El día 24 de mayo, Juan Carlos Campos, ministro de Justicia, lanzó la noticia que muchos esperábamos desde hace tiempo: habrá indulto a los golpistas catalanes. A decir verdad, Campos no lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. Dejó la puerta abierta a que eso ocurriese. Era una forma de ir allanando el terreno para que la noticia del indulto no nos pillase por sorpresa. Una especie de anestesia.
El martes 25, un día después del avance de Campos, el presidente del gobierno siguió allanando el terreno. En rueda de prensa llegó a decir que la “venganza y la revancha no son valores constitucionales”.
Efectivamente la revancha y la venganza no son valores constitucionales, pero la justicia sí. También son valores constitucionales el respeto y la igualdad ante la ley, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la nación española, todos ellos pisoteados por los golpistas catalanes en 2017.
Resulta verdaderamente inaudito que el presidente del gobierno de un Estado moderno y democrático afirme que las sentencias judiciales son revancha y venganza. Siguiendo ese criterio, tendríamos que eliminar todas las penas de nuestro ordenamiento jurídico. Y, por supuesto, excarcelar a todos los delincuentes, hayan cometido el delito que hayan cometido. Al escuchar esas declaraciones me surgió una pregunta: ¿estaba Sánchez acusando a los magistrados del Supremo de actuar con ánimos revanchistas?
Debería saber el presidente, y seguro que lo sabe, que en un Estado de derecho hay unas reglas de convivencia que todos, incluidos los políticos, tenemos que cumplir. Y quien lesiona ese marco de convivencia, debe ser penado. Es lo que nos diferencia de la selva.
De hecho, el artículo 9 de nuestra Carta Magna establece que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están subordinados a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Otro valor constitucional que olvidó mencionar Sánchez.
Un indulto injustificado
Mientras escuchaba la cascada de declaraciones de miembros del gobierno, lo primero que pensaba es que en este caso no era posible el indulto. Y no es posible porque no se da ninguna de las razones que recoge la jurisprudencia para su concesión. La más famosa de esas condiciones es probablemente el arrepentimiento del reo, que, aunque no es requisito indispensable, puede ayudar bastante a la hora de justificar dicha medida. En este caso no solo no ha habido arrepentimiento, sino que por el contrario los condenados han reiterado en numerosas ocasiones que lo intentarán de nuevo cuando las circunstancias lo permitan. Y lo han hecho, además, con una chulería pasmosa, muy propia de esa arrogante burguesía catalana que siempre ha mirado por encima del hombro al resto de los españoles.
Personalmente siempre he creído que había que replantearse la figura del indulto, que en nuestro país está regulada por una ley de 1870, aprobada en pleno sexenio democrático. A fin de cuentas, es, en última instancia, la negación de la separación poderes. El poder político anulando una decisión del poder judicial.
Pero en este caso es todavía más grave, porque, aunque es potestad exclusiva del Legislativo, deben darse una serie de condiciones para llevarlo a cabo y tiene que estar debidamente justificado. No puede ser un capricho.
Creo que no existe en todo el mundo un caso de indulto a un delincuente que no muestra el más mínimo arrepentimiento y que además insiste en que volverá a cometer el mismo delito. El indulto aplicado así sienta un precedente peligrosísimo.
Frente a lo que se ha dicho en algunos medios, el indulto es potestad exclusiva del Ejecutivo y no necesita autorización de ningún otro poder del Estado. Ahora bien, se suelen recabar una serie de informes de distintos órganos del Estado para que el gobierno central los tenga en cuenta a la hora de justificar el indulto.
Con la oposición del Tribunal Supremo
Sin duda, el informe más esperado era el del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. Y no pudo ser más claro: no hay motivos para el indulto, total o parcial, a ninguno de los condenados por el golpe de Estado en Cataluña. Pocas veces un informe del alto tribunal había sido tan contundente.
Los seis magistrados consideraron que no se dan ninguna de las tres razones que prevé la ley para conceder el indulto: justicia, equidad y utilidad pública. Además, el alto tribunal cree que el indulto sería una solución “inaceptable”.
El informe del Tribunal Supremo es tan claro y contundente, que cualquier persona que se considere demócrata y crea mínimamente en el Estado de derecho se abstendría de tomar una decisión que vaya en contra de lo que recoge dicho dictamen, es decir, de indultar. Pero estamos hablando de Sánchez, claro.
Con su actuación, el Supremo demostró una vez más que la Justicia es un dique de contención frente al proyecto totalitario del gobierno PSOE-Podemos. Una justicia independiente es un obstáculo para sus planes. Por eso plantearon una reforma del CGPJ que destrozaba la ya de por sí muy tocada separación de poderes. No quieren jueces independientes, quieren peones al servicio de su proyecto ideológico.
Más allá de los entresijos jurídicos y legales, el indulto a los presos separatistas es una puñalada a todos esos catalanes que se manifestaron en octubre de 2017 contra el golpe de Estado. Es una bofetada a esos españoles que vieron como intentaron arrebatarles su patria. Es dar la espalda una vez más a millones de personas que se han sentido abandonadas por el Estado a lo largo de 40 años. Y es, por encima de todo, una traición a toda la nación española.
Un presidente sin escrúpulos
Obviamente, a él todo eso le da igual. Estamos hablando de un señor que ha demostrado no tener ningún tipo de escrúpulos. Lo único que le importa es mantenerse en el poder, aunque para ello tenga que asestar un golpe mortal a la democracia española.
Está dispuesto a arrasar con todo lo que se le ponga por delante con tal de alargar la legislatura. Si para ello tiene que hacer caso omiso al informe del tribunal supremo, lo hace. Aunque eso suponga un desafío sin precedentes al poder judicial. Al fin y al cabo, es lo que lleva haciendo desde que llegó a Moncloa: generar tensión entre los distintos poderes del Estado. Y eso, en definitiva, es erosionar la democracia. ¿Se imaginan a un presidente de gobierno de una democracia europea indultando a unos delincuentes frente a un informe tan claro como el del Supremo? Resulta impensable.
Pero lo más preocupante de esta historia son los efectos que pueden tener los indultos en el largo plazo. Está claro que el principal efecto en el corto plazo será el agotamiento de la legislatura. Pero, mucho me temo, que la medida de gracia servirá para que en el largo plazo aumente el sentimiento de abandono que tiene parte de la sociedad catalana. Y, al mismo tiempo, aumentará la sensación de impunidad del separatismo catalán. Todo ello será el germen de un nuevo golpe de Estado. Sin duda, un cóctel explosivo que hará todavía más difícil la convivencia en Cataluña y traerá nefastas consecuencias para toda España.
De todas formas, Sánchez tiene que andar con cuidado porque se adentra en terreno pantanoso. Existe reciente jurisprudencia del TS que establece que, si no se dan los requisitos antes mencionados, el indulto constituiría una arbitrariedad y podría anularse. Claro que a lo mejor para Sánchez alargar su tiempo en el poder es razón de utilidad pública. Veremos hasta dónde llega la soberbia.
