De un tiempo a esta parte, en La Iberia me lanzaron un cabo para subirme al barco que partía con el fin de dar la cara ante el atropello que ya unos pocos intuíamos a través del más hondo de los saberes: la contemplación. Bastaba con saber un poco de historia y comprender las dinámicas del poder para anticipar cómo éste siempre tiende a ser despótico e ilimitado, especialmente desde que el hombre es un dios para el hombre y, por este motivo, tiene el derecho y privilegio de someter a sus iguales como cualquier tirano.
Así, cuando nuestra travesía se abría paso por las aguas turbulentas de las acometidas globalistas y sus propósitos, como una voz en medio del desierto empezamos a alertar sobre esa agenda que en 2015 firmara Mariano Rajoy en París y que tanto progresistas como conservadores abrazarían. Antes de que ningún partido político alertase sobre los peligros inherentes al texto salido de Davos, comenzamos a alzar la voz llevando a cabo una labor constante hasta que el debate saltó al plano político.
La Agenda 2030 no deja de ser otra declaración de intenciones de la ONU y demás entes supranacionales que tratan al planeta entero como su tablero de juego. Esta dinámica del poder siempre gozó de la sanción cómplice de socialistas, liberalios y demás encantadores de serpientes. Sin embargo, la redefinición de las constituciones es uno de los puntos que el globalismo se ha marcado, mostrándolo sin el más mínimo pudor.
Si bien con Gabriel Boric llegó la primera intentona (como avisamos), vemos que en Perú y en España han tenido lugar una tentativa, de la mano de Pedro Castillo, y una consumación del cambio por parte de Sánchez. Respecto a este último, parece que pilla a todos por sorpresa, sin embargo su gobierno publicó la Estrategia de desarrollo sostenible 2030: un proyecto de país para hacer realidad la agenda 2030 donde ya dejaba entrever sus ambiciones respecto a las reformas que acometería:
«A partir de estos compromisos internacionales asumidos por nuestro país, las respuestas retos globales deben venir marcadas por cuatro grandes ejes de actuación:
[…] La apuesta por una economía equitativa y por una sociedad integrada e inclusiva, que revise los parámetros del crecimiento y bienestar, trabaje por la creación de un nuevo contrato social global e intergeneracional».
Con esto, no pretendo hacer otra cosa que señalar cómo los cambios por los que nos alarmamos hoy ya fueron avisados hace meses e incluso años. Por eso, no debe extrañarnos que se quieran llevar a cabo las reformas en las constituciones, que uno de los episodios a los que vamos a asistir es a la progresiva y paulatina redefinición de los contratos sociales, haciendo que éstos estén alineados entre sí y eleven a la categoría de derecho constitucional el aborto, como ya se ha hecho en Francia. El objetivo del proceso reformista del Gobierno de España no es perpetuarse en el poder, sino hacer que la norma rectora de nuestro ordenamiento jurídico sea un decálogo del wokismo.
Feijoo puede estar en desacuerdo con las formas, pero tanto a él como a las Cucas que le respaldan no les parecen tan mal el fondo ya que la preocupación del Partido Popular es por el gobierno, no por las ideas. Las feijoorerías no dejan de ser llorar por no gestionar en vez de dar batalla en el mundo de las ideas. Y puestos a decir, no olvidemos que durante la pandemia el líder popular quería imponer multas de 60.000 euros a aquellos que rechazasen vacunarse. ¿Acaso es tan importante el Estado de Derecho para el líder popular? ¿Acaso quiere una separación de poderes cuando hasta hace mes y medio negociaba con Sánchez el reparto de jueces? Lo menos que podemos señalar de la supuesta oposición de España es su hipocresía.
Ahora que salen los feijooreros y liberalios a lamentar la ausencia de contrapoderes en nuestro ordenamiento jurídico es cuando debemos recordar que fue en 1985 cuando se aprobó la ley que dejaba a los jueces en manos del poder legislativo. Desde entonces la separación de poderes es una quimera, un recurso retórico que sacar a relucir en los platós, puesto que ni Aznar en ocho años de gobierno ni Rajoy en siete optaron por salvaguardar la independencia judicial. De hecho, ¿quién nos garantiza que Feijoo, el más autoritario de los liberalios, reestablecerá el equilibrio de poderes si llega a La Moncloa?