Se ha normalizado con inquietante ligereza la práctica de convocar elecciones cuando no toca, no para resolver un bloqueo real, sino para debilitar al socio incómodo y así evitar la tediosa tarea de pactar presupuestos y llegar a acuerdos. No se trata de un recurso democrático, sino de un atajo táctico, por cierto, dadas las experiencias de Extremadura y Aragón, con resultados opuestos a los deseados.
La democracia no consiste en pulsar el botón electoral cada vez que las encuestas sonríen o cuando conviene ajustar cuentas. Consiste en gobernar con los equilibrios que las urnas han fijado y en asumir que pactar es una obligación, no una humillación. Forzar elecciones para dañar al interlocutor degrada el mandato recibido y hace del calendario institucional un arma partidista.
