Mientras el gobierno federal de los Estados Unidos trabaja para «llevar la paz» a Oriente Medio, Europa del Este y Asia Oriental, se enfrenta a un problema cuando menos embarazoso. Actualmente, una oleada histórica de crímenes violentos azota a los residentes de la capital federal, Washington, DC.
Con 274 homicidios, 2023 fue el año con más muertes violentas registradas en la ciudad desde la década de 1990. Los tiroteos, robos de coches y atracos a mano armada también aumentaron en la ciudad.
Algunas partes del Distrito de Columbia han sido inseguras durante mucho tiempo, pero la violencia está afectando ahora a zonas consideradas normalmente mucho más seguras. Y los miembros del Gobierno Federal lo están notando personalmente. El pasado febrero, la representante Demócrata Angie Craig fue agredida en el ascensor de su edificio de Washington. Al mes siguiente, un empleado del senador Rand Paul (R-KY) fue apuñalado varias veces a un kilómetro y medio del Capitolio. En octubre, el representante Henry Cuellar (Demócrata de Texas) fue asaltado a punta de pistola en la calle K, donde tienen su sede muchas de las principales firmas cabilderas. Semanas después, un empleado de la senadora Katie Britt (R-AK) fue atracado a punta de pistola, también a un kilómetro y medio del Capitolio.
Y la tendencia ha continuado en 2024. La semana pasada, un exfuncionario de la administración de Donald Trump murió tiroteado durante otro robo de coche en la calle K.
Responsabilidad del Gobierno Federal
Esto debería ser especialmente embarazoso para los líderes de la Administración Biden. Mientras intentan llevar la paz y la seguridad a todo el mundo con bombas y alianzas militares cada vez mayores, sus propios empleados corren peligro físico a pocas manzanas de las oficinas del Capitolio. El Gobierno Federal está a cargo de la mayor parte del sistema de justicia penal del DC, por lo que tiene una gran responsabilidad en lo que está sucediendo.
En 2021, Joe Biden nombró a Matthew Graves fiscal encargado de la justicia del distrito. Al final de su primer año, la oficina de Graves se había negado a procesar a dos de cada tres detenidos. Al año siguiente, en 2023, su oficina se negó a procesar a un 44% de los arrestados.
El discurso político sobre el sistema de justicia penal suele ser horrible. Los progresistas suelen citar, con razón, como problema el hecho de que la población americana está encarcelada en exceso. Pero en lugar de culpar al Gobierno por convertir tantos actos legítimos y pacíficos en delitos graves, los progresistas culpan al clasismo y la supremacía blanca. Y luego se manifiestan para reducir las partidas presupuestarias de la Policía y eligen a fiscales que reducen los procesamientos en todos los ámbitos, incluso para los delitos violentos reales. Los resultados son los que vemos hoy en el DC y en otras ciudades del país controladas por los demócratas.
Los conservadores —en realidad, todos los no progres— reaccionan con legítimo horror, pero a menudo se apresuran a reclamar soluciones igual de imprecisas. La verdadera raíz del problema es que el gobierno ha monopolizado la protección de la persona y la propiedad. Nos impide optar por delegar ese servicio en otra entidad y, en muchos casos, incluso cobra a la gente por proteger su propia persona o propiedad.
Eso ya es malo porque los monopolios dan lugar a un servicio excesivamente caro y de baja calidad. Pero es aún peor cuando los gobiernos se niegan a prestar el mismo servicio que monopolizan. La clave de la justicia y la seguridad no reside en un aumento o disminución generalizados de la vigilancia policial, el encarcelamiento o el enjuiciamiento, sino en un compromiso coherente con los derechos y su protección efectiva.
Si el Gobierno Federal no ofrece eso en su propio patio trasero, ¿por qué esperar que lo haga mejor en cualquier otro lugar?
Connor O’Keeffe produce contenido en el Instituto Mises
