Con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores anunciada por el presidente Donald Trump, sabemos que Venezuela tiene futuro. La operación militar de los Estados Unidos trasladó a Maduro fuera del país; la fiscal general Pamela Bondi confirmó que será juzgado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y corrupción. Esta noticia, que ya celebran venezolanos en las calles de muchas ciudades, marca el inicio de un proceso largamente esperado.
Quienes hemos seguido de cerca la realidad venezolana sabemos que esta captura no cae del cielo. En marzo de 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera su detención; la recompensa fue elevándose con el tiempo hasta llegar a 50 millones de dólares en agosto de 2025. Washington confirmó que Maduro es líder del Cartel de los Soles y de la banda criminal Tren de Aragua. Ya antes, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU corroboró que el gobierno venezolano perseguía a sus opositores políticos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y encarcelamiento de opositores; un patrón que la misión ratificó como crímenes de lesa humanidad.
Reportes de Human Rights Watch corroboran este panorama: el gobierno encarceló a opositores políticos (245 presos políticos en 2022) y los inhabilitó para postularse, mientras al menos 114 de ellos llevaban más de tres años en prisión preventiva. Denuncias de tortura, maltratos e incomunicación persistieron. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales, con más de 19.000 asesinatos entre 2016 y 2019 atribuidos a una supuesta «resistencia a la autoridad». Paralelamente, grupos narcotraficantes armados como el ELN y disidencias de las FARC operaron en estados fronterizos, imponiendo normas de terror y reclutando incluso a menores de edad, a menudo con complicidad de fuerzas de seguridad.
La emergencia humanitaria que provocó el chavismo ha obligado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir desde 2014. En julio de 2024, en unas elecciones plagadas de irregularidades, Maduro se proclamó vencedor pero nunca publicó las actas; datos divulgados por la oposición y observadores internacionales —incluido el Centro Carter— otorgaron la victoria al candidato opositor con dos tercios de los votos. El régimen respondió con más represión, confirmando que ya no quedaba legitimidad. Pero Edmundo González es el Presidente de Venezuela y Maria Corina Machado su vicepresidente.
La operación y la captura
A lo largo de 2025 los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, desplegaron en el Caribe casi un 20% de su flota de guerra y autorizó acciones contra organizaciones narcoterroristas. En la madrugada del 3 de enero de 2026 la Casa Blanca lanzó una operación militar coordinada contra objetivos estratégicos en Venezuela y capturó a Maduro y a su esposa. Donald Trump, en su red social Truth, anunció que ambos habían sido trasladados fuera del país y que enfrentarán a la justicia. La fiscal Pam Bondi detalló que los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y que el Departamento de Justicia ofrecía recompensas por su arresto.
Mientras el régimen narcoterrorista en Venezuela calificaba el ataque como una «gravísima agresión militar» y decretaba el estado de emergencia, muchos venezolanos celebraban. En la Puerta del Sol de Madrid se oían cantos y rezos de agradecimiento. Esa alegría se replica en comunidades venezolanas de todo el mundo: el fin de la impunidad ha llegado.
Un nuevo comienzo para Venezuela
La captura de Maduro no resuelve automáticamente los profundos problemas de Venezuela, pero abre una ventana histórica. Las instituciones chavistas que han servido para reprimir y corromper deberán ser desmontadas.
El desafío también es económico y humanitario. Venezuela debe recuperar su aparato productivo, desarticular las redes del narcotráfico y de grupos criminales como el Tren de Aragua, y restablecer la separación de poderes. Tal como lo mencionó Maria Corina Machado en Oslo cuando recibió el Nobel de Paz. La salida de Maduro y su círculo abre la puerta al reconocimiento de las elecciones del 2024 y al retorno de los millones de venezolanos que se vieron obligados a emigrar. El tiempo de los autócratas quedó atrás.
El presidente Donald Trump mostró determinación. Ya en su primer mandato presentó cargos contra Maduro y denunció su narcorregimen; años después, con la misma claridad moral, aprobó la operación que permitió su captura. La fiscal general Bondi agradeció públicamente su valentía y a las fuerzas armadas estadounidenses por la misión, y nosotros también lo hacemos. Frente a las críticas, recordemos que se ejecutó una orden de arresto pendiente y que se actuó para proteger al personal estadounidense.
Al celebrar este momento, también debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. La lucha contra el socialismo autoritario no termina con la caída de un tirano; requiere fortalecer la sociedad civil, promover el Estado de derecho y blindar las instituciones frente a futuros populismos. No se trata de venganza sino de justicia: que los responsables de crímenes de lesa humanidad respondan ante tribunales independientes, que se reparen a las víctimas y que nunca más un venezolano tenga que huir por hambre o persecución.
La captura de Maduro es el comienzo del fin de un narcorégimen que ha empobrecido y oprimido a toda una nación. Con la ayuda de aliados democráticos, Venezuela puede volver a ser una república libre. Demos gracias a todos quienes hicieron posible este paso, especialmente al presidente Trump por su liderazgo, y sigamos trabajando para que la luz de la libertad ilumine cada rincón de nuestro continente.
