida clara del peso económico que la transición ecológica ha introducido en las economías europeas.
El auge de la «economía verde»
Paralelamente al aumento de impuestos y subsidios, el sector económico vinculado a la sostenibilidad ha experimentado un crecimiento notable. Desde la crisis financiera de 2008 y, especialmente, tras el virus, la inversión verde ha aumentado a un ritmo superior al de la masa monetaria global. En 2008, las inversiones clasificadas como verdes representaban poco más de un 1% de la liquidez mundial; en 2023, esa proporción alcanzaba ya casi un 7%.
Este crecimiento, sin embargo, no ha ido acompañado de una contribución proporcional al PIB. El informe apunta a la posible formación de una burbuja impulsada por la intervención pública, en la que la expansión del sector depende en gran medida de subsidios, regulación favorable y financiación institucional, más que de una demanda genuina del mercado.
El contraste resulta especialmente visible durante los años de la pandemia. Mientras la economía de la zona euro se contraía con fuerza, el gasto en protección ambiental continuó creciendo, apoyado por los fondos NextGeneration y otros programas de estímulo. Para los autores del informe, este comportamiento refuerza la idea de que el desarrollo del sector verde difícilmente habría sido comparable en ausencia de ese respaldo público masivo.
Una regulación omnipresente
Más allá del plano fiscal, la transición ecológica se ha traducido en un despliegue normativo sin precedentes. Según la base de datos PINE de la OCDE, existen actualmente más de 3.180 normas medioambientales en vigor en todo el mundo, de las cuales cerca del 60% se concentran en Europa. Directivas, reglamentos, leyes nacionales, normas autonómicas y ordenanzas locales configuran un marco regulatorio que afecta de manera transversal a prácticamente todos los sectores económicos.
Este impulso regulador ha ido acompañado de la creación de agencias, sistemas de certificación y mecanismos de control que incrementan la burocracia asociada al cumplimiento ambiental. El informe advierte de que este entramado normativo genera dinámicas de extracción de rentas y búsqueda de subsidios, desplazando la innovación y la competencia como motores del cambio.
Impacto climático y coste de oportunidad
Al analizar los resultados en términos climáticos con modelos del IPCC y simulaciones de la Heritage Foundation, el estudio evalúa el efecto de reducciones progresivas —incluso totales— de las emisiones de CO₂ en los Estados Unidos y la Unión Europea.
Las conclusiones son contundentes: incluso si ambas regiones eliminaran el 100% de sus emisiones, la reducción del aumento de la temperatura global sería limitada. En el mejor de los escenarios, el impacto conjunto apenas alcanzaría los 0,17°C en 2050 y los 0,36°C en 2100. Dicho de otro modo, aun con un esfuerzo descarbonizador total, la temperatura global seguiría aumentando más de 3°C a finales de siglo.
El informe plantea una reflexión sobre el coste de oportunidad de las políticas actuales y sobre la creciente dependencia del sector ambiental respecto al poder público. Tras más de una década de impuestos, subsidios y regulación intensiva, los resultados climáticos son insignificanres frente al enorme esfuerzo económico exigido a ciudadanos y empresas. La pregunta obligada es si la «transición ecológica» responde realmente a un objetivo ambiental eficaz o si es un mecanismo estructural de recaudación y control.
