Washington ha comenzado a publicar millones de documentos de los conocidos como Epstein files tras años de presión política real, de esa que cuesta carreras, reputaciones y silencios incómodos. No está todo, ni de lejos. Faltan vídeos, faltan fotografías, faltan archivos completos y faltan piezas clave que, según numerosos testimonios, existen y fueron cuidadosamente apartadas. Aun así, lo que ha salido a la luz basta para entender en qué mundo se mueven determinadas élites cuando se apagan los focos mediáticos y el glamour al que nos tienen acostumbrados se transforma en un auténtico parque del terror.
Cada vez que el caso Jeffrey Epstein regresa a la agenda pública, la reacción del establishment es casi automática. No se investiga más, se desvía la atención. La última versión de esta huida hacia delante consiste en insinuar, sin pruebas concluyentes, una supuesta conexión con Rusia, un eco demasiado reconocible del Russiagate que durante años monopolizó el debate político en torno a Donald Trump. El mecanismo es siempre el mismo: cuando un escándalo amenaza con exponer estructuras reales de poder, transversales y profundamente corruptas, se invoca a un enemigo externo para cerrar filas, proteger reputaciones y liquidar preguntas incómodas.
Pero el caso Epstein no es geopolítica ni una operación extranjera encubierta. Es, con alta probabilidad, la manifestación visible de una red internacional de pedofilia y abusos sexuales que operó durante décadas con la connivencia —activa o pasiva— de élites políticas, financieras, mediáticas y de inteligencia en varios países occidentales. Negarlo a estas alturas exige más fe que admitirlo.
Reducir el escándalo a la figura de Epstein es una coartada narrativa eficaz, pero falsa. Epstein fue el operador visible, el intermediario funcional, no el sistema que lo hizo posible. Sus recursos financieros desproporcionados, su acceso continuado a jefes de Estado, miembros de la realeza, académicos influyentes y grandes empresarios, así como la indulgencia judicial de la que gozó durante años, sólo se explican dentro de una arquitectura de protección mucho más amplia.
Los documentos de Epstein (registros de vuelos, agendas, testimonios sellados y acuerdos judiciales opacos) dibujan una red con ramificaciones en los Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. La condena de Ghislaine Maxwell, cuidadosamente acotada a su papel individual y desvinculada de cualquier investigación estructural profunda, refuerza la impresión de que se sacrificó a intermediarios para preservar intacto el entramado.
El aspecto más perturbador del caso, y precisamente por eso el menos explorado, es la posible implicación de servicios de inteligencia. No se trata de una teoría extravagante, sino de una hipótesis funcional respaldada por exagentes, periodistas de investigación y precedentes históricos bien documentados. Las redes de explotación sexual han sido, en distintos momentos, uno de los instrumentos más eficaces para el chantaje político y la captura de voluntades.
El mecanismo es conocido y despiadado. Se compromete a figuras influyentes en delitos espantosos, se documentan esos delitos y la información resultante se utiliza para condicionar decisiones políticas, económicas o estratégicas. Casos anteriores en los Estados Unidos y en Europa muestran patrones similares. Lo que distingue al caso Epstein es la escala internacional y el nivel de las élites implicadas.
Cuando se analiza el acceso privilegiado de Epstein a los círculos del poder y el trato excepcionalmente benévolo que recibió por parte de la justicia estadounidense, incluido el acuerdo de no procesamiento de 2008, las preguntas se imponen por sí solas. ¿Quién sabía? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado? ¿Y qué se obtuvo a cambio de ese silencio?
Todo lo conocido hasta ahora conduce a una conclusión inquietante: esto es sólo la punta del iceberg. Si los documentos parcialmente desclasificados, los testimonios filtrados y las condenas limitadas ya describen un entramado de abusos de alcance global, resulta inevitable preguntarse cómo será la parte que permanece oculta. Faltan los archivos completos, faltan los registros audiovisuales que numerosos testigos han mencionado y faltan, sobre todo, las pruebas más comprometedoras que nunca llegaron a ver la luz pública.
Lo que se ha hecho visible parece cuidadosamente dosificado. Hay material suficiente para escandalizar, para mantener la atención durante unos días y luego pasar página, pero no para desmantelar el sistema. Esa dosificación selectiva sugiere que existe un volumen de información muy superior, retenido por razones que poco tienen que ver con la protección de las víctimas y mucho con la autoprotección del poder.
La tentativa de vincular retrospectivamente el caso Epstein con Rusia no aporta claridad, sino ruido. Es el mismo recurso utilizado durante el Russiagate: sustituir un problema sistémico interno por una amenaza externa difusa. De este modo, el establishment occidental se presenta como víctima, el escándalo se convierte en una cuestión de seguridad nacional y cualquier investigación independiente puede desacreditarse como desinformación o propaganda extranjera.
El caso Epstein ha tenido, además, un efecto colateral que conviene no minimizar. Ha demostrado que una parte significativa de lo que durante años se despachó como «teorías conspirativas» no sólo tenía base real, sino que describía con bastante precisión dinámicas de poder que hoy empiezan a confirmarse. Redes de abuso, encubrimientos sistemáticos, chantaje sexual y complicidades institucionales ya no son sospechas marginales, sino hechos parcialmente acreditados.
La etiqueta de «conspiración» ha vuelto a funcionar como instrumento de control del discurso. Sirvió para desacreditar preguntas legítimas y proteger a quienes tenían más que perder si se investigaba de verdad.
No menos inquietante es el silencio de una parte de la derecha política y mediática. No responde a la ignorancia, sino al cálculo. Llevar el caso Epstein hasta sus últimas consecuencias implicaría señalar no sólo a figuras progresistas o globalistas —aunque conviene recordar que el globalismo no entiende de ideologías clásicas—, sino también a actores conservadores, donantes influyentes, instituciones respetadas y alianzas que quizá no son lo que aparentan.
Ese silencio erosiona la credibilidad moral de quienes dicen defender la familia, la infancia y el orden social. No es coherente denunciar la corrupción cultural o determinadas ideologías mientras se evita afrontar el mayor escándalo de abuso sexual organizado de nuestra era por miedo a quién pueda verse implicado. La protección de los menores no admite dobles estándares.
La pregunta central no es si Epstein tuvo contactos con Rusia, con Israel o con cualquier otro actor geopolítico. La pregunta decisiva es cómo fue posible que durante décadas operara una red internacional de abusos sexuales a menores al servicio del poder sin que nadie rindiera cuentas de forma plena.
Si lo que ya se conoce resulta perturbador, lo que permanece oculto debería inquietar aún más. Mientras esa parte del iceberg siga bajo el agua, cualquier narrativa alternativa funcionará como cortina de humo. El caso Epstein exige una investigación internacional, independiente y sin tabúes ideológicos. Todo lo demás no es esclarecimiento, sino simple administración del escándalo.
