En diciembre de 2025 supimos por varias noticias que el número de empleados públicos en España supera por primera vez los 3,1 millones. No es que hiciera falta el dato concreto, porque es una evidencia: si el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales… son cada vez más expansivas, tienen cada vez más brazos, piernas y apéndices varios (organismos autónomos, entes de Derecho público, empresas públicas, universidades públicas, observatorios…), es obvio que cada vez habrá más personas trabajando para ellas.
Los poderes públicos invaden más y más parcelas de la vida pública y privada y, en consecuencia, necesitan personal. Baste para comprobarlo, por no fiarlo todo a datos fríos, cumplir este propósito: en nuestros paseos por la calle, fijémonos en cuántos organismos que suenen a público podemos identificar. Con fijarnos durante un par de semanas podremos observar por nosotros mismos que la expansión de lo público es inmisericorde y, demasiado a menudo, injustificada.
El sector público, además, está ejerciendo una vis atractiva cada vez más difícil de vencer para jóvenes y no tan jóvenes: frente a un mercado laboral precarizado, con sueldos estancados desde hace ya décadas y horarios muchas veces incompatibles con una vida familiar y social remotamente digna de tal nombre, el empleo público se presenta como un horizonte seguro y cómodo. De ahí la huida al sector público que muchos trabajadores han emprendido en los últimos años.
Qué es ser funcionario público. Quién debería serlo
Vamos a olvidar aquí las diferencias —cada vez más sutiles— entre personal laboral y funcionarios públicos genuinos y centrémonos en el sentido de su existencia. Una Administración como la española, basada en el sistema francés napoleónico, fue diseñada, en sus orígenes, para servir al bien común. Mantengamos la ficción, a los propósitos de este artículo, de que el bien común sigue siendo lo que persiguen los gobernantes.
Para que la búsqueda y consecución de ese bien común, que cambia con el tiempo y, qué duda cabe, con los dirigentes políticos de turno, tuviese un mínimo de continuidad, una garantía de estabilidad, se contaba con un grupo de personas dedicados en exclusiva a esas tareas propias del Estado moderno: los funcionarios públicos. El Gobierno era y es por su naturaleza —¡menos mal!— mudable, pero la función pública no.
Partimos entonces de que, como el Estado se diseña —mucho suponer— para lograr el bien común, necesitamos una serie de funcionarios públicos que tengan ese objetivo como horizonte propio de su función. Se trata de evitar que, si los gobernantes se desvían de ese noble propósito, arrastren con ellos a todo el Estado, como estructura diseñada para ordenar la vida en sociedad.
La inamovilidad del empleado
Ese propósito justifica precisamente uno de los mayores atractivos del empleo público: la inamovilidad del empleado; hablando en plata, que no te pueden «echar» —al menos, no sin enormes dificultades—. El sentido de esta garantía de inamovilidad es permitir al funcionario público ejercer sus funciones sin que presiones externas —del gobernante de turno, generalmente— le fuercen a desviarse de ese bien común al que debe tender en el día a día de su labor. Que su vocación de servicio público no se vea manchada por intereses ajenos, que le impidan actuar con imparcialidad y objetividad. Si el empleado público tiene miedo a la censura, a la sanción o al despido, es fácil que ceda ante presiones o intereses espurios.
Esta garantía de inamovilidad se concreta, en definitiva, en el deber y el privilegio de decir «no». ¿A quién? A todo aquel que pretenda del funcionario una actuación legal o moralmente reprochable. Como el Gobierno (el poder ejecutivo) dirige la Administración, ese privilegio de decir «no», esa garantía de inamovilidad, resulta esencial para evitar injerencias del poder político en ámbitos que sólo deberían ser guiados por el bien común. Ser funcionario comporta, qué duda cabe, considerables privilegios, empezando por la inamovilidad; por eso no se debe aceptar que acceda a la función pública cualquiera que vaya a prestar servicios en una Administración.
Quién debería ser funcionario público
Únicamente aquéllos que necesiten ese privilegio de inamovilidad para poder ejercer con imparcialidad, objetividad y serenidad su función. Cualquiera podemos pensar en ejemplos obvios de servidores públicos que deben gozar de esas garantías y privilegios: jueces, interventores, policías… Y también, seguro, se nos ocurren muchos otros que no necesitan ser inamovibles de sus puestos de trabajo para poder ejercerlos correctamente. Es más, muchas veces esa inamovilidad pervierte un buen servicio público, haciendo olvidar los deberes y llevando a disfrutar gozosamente de los privilegios a quien ocupa —término muy administrativo y muy gráfico— un puesto en particular.
Es una obviedad que no hay 3,1 millones de puestos de trabajo públicos para cuyo ejercicio correcto sea necesario que lo ocupe un funcionario público. No es aventurado concluir, además, que esa expansión del empleo público, espoleada por gobernantes que han olvidado la finalidad de la buena política, ha llevado a un segundo —o tercer— plano lo que debería ser el principal motivo de quien decide opositar: la vocación de servicio público. Relegada ésta, toman fuerza otros motivos que indiqué al principio.
Se trata de una sensación general, que cuenta con honrosísimas y no menores excepciones de funcionarios que se dejan la vida —a veces, de forma trágicamente literal— por cumplir con el servicio público que tienen encomendado. Funcionarios que no han olvidado que sus privilegios son correlatos de un deber de servicio público que juraron ejercer, por su conciencia y honor, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes… Nótese que el juramento o promesa no sólo incluye esa referencia estrictamente positivista, sino que incluye una referencia que apela sin duda a la virtud de quien lo presta: la conciencia y el honor.
Por eso es esperanzador comprobar cuántos funcionarios no han olvidado el juramento que prestaron, ni el servicio público que llevan a hombros y que prestan de la mejor manera posible, a pesar de presiones políticas, unas más sutiles y otras más explícitas, y de una carestía de medios sospechosamente selectiva. Hay quienes no han olvidado que tienen el deber y el privilegio de decir «no». Demos gracias por ellos.
