Historia del magnicidio en España o cómo la izquierda mata a la derecha (II): la República

Un diputado tradicionalista, un exministro liberal demócrata y el jefe de la oposición monárquica fueron asesinados entre 1934 y 1936 y ningún crimen llegó a sentencia

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En la Restauración mataron anarquistas sin partido. En la Segunda República, quienes dispararon contra dirigentes de la derecha pertenecían a organizaciones con siglas, sedes y diputados, y en el caso mayor llegaron a la casa de la víctima en un vehículo oficial y con una credencial en la mano.

Los muertos de primera fila son tres en cinco años. Un diputado tradicionalista en 1934, un exministro liberal demócrata en la primavera de 1936 y, el 13 de julio de ese año, José Calvo Sotelo, jefe parlamentario de la oposición monárquica. Ninguno de los crímenes terminó en una condena. El régimen que había nacido en 1931 con la promesa de someter la política a la ley no logró juzgar a quienes mataron a sus adversarios.

Marcelino Oreja Elósegui: Mondragón, octubre de 1934

El 5 de octubre de 1934, primer día de la insurrección socialista contra la entrada de la CEDA en el Gobierno, un grupo de revolucionarios tomó Mondragón. Marcelino Oreja Elósegui, diputado tradicionalista por Vizcaya y directivo de la Unión Cerrajera, fue sacado de su casa y muerto a tiros. Con él cayó otro directivo de la empresa.

Oreja no mandaba en su partido ni había ocupado un ministerio. Su muerte importa por la fecha y por el autor. Era un diputado en ejercicio, y lo mataron en una acción organizada por el partido que había gobernado con Azaña hasta el año anterior. Su hijo, el futuro ministro Marcelino Oreja Aguirre, nació cuatro meses después.

Meses antes, el 9 de febrero, un militante de las Juventudes Socialistas había matado en Madrid al estudiante Matías Montero, cofundador del sindicato universitario falangista. No era un dirigente, pero Falange hizo de él su primer caído.

Alfredo Martínez, un crimen sin sentencia

Alfredo Martínez había sido ministro de Trabajo y era diputado del Partido Republicano Liberal Demócrata, la formación de Melquíades Álvarez. En marzo de 1936, semanas después de la victoria del Frente Popular, fue tiroteado en Oviedo y murió a consecuencia de las heridas.

Nadie fue condenado. La prensa y la historiografía conservadoras atribuyen el atentado a pistoleros de izquierda, y la atribución no ha pasado de ahí. El caso muestra el clima de aquella primavera, en la que Madrid vivía entre tiroteos, huelgas y entierros convertidos en batallas, y adelanta el patrón del crimen siguiente: una víctima con cargo, un autor sin nombre y un sumario sin final.

Calvo Sotelo: una detención con credencial

José Calvo Sotelo había sido ministro de Hacienda con Primo de Rivera. En 1936 era diputado de Renovación Española y jefe del Bloque Nacional, y ejercía de portavoz de la oposición monárquica en unas Cortes en las que la Falange no tenía escaños y su jefe llevaba preso desde marzo.

En la madrugada del 13 de julio una camioneta de la Guardia de Asalto se detuvo ante su domicilio de la calle de Velázquez. Mandaba el grupo Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil e instructor de las milicias socialistas. Lo acompañaban guardias de Asalto y militantes de La Motorizada, la escolta armada del sector de Indalecio Prieto. Condés enseñó su credencial y comunicó al diputado que quedaba detenido. Calvo Sotelo subió al vehículo. Pocas calles más allá, Luis Cuenca, pistolero socialista, le disparó dos tiros en la nuca. El cadáver fue abandonado en el depósito del cementerio del Este.

El móvil fue la represalia. Horas antes, pistoleros de derecha habían matado en la calle al teniente de Asalto José Castillo, instructor también de las milicias socialistas. Sus compañeros salieron del cuartel a vengarlo.

Lo acreditado y lo discutido

Dos hechos están fuera de discusión: el grupo salió de una dependencia de la Guardia de Asalto y el autor material era un militante socialista armado. Se discute hasta dónde llega la responsabilidad del Gobierno de Casares Quiroga, que no ordenó el crimen y tampoco castigó a los autores. Condés y Cuenca murieron en el frente en los primeros días de la guerra, y nadie más se sentó ante un tribunal.

También se discute el efecto. La conspiración militar estaba en marcha desde la primavera bajo la dirección del general Mola, y el propio Calvo Sotelo participaba en ella. Una parte de la historiografía sostiene que el asesinato fue el punto de no retorno. Las dos lecturas coinciden en un dato: el crimen resolvió las dudas de muchos oficiales que aún no se habían comprometido. La sublevación empezó cuatro días después.

La violencia de aquellos meses fue de ida y vuelta, y la muerte de Castillo lo recuerda. Pero la serie de dirigentes asesinados entre 1934 y julio de 1936 tiene un solo sentido, y su último episodio añadió un elemento que la Restauración no había conocido: la participación de agentes del Estado. A partir del 18 de julio ya no hizo falta credencial. El estudio de Octavio Ruiz-Manjón sobre los diputados de 1936 sitúa en Madrid, donde residían muchos de ellos, el escenario de la mayor violencia contra la representación parlamentaria.