«No importa quién vota, sino quién cuenta los votos». La frase, atribuida a Stalin, tiene seguramente más de crónica que de advertencia. Ser búmer no es una edad —hay que insistir—, sino un marco mental. Su rasgo definitorio, la fe ciega en las instituciones de la modernidad, procesos electorales incluidos.
En España, las dudas no son ilegítimas ni pueden despacharse como conspiraciones, aún menos con Pedro Sánchez acorralado. Quizá la clave de la extensión aparentemente inútil de la legislatura pase por la «ley de nietos», que infla de manera artificial el censo de residentes ausentes, y las victorias del PSOE en el voto exterior en las últimas elecciones autonómicas, mientras era derrotado en el resultado general de las cuatro. Un Gobierno que ha arrasado con los manidos contrapesos, colonizado instituciones y hecho de la opacidad la norma no transmite precisamente confianza. No existe ninguna razón para poner la mano en el fuego por las elecciones en España.
Los demócratas militantes, todavía creyentes en la política de partidos, exigen silencio a quien alza la voz para demandar que cada voto sea auténtico, llegue limpio, se cuente bien y pueda ser comprobado. Confirman, así, que la democracia no es un método, un sistema, sino un fin.
