Confiar es entregar a otro algo valioso con la seguridad de que lo guardará. Es el gesto que sostiene cualquier contrato, cualquier amistad, cualquier comercio: damos crédito a quien creemos que cumplirá. Por eso resulta llamativo que el ciudadano contemporáneo deposite su confianza más exigente —la que afecta al valor de su trabajo, sus ahorros y su pan— en manos de funcionarios a los que no ha elegido y a los que no puede pedir cuentas. Nadie firma ese contrato: se hereda. Y, sin embargo, de su cumplimiento depende que el dinero que uno gana hoy siga valiendo algo mañana.
El dinero es, antes que un instrumento técnico, una promesa. Durante siglos esa promesa estuvo respaldada por una sustancia que el burócrata no podía fabricar: el oro. Comprender cómo dejó de estarlo —y a quién se confió después— explica buena parte de la inquietud económica de nuestro tiempo.
Las dos promesas de la banca
La banca nació cumpliendo dos funciones distintas que conviene no confundir. Una era la custodia: el depositante entregaba su dinero para que se lo guardaran y esperaba poder retirarlo íntegro en cualquier momento. La otra era el préstamo: el ahorrador aceptaba que sus fondos se prestaran a terceros a cambio de un rédito, renunciando a disponer de ellos de inmediato. La primera promete disponibilidad; la segunda, rentabilidad.
El problema surge cuando una misma institución hace ambas promesas sobre el mismo dinero. Bajo el sistema de reserva fraccionaria, el banco presta buena parte de lo que custodia, de modo que existen más derechos sobre el dinero que dinero disponible para satisfacerlos. Mientras nadie lo reclama, el mecanismo funciona. Pero cuando los depositantes acuden en masa a recuperar lo suyo —los célebres «pánicos» del siglo XIX, las retiradas masivas—, descubren que su dinero se prestó y no está. La promesa de custodia y la de rentabilidad chocan.
La solución que idearon banqueros y políticos a comienzos del siglo XX fue un banco central capaz de actuar como «prestamista de última instancia»: la entidad incapaz de devolver los depósitos podría tomar prestadas reservas de él y seguir abierta. En los Estados Unidos ese papel lo asumió la Reserva Federal, creada en 1913. Quedaba en pie una pregunta incómoda: ¿de dónde sacaba el banco central el dinero que prestaba?
Del oro al decreto
Hasta 1933 esa pregunta tenía un límite natural. El dólar era convertible en oro, y la obligación de canje imponía una disciplina: por mucho dinero que se quisiera crear, había que poder respaldarlo. La Gran Depresión convirtió ese freno, a ojos de muchos economistas, en un estorbo para la recuperación.
El desenlace fue veloz. En abril de 1933, una orden ejecutiva prohibió a los estadounidenses atesorar oro y les obligó a entregarlo a la Reserva Federal bajo amenaza de multa y cárcel. Al año siguiente, el Estado elevó por decreto el precio del oro de 20,67 a 35 dólares la onza: quienes habían entregado su metal meses antes se quedaron sin la revalorización. La devaluación la decidió el funcionario; la pagó el ciudadano.
El último vínculo se rompió en agosto de 1971, cuando Washington dejó de canjear por oro los dólares en manos de gobiernos extranjeros. Desde entonces el dinero es pura fe: ya no vale por lo que contiene, sino por lo que decide quien lo emite. La confianza dejó de descansar en una sustancia y pasó a depositarse, entera, en el criterio de unos banqueros centrales.
El impuesto que nadie aprueba
Aquí está el nudo de la cuestión. A diferencia del falsificador, el banco central crea dinero de forma legal; el efecto económico, sin embargo, se parece. El dinero nuevo entra en la economía antes de que los precios se ajusten: quien lo recibe primero —el Estado y los suyos— compra a precios viejos, y quien lo recibe tarde —el asalariado, el ahorrador— descubre que sus euros compran menos. A eso se le llama inflación, y opera como un tributo que nadie ha votado y que ni siquiera figura en el presupuesto.
El beneficiario es siempre el mismo. Cuando el banco central adquiere deuda pública con dinero recién creado, el Estado engorda y se vuelve más propenso a gastar por encima de lo que recauda. España lo ilustra con crudeza: el Tesoro destina ya más de 35.000 millones de euros al año a pagar intereses, casi tanto como todo el presupuesto de Sanidad, y buena parte de esa deuda descansa en un balance del que se confía que nunca exija su devolución real. La factura no se anuncia: se diluye en la devaluación silenciosa de la moneda.
La confianza, ahora en Fráncfort
Para el español el asunto tiene un matiz propio. Al adoptar el euro, renunció a la peseta y, con ella, a la última brizna de soberanía monetaria que aún residía en Madrid. Hoy el valor de su dinero no lo decide un funcionario español al que, al menos en teoría, podría señalar: lo decide el Banco Central Europeo, en Fráncfort, todavía más lejos de su voto y de su lengua. La confianza se ha trasladado, pero no ha ganado ni en cercanía ni en rendición de cuentas.
Por encima incluso de los bancos centrales operan los grandes gestores de activos. BlackRock administra ya más riqueza que el producto interior bruto de casi cualquier país y no responde ante electores, sino ante accionistas. El ciudadano que confía en su moneda confía, sin saberlo, en una cadena de instituciones cada vez más remotas y menos sujetas a su escrutinio.
No es un alegato contra el dinero ni contra la banca, sino una constatación: cada eslabón que se añadió a esa cadena se justificó como un remedio —contra los pánicos, contra la depresión, contra la crisis de deuda— y cada uno alejó la decisión del que la padece. Frente a ese orden basado en la autoridad última hay otro, más viejo y más fiable, que gobierna a diario miles de millones de intercambios sin necesidad de imponerse: el del contrato, la palabra dada y la reputación, donde quien incumple paga. Conviene recordarlo cada vez que alguien nos pide que nos fiemos de un burócrata.
