El gobierno ha anunciado recientemente el cobro de una tasa o tarifa a los vehículos que circulen por las autovías españolas, algo más conocido como peaje, pero que el Ejecutivo, en un ejercicio de manipulación del lenguaje, se niega a llamar por su nombre. La razón a la que los partidos del Gobierno aluden para justificar la aplicación de estos peajes es que las autovías tienen un coste de mantenimiento que hay que cubrir, y lo más adecuado es que lo financien aquellos usuarios que las utilizan y en la medida en que hacen uso de ellas.
¿Cuál es el coste de mantener las autovías?
Según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), deberían dedicarse cada año 1.300 millones de euros a la conservación de las carreteras para mantenerlas en buen estado y realizar una inversión en la misma magnitud que los países de nuestro entorno. Actualmente, el Estado destina tan sólo unos 750 millones de euros anuales a esta tarea. Queda claro, por tanto, que es necesario aumentar la inversión en mantenimiento del sistema de carreteras. No sólo eso, sino que deberían compensarse los déficits de inversión de los años pasados, que ACEX cifra en torno a los 8.000 millones de euros.
¿Por qué financiarlo mediante peajes?
Bajo un sistema de peajes, aquellos usuarios que más utilizan las carreteras —aquellos, por tanto, que más las desgastan— pagarán más para mantenerlas. Cada usuario paga en función de los kilómetros que recorre. La financiación de las autovías por peajes garantiza repercutir su coste sobre los que más las utilizan, sobre los que más se benefician de su existencia. Este método de financiarlas permitiría aliviar la carga fiscal sobre aquellos ciudadanos que pagan impuestos que, supuestamente, se destinan en parte a la construcción y el mantenimiento de las carreteras, pero que no hacen uso de ellas. Por tanto, parece más justo que su financiación sea realice mediante peajes que mediante impuestos ordinarios. Hasta aquí, todo bien con la propuesta.
¿Cuál es, entonces, el problema de esta medida?
Ya existen otros impuestos que, en teoría, se destinan a este fin, impuestos relacionados con los vehículos, la circulación, etc. A continuación, enumeramos dichos impuestos y su recaudación en el año 2018:
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- Impuesto de matriculación: 456 millones de euros.
- Impuesto sobre la transmisión de coches de segunda mano: 523 millones de euros.
- Impuesto de circulación: 2.905 millones de euros.
- IVA por la compra de nuevos coches: 4.856 millones de euros.
- IVA sobre los carburantes: 7.360 millones de euros.
- Impuesto especial de hidrocarburos: 13.452 millones de euros al año.
En total, estos impuestos recaudaron en 2018 casi 30 mil millones de euros, es decir, unas 23 veces lo necesario para mantener las carreteras. Sólo con estos impuestos, el Ejecutivo podría de sobra invertir en el mantenimiento de carreteras tanto como es necesario y cubrir la falta de inversión de los años anteriores.
El problema reside en que nuestros impuestos no son finalistas. El estado no nos cobra un determinado impuesto para financiar un bien o servicio concreto. Al revés, nos cobra todos los impuestos que puede y de dónde sea, y luego utiliza cualquier excusa para subirlos o crear algún tributo nuevo. Después, los ingresos extraídos de dichos impuestos se destinan a lo que más convenga al gobierno de turno, con indiferencia de que se hayan cobrado “para mantener las carreteras” o “para construir hospitales”.
En el caso que nos ocupa, lo anterior se ve con total claridad. De la suma de los impuestos que se cobran a quienes utilizan las carreteras no se destina ni un 5% a su mantenimiento. De implantarse estos nuevos peajes, probablemente, su recaudación tampoco se destinará a mantener las autovías, sino que se diluirá entre las miles de partidas de gasto del Estado.
