Durante generaciones, el poder económico español tuvo domicilio reconocible. La gran banca, las familias industriales, los palacetes de Neguri y los despachos de la Castellana. Esa geografía ya no dice quién manda en la Bolsa. Los verdaderos propietarios del Ibex 35 operan hoy desde Hudson Yards, en Manhattan; desde Malvern, en Pensilvania; desde la plaza de Oslo donde Noruega convierte el petróleo del mar del Norte en cartera financiera. Sólo esas tres firmas —BlackRock, Vanguard y el fondo soberano noruego— atesoran títulos del mercado español por valor de 113.687 millones de euros.
La cifra resume una mutación que el lenguaje técnico de los informes bursátiles tiende a disimular: la Bolsa española ha dejado de ser un patrimonio nacional para convertirse en un patrimonio supranacional, administrado desde fuera y al servicio de intereses que no responden ante ningún elector español. No fue un accidente, sino la suma ordenada de decisiones tomadas a lo largo de cuatro décadas. Conviene reconstruir cómo se llegó hasta aquí.
El último informe de propiedad de acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME), con datos al cierre de 2024, certifica que un 48,7% de los títulos del mercado nacional está en manos de inversores extranjeros. Si lo que se mide es el valor de mercado, la cota supera el 60%. La paradoja se cierra por arriba y por abajo: en 2025, los mercados exteriores aportaron el 65% de la facturación de los grupos del Ibex, de modo que el índice es cada vez menos español tanto por el origen de sus ingresos como por la nacionalidad de sus dueños. El detalle remata el cuadro: el propio gestor de la Bolsa, BME, pertenece desde hace años al grupo suizo SIX. Hasta el edificio donde se contrata el patrimonio cotizado español cotiza, a su vez, en una matriz extranjera.
España no es una excepción europea, pero sí un caso agudo. En la Bolsa de Londres los inversores foráneos rozan el 59%; en el Cac 40 francés, el 50%. La diferencia española está en la velocidad: ningún otro mercado comparable ha visto desplomarse el peso de sus familias con semejante rapidez.
Cómo se vació el accionariado nacional
El control extranjero se construyó por fases, como recuerdan quienes vivieron la transformación del parqué. La primera fue la liberalización de la inversión extranjera de 1986, el año del ingreso en la Comunidad Europea. Llegaron después las privatizaciones de los noventa —el llamado «capitalismo popular», que prometía repartir las joyas públicas entre los pequeños ahorradores—, la entrada en el euro en 1999 y, decisivo, el desembarco de los grandes intermediarios anglosajones, que compraron las casas de valores españolas y orientaron el negocio hacia el cliente institucional foráneo.
Mientras entraban los de fuera, se retiraban los anclajes de dentro. Las familias españolas, que en 1998 llegaron a controlar el 35% de las acciones, han caído al 15,8%. El Estado se ha desplomado del 16,6% de 1992 a un 4,1%. La banca desmanteló sus carteras industriales para financiar su expansión exterior y, más tarde, por exigencias regulatorias. El fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, en 2011, cerró además la puerta a los tramos minoristas: desde entonces apenas hay colocaciones que reserven acciones a las familias españolas. El hueco lo ocupó una marea profesional. El auge de los fondos indexados y los ETF —que replican mecánicamente la composición del índice— convirtió a Vanguard y BlackRock en propietarios estructurales de todo lo que cotiza, comprado no por convicción sobre una empresa concreta, sino por el simple hecho de figurar en el Ibex.
Los nuevos dueños del parqué
El mayor propietario de acciones españolas es BlackRock, el mayor gestor de activos del planeta, con unos 94.000 millones de euros invertidos en España. Es primer accionista del Banco Santander (6,86%) y del BBVA (7,16%), controla el 7,17% de Repsol y el 5,99% de Telefónica. No hay valor del Ibex donde no llegue. Vanguard, rey de la gestión pasiva, figura ya en el Santander (6,1%), Iberdrola (4,75%) o el BBVA (4,91%). El fondo soberano noruego, con 2,2 billones de dólares, posee acciones de casi todas las cotizadas del índice, aunque rara vez supere el umbral del 3%. En conjunto, 8.634 fondos de inversión tienen participaciones en el Ibex: 6.108 europeos y 2.161 estadounidenses. Pero el peso que decide es anglosajón.
Los inversores internacionales —se argumenta desde el propio mercado— aportan liquidez, financiación y prácticas de gobierno corporativo más exigentes; su presencia sería la señal de un mercado maduro, homologado con los de su entorno. El razonamiento no es falso, pero esquiva lo esencial, y lo esquiva incluso para quienes lo defienden. El propio Javier Zapata, secretario general de Emisores Españoles, reconoce que la entrada masiva de fondos foráneos implica perder el control nacional sobre numerosas sociedades, sujetas a estrategias globales y a reequilibrios de cartera decididos lejos de España, con menor influencia sobre los sectores estratégicos.
Ahí reside la sustancia de lo supranacional. La banca, la energía, las telecomunicaciones y las grandes infraestructuras españolas —su núcleo productivo— tienen hoy como propietario último una lógica de cartera que se administra en Manhattan o en Pensilvania, no un interés nacional al que rendir cuentas. No es una cuestión de mejor o peor gestión: es una cuestión de a quién pertenece, en última instancia, la capacidad de decidir. Y la respuesta ya no está en España.
El nombre ibérico de una propiedad extranjera
El Gobierno, la CNMV y parte de la industria empujan ahora la «cuenta única» de ahorro, un vehículo fiscalmente ventajoso para devolver a las familias al mercado. Pero el problema no es de fontanería fiscal. La misma lógica que ha puesto el 92% del mercado inmobiliario prime en manos internacionales y que encadena al Tesoro al balance del Banco Central Europeo a través de una deuda que ya nadie espera devolver ha capturado también el corazón cotizado de la economía española.
El Ibex nació el 14 de enero de 1992 con un nombre que es acrónimo de Iberian Index y una génesis puramente técnica: servir de subyacente a la contratación de derivados. Tres décadas después, conserva el apellido ibérico, pero sus escrituras de propiedad se archivan fuera.
