Hay algo profundamente perturbador en la escena que se repite una y otra vez en este país: las víctimas obligadas a justificarse ante quienes nunca han pisado su calle.
En Montefrío, un pueblo de Granada, los vecinos sufrieron el ataque de un individuo armado con un hacha. Un hacha. No una discusión acalorada, no un empujón en una noche de copas. Un arma medieval blandida contra personas que simplemente vivían sus vidas cotidianas. Y sin embargo, lo que siguió al ataque no fue un debate sobre seguridad, sobre recursos policiales en zonas rurales o sobre los fallos del sistema. Lo que siguió fue la necesidad imperiosa de los propios agredidos de aclarar que ellos no son racistas.
¿En qué momento hemos llegado a este absurdo? ¿Cuándo se invirtieron los papeles hasta el punto de que quien recibe el hachazo debe disculparse ante quien observa desde su sofá a trescientos kilómetros de distancia?
Existe una clase de ciudadano que ha convertido la superioridad moral en deporte de salón. Desde urbanizaciones con vigilancia privada, desde pisos en barrios donde el metro cuadrado supera el salario medio de un trabajador, desde la comodidad de no compartir escalera con nadie que no haya pasado un filtro socioeconómico previo, estos árbitros de la convivencia dictan sentencia sobre cómo deben sentirse y comportarse los demás.
Sus hijos estudian en colegios donde la diversidad se limita a que algún compañero tenga pasaporte de otro país de la Unión Europea. Sus problemas de integración se reducen a decidir si el servicio doméstico interno debe tener habitación con baño propio. Y desde esa atalaya, se permiten el lujo de calificar de intolerantes a quienes simplemente describen lo que viven.
Es extraordinariamente sencillo defender la convivencia abstracta cuando no convives. Es muy cómodo hablar de integración cuando los problemas de integración ocurren en el barrio de otros, en el pueblo de otros, en la vida de otros.
Mientras tanto, quienes cargan con las consecuencias de políticas diseñadas en despachos y aplaudidas en tertulias son siempre los mismos: la gente corriente. Los que no pueden elegir colegio porque sólo hay uno. Los que no pueden mudarse porque el piso que tienen es el único que pudieron pagar. Los que comparten servicios públicos saturados, espacios comunes degradados y recursos cada vez más escasos.
Cuando algo sale mal —y a veces sale terriblemente mal—, estos ciudadanos se encuentran atrapados entre dos fuegos. Por un lado, el problema real que padecen. Por otro, la acusación preventiva de quienes asumen que cualquier queja esconde una motivación inconfesable.
El resultado es el silencio. Un silencio prudente, calculado, que evita problemas mayores. Un silencio que permite a los bienpensantes seguir creyendo que todo va bien, que los conflictos son exageraciones y que quien se queja lo hace por oscuras razones ideológicas.
Pero los hachazos no entienden de ideologías. Y las víctimas no deberían tener que pedir perdón por serlo.
